12,635 Ernesto Piedras, Métricas y Política para la Transición a la TDT

Métricas y Política para la Transición a la TDT

Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
@ernestopiedras

Se discuten hoy día diferentes métricas y metodologías que, en diferente magnitud, identifican un elevado número de habitantes de Monterrey (Nuevo León) afectados por el apagón de la señal de televisión analógica.

Estas mediciones estiman en un rango entre 10.5% y 14.3% de la población de esa localidad con la incapacidad para recibir las nuevas señales en formato digital.

Hablar de un número que oscila  entre 473 mil y 645 mil personas que dejaron de recibir el servicio televisión no es un tema menor. A nivel nacional, ese porcentaje resulta en una población en el rango de 12.7 y 17.3 millones de mexicanos, que derivado de una buena intención pero aplicada con una política pública ineficiente, al 31 de diciembre de este año los dejaría fuera de cobertura de televisión abierta.

El área metropolitana de la ciudad de Monterrey cuenta con una población aproximada a 4.2 millones de habitantes, cuenta un PIB per cápita ($28,290 USD al año en 2014) similar al de algunos países europeos, como es el caso de España, así como hábitos digitales muy avanzados en comparación con el promedio nacional.

En Monterrey el porcentaje de personas en situación de pobreza se encuentra muy por debajo del promedio nacional (20% y 46%, respectivamente), de acuerdo con el CONEVAL. Con estas condiciones socioeconómicas, es razonable considerar que llevar a cabo el apagón analógico en Monterrey fue relativamente sencillo. Pero, definitivamente no lo fue.

Un razonamiento similar, para el apagón en localidades y entidades que registran índices de pobreza muy superior al promedio nacional, como es el caso de Chiapas que alcanza una proporción de 76% de personas en condición de pobreza, equivale a casi 4 veces el mismo coeficiente en el área metropolitana de Monterrey. Ahí es previsible que el porcentaje de personas sin cobertura de las señales de televisión rondará entre 42-60% de la población.

Un ejercicio de extrapolación de estos principales indicadores y resultados de transición a las señales digitales de televisión, deriva en que la aspiración de política pública de minimizar la afectación poblacional a tan sólo el 10%, privándole de su principal medio de acceso a contenidos informativos, culturales y de entretenimiento, ascenderá más probablemente a un coeficiente de 20.5% de los mexicanos.

Estamos frente a una política pública que da evidencia de dejar sin cobertura televisiva a 24.8 millones de mexicanos, aproximadamente uno de cada cinco, y definitivamente aquellos social y económicamente más desfavorecidos, que por un reiterado cumplimiento al mandato constitucional de la migración a la TDT, se verán afectados en tres mandatos no menos importantes: el derecho al acceso a la información (Artículo 6º Constitucional), al acceso a la cultura (Artículo 4º Constitucional), afectando consecuentemente el ejercicio de la libertad de expresión (Artículo 7º Constitucional).

Con todo, esta no es en lo principal una preocupación tecnológica ni de negocio, sino de equidad y bienestar social integrales.

Es también un problema estructural que lastima a una elevada proporción de mexicanos y que difícilmente podrá resolverse en un plazo de 70 días a partir de hoy, que en un empeño se viene tratando de aplicar desde hace más de 6 años, infructuosamente a la luz de los hechos y los números.

Evidentemente más complicado aún, de acuerdo con el Informe de Avances en la Transición a la Televisión Digital del IFT, que reporta que tan sólo 8% de las señales analógicas han transitado a formato digital.

¿Somos acaso tan ingenuos, por decir lo menos, al creer que 92% de las estaciones de televisión analógica podrán transitar a la TDT en el plazo estipulado por la Constitución?

Es ahí donde una alternativa de 70 días más un año (o mayor aún) como plantean algunos legisladores, puede resultar plausible para atajar una situación que, al igual que la pobreza, consisten en problemas estructurales. Ello se vislumbra como una política pública más eficaz y equitativa, para minimizar el costo en el bienestar social de los mexicanos.

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