12,636 Jorge Fernando Negrete P., Jorge Bravo, Senado y televisoras sincronizan intereses al posponer “apagón analógico”

Senado y televisoras sincronizan intereses al posponer “apagón analógico”

Jorge Fernando Negrete P.
Director General de Mediatelecom Policy & Law

Jorge Bravo
Director Editorial de Grupo Mediatelecom

Las tres principales fuerzas políticas en el Senado de la República se sincronizaron con al menos una televisora privada para posponer el “apagón analógico” un año más, cuando debiera ocurrir el 31 de diciembre de 2015, como señala la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aprobada por esos mismos partidos en 2013.

En los países desarrollados donde ya se ha producido el “encendido digital” la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) no ha estado exenta de dificultades. No existe en el mundo “apagón analógico” perfecto ni carente de tropiezos entendibles. El presidente Barack Obama pospuso en un par de ocasiones el “apagón analógico” en Estados Unidos porque hacía falta más tiempo para dotar de cupones y decodificadores a la población. De hecho, el presupuesto federal estadounidense para cumplir con la política pública tuvo que incrementarse.

Pero en ninguna parte del mundo los ajustes normales a la política de televisión digital han sido resultado de una instrucción expresa de las televisoras como ocurre en México, ni mucho menos el Poder Legislativo se ha sometido a ellas. Al contrario, los gobiernos han forzado a los radiodifusores a hacer las inversiones necesarias para la transición a la TDT y a los fabricantes de los equipos y componentes los ha obligado a modificar sus normas para que los televisores reciban las señales digitales y ya no vendan equipos obsoletos.

Los senadores en México no sólo están dispuestos a incumplir una vez más la Constitución en materia de política de comunicaciones (recordemos que fue el Congreso el que demoró más de seis meses en aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión), sino que incluso están dispuestos a modificarla para satisfacer la demanda de los radiodifusores privados y a algunas televisoras públicas que intencional o ingenuamente se sumaron a esta campaña para posponer el “apagón analógico”.

La nueva reforma constitucional requerirá el apoyo de ambas cámaras del Congreso y la aprobación de 51 por ciento de los congresos locales en los estados de la República para promulgarse y entrar en vigor. Seguramente, las televisoras privadas lograrán ese súbito y solícito consenso legislativo no sólo federal sino local, inalcanzable en muchos otros temas de mayor relevancia nacional.

A los senadores les surgió un repentino interés por la población que, según ellos, se verá afectada porque dejará de recibir las señales televisivas y dejará de ver contenidos de televisión, incluidos los de los medios públicos. Esta preocupación no fue tan comprometida, por ejemplo, para destinar partidas presupuestales especiales para dotar de los suficientes recursos presupuestales para que los medios públicos federales y locales transitaran sin dificultad a la televisión digital. El Congreso sigue obligado a dotar los recursos suficientes para el “apagón analógico” al 31 de diciembre de 2015.

Coordinados, tal y como lo mandata la Constitución, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han avanzado en la entrega de televisores digitales y en el “apagón analógico” en las principales ciudades del país que alcancen una cobertura de 90 por ciento de las señales digitales, conforme al calendario establecido. La labor de coordinación y logística (que también involucra a la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol) ha sido enorme. Y es que la política de TV digital en México es inédita: en ningún otro país el gobierno ha regalado televisores digitales a la población con menos recursos. Si bien existe un indudable componente político-electoral en esta entrega “gratuita” de televisores digitales, también contiene un componente de política social que debiera ser potenciado al máximo.

La SCT ha entregado 6.2 millones de televisores digitales a igual número de hogares de bajos recursos, de un total de 9.4 millones que tiene previsto entregar al 31 de diciembre de 2015. Según cifras oficiales, actualmente 503 señales se encuentran en operación digital, con una cobertura poblacional de 86.3 por ciento. El 76 por ciento de la población recibe al menos cuatro señales digitales. Además, la mayoría de las principales estaciones de TV ya están en operación y sólo faltan 33 estaciones permisionarias que deberán transitar a la TDT antes del 31 de diciembre de 2015.

Posponer el “apagón analógico” hasta que se cumpla la entrega total de los televisores digitales y se alcance una cobertura de 90 por ciento no es el problema. Pero el plazo no tiene que ser un año. Si los legisladores estuvieran realmente preocupados por la población que va a dejar de recibir las señales televisivas, no deben posponer sino exhortar a que se acelere el proceso, ampliando el plazo sólo a un trimestre, suficiente para concluir el proceso de entrega de equipos, declaratoria de cobertura y apagado de señales analógicas sólo en aquellas estaciones que estén en condiciones de hacerlo sin interrumpir el servicio público de radiodifusión.

Asimismo, durante este plazo, no hay necesidad de suspender todas las señales analógicas, por ejemplo las de los medios públicos y las estaciones complementarias, pues de lo que se trata es que el servicio público no se interrumpa pero sí se avance en la transición a la TDT. De ser consecuentes con el interés público, los senadores debieran exigir a la SCT, el IFT y la Sedesol un programa de trabajo que garantice la conclusión de las entregas y la terminación de las señales analógicas en el menor tiempo posible, así como el plazo específico para que la población que quedará sin equipos y sin señales (aproximadamente 5% de la población), la más pobre del país, pueda recibirlos lo más pronto posible.

El trasfondo de este consenso legislativo no es el beneficio de la población. Al posponer intencionalmente el “apagón analógico” por interés de las televisoras privadas, se afecta el proceso de competencia y la liberación de la banda de 700 MHz.

En el primer caso, hay que recordar que en 2016 debiera entrar en operación la señal digital de Cadena Tres, que ganó la licitación de 123 frecuencias de televisión para operar una nueva cadena nacional de televisión abierta en México. Al retrasar el “apagón analógico”, se comprometen los planes de expansión y cobertura de un nuevo competidor en el mercado. Esta circunstancia, claramente beneficia a las televisoras.

En cuanto a la banda de 700 MHz, no son un secreto los intentos por dinamitar el proyecto de la red pública compartida y retrasar, también, el acceso a Internet de la población. Hay que recordar que entre mayor es el acceso a la banda ancha, mayor es la disminución de los rating de televisión abierta. Conectados a Internet, los usuarios buscarán nuevas plataformas para consumir más contenidos audiovisuales. Entre menos penetración de banda ancha, más poder de las televisoras para imponer sus condiciones. Menos acceso a Internet es igual a menos posibilidades de que los usuarios ejerzan su derecho a la información y de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

No es, por lo tanto, una casualidad esta iniciativa de los senadores que, al sincronizarse con los intereses de los radiodifusores, se distancian aún más del interés general y de una auténtica política pública de inclusión digital universal en beneficio del país. Hay que acelerar, no retrasar, el “apagón analógico”. Hay que entender las adversidades del proceso de transición a la TDT y de cambio tecnológico fortaleciendo las instituciones y las políticas públicas. Hay que exigir planeación estratégica de la SCT y el IFT para conectar a los desconectados. Hay que exigir que los legisladores comiencen a mirar el futuro digital de México, que no es posponiéndolo sino asignando los recursos suficientes para que sea inmediato.

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