13,034 Ramiro Tovar Landa, Ajuste fiscal y financiamiento a la conectividad universal

 

 

Ramiro Tovar Landa
Consultor independiente en regulación y competencia económica

  • Los proyectos de conectividad no deben gravitar exclusivamente en el presupuesto fiscal
  • Librar a los concesionarios “no preponderantes” de toda obligación de contribución se traduce en un costo fiscal
Mientras ciertos operadores tratan de ignorar la evidente existencia de competencia “efectiva” en telecomunicaciones, lo que sí debería de ser evidente es la ausencia de una amplia gama de políticas públicas que contribuyan a que la conectividad universal logre que la inclusión digital sea un esfuerzo compartido y colaborativo de todos los competidores, y lo más inmune posible a los vaivenes del presupuesto fiscal.

La ausencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de un esquema colaborativo en un fondo institucionalizado para la conectividad universal muestra sus consecuencias cuando es necesario un ajuste al gasto público por razones de estabilidad macroeconómica.Hasta ahora existe sólo un programa en marcha para tal objetivo que es México Conectado, que ha instalado 101 mil 293 sitios públicos con acceso a Internet por medio de un mecanismo trasparente de licitaciones, en el cual concurren todos los concesionarios de telecomunicaciones.

Sin embargo, México Conectado está sujeto a la disponibilidad de recursos públicos para pagar la contraprestación a los operadores adjudicatarios de cada proyecto. Los recursos disponibles para la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como para la Subsecretaría de Comunicaciones y sus entidades relacionadas, han disminuido sustancialmente, incluidos los de la iniciativa de Ley de Egresos de la Federación para 2017, el penúltimo presupuesto de la actual administración.

El presupuesto de egresos autorizado desde 2015 a la fecha ha establecido los siguientes montos para el subsector de Comunicaciones dentro de la asignación a la Secretaría del Ramo:

Presupuesto federal destinado a telecomunicaciones (excluye IFT)
(millones de pesos)
2015 2016 D% 2017 D%
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento
2,421.4
1,814.8 -25.5 293.1 -83.8
Subsecretaría de Comunicaciones 7,915.2 3,646.9 -53.9 1,463.8 -60
Dirección de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión
2,809.8
85.2 -97 89.9 5.5
Telecomunicaciones de México 886 679.3 -23.3 359.3 -47.1
Total 14,032.6 6,226.2 -55.6 2,206.1 -64.6

Fuente: elaboración propia con datos de los Anexos “Distribución del gasto por unidad responsable y al nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto” 2015, 2016 y Proyecto 2017 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En las licitaciones realizadas por el proyecto México Conectado la unidad pagadora es la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ha acumulado una disminución en su presupuesto entre 2015 y el proyecto de egresos para 2017 de 88 por ciento, y el agregado de todas las unidades de gasto relacionadas con telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha disminuido 84.3 por ciento.

Esto es una clara evidencia de cómo los proyectos de conectividad e integración a la sociedad del conocimiento no deben de gravitar exclusivamente en el presupuesto fiscal dado que, ante la exigencia de estabilidad de las finanzas públicas, no es posible mantener un flujo de inversión pública hacia el objetivo dispuesto en la reforma de telecomunicaciones que establece en el artículo 6º de la Constitución: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

El nivel de cobertura de banda ancha genera una externalidad positiva al resto de las actividades de la sociedad; en educación y en servicios de salud el beneficio privado es menor que el social. La competencia genera un nivel de oferta de equilibrio que es producto de las decisiones de los agentes privados y, por lo tanto, será menor que el nivel de oferta social deseable.

Es por ello que se requiere de una acción o estímulo externo para que el beneficio privado converja hacia el nivel de beneficio social, y ello se logra mediante incentivos, que pueden ser en forma de obligaciones de cobertura, subsidios o el incentivo que genera disminuir la carga regulatoria y/o fiscal que uno o varios agentes económicos actualmente soporten.

Los efectos de tal diferencia entre el beneficio privado y social en telecomunicaciones han sido ampliamente documentados al identificarse la brecha de conectividad entre áreas rurales o remotas y las urbanas, o la existente entre la tenencia de dispositivos de telefonía móvil y la de teléfonos inteligentes, con los cuales se tiene la capacidad de acceder a los servicios de banda ancha. En ambos casos el nivel de cobertura o uso es menor al socialmente deseable.

En México, de acuerdo con el INEGI, 36 por ciento de la población adulta tiene equipo celular pero no un teléfono móvil inteligente y sólo 35 por ciento tiene un equipo móvil inteligente. Tales factores son causales de que aunque exista cobertura de banda ancha móvil, ésta no se traduzca en conectividad para los usuarios actuales y potenciales. De hecho, se reporta que sólo 6 por ciento de la población no tiene cobertura de banda ancha móvil y sólo 11.4 por ciento de las localidades con 20 viviendas o más no cuentan con ningún servicio de telecomunicaciones.

La regulación asimétrica impuesta al concesionario preponderante, como la tarifa cero en la interconexión por terminación en su red, ha ahorrado recursos a los concesionarios “no preponderantes”; de tal ahorro no se ha aportado ningún monto a un fondo de cobertura y/o inclusión universal, como lo es México Conectado, o bien cualesquiera otro que hubiera sido diseñado dentro de la reforma de telecomunicaciones.

Librar a los concesionarios “no preponderantes” de toda obligación de contribución ahora se traduce en un costo fiscal, dado que se dejan de financiar iniciativas de conectividad que bien pudieron estar siendo fondeadas en forma complementaria por sus aportaciones, minimizando su variabilidad en el tiempo ante la restricción presupuestal de las finanzas públicas. Ese elemento de asimetría ahora “congela” de hecho el único proyecto sistemático de conectividad.

Es necesario rescatar y enfatizar lo que significan las iniciativas anunciadas recientemente por el denominado agente económico “preponderante” sobre la puesta en marcha de un mecanismo de redistribución de teléfonos inteligentes de segunda mano, ofreciendo un valor por los equipos, que de otra forma sólo serían equipos ociosos o basura electrónica, siendo el destino de tales dispositivos planteles de educación pública.

Por el lado de los contenidos, se ofrece acceso a recursos en la plataforma Aprende.org con un tratamiento de rating cero, lo que significa que su acceso será gratuito a semejanza de otros sitios frecuentes y populares que se incluyen en los servicios móviles. Tales iniciativas demuestran que la innovación de los operadores puede converger con los objetivos que tradicionalmente se reservan a las políticas públicas.

En un entorno en donde el actual ambiente global ha disminuido sustancialmente el rendimiento de los activos en los mercados emergentes, como lo es México, la iniciativa de los particulares debe ser estimulada e incorporada a las políticas públicas.

Dada la depreciación del tipo de cambio, el alza de tasas de interés internacionales y un escenario de bajo crecimiento nacional e internacional, el rendimiento de los activos en México tiene un menor nivel en términos de dólares americanos que el que tenían o se pronosticaba hace 3 años, cuando se expidió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (43.6% de depreciación nominal) y de hace 2 años cuando se expidió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (41.2% de depreciación nominal).

La tasa de interés de referencia doméstica ha aumentado de un mínimo de 3 por ciento desde 2014 a 4.25 por ciento al finalizar junio y una expectativa de crecimiento no mayor a 2.4 por ciento. Lo anterior tiene indubitablemente un efecto sobre las decisiones de inversión e impone una mayor limitante presupuestal al Gobierno Federal.

Dados los factores macroeconómicos actuales, es imperativo que las iniciativas para aumentar la conectividad se desliguen de los ajustes en finanzas públicas, por los efectos que se derivan de las exigencias de austeridad que se imponen ante las circunstancias actuales. Asimismo, no tener focalizada la conectividad sólo en el proyecto de la Red Compartida, cuyo entorno financiero parece cada vez de mayor dificultad. Es necesario liberar las restricciones y desincentivos a las inversión de los particulares e incluirlas en las acciones de cierre de la brecha de acceso y conectividad, incluso considerando el financiamiento de organismos internacionales en proyectos específicos.

Los diagnósticos que señalan como factores de rezago en conectividad la escases relativa de contenidos locales, el monto y distribución de fondos públicos, la distribución de ingresos, los tratamiento fiscales diferenciados, si bien todos son factores relevantes, olvidan que lo crucial en la coyuntura macroeconómica actual latinoamericana es la liberación de la iniciativas de todos los operadores a favor de mayor inversión e innovación en el cierre de las brechas entre usuarios de diferentes niveles de ingreso y regiones.

Resulta paradójico que quienes antes coreaban la competencia con compartición de infraestructura a precios regulados ahora recomienden generar el estímulo necesario para incrementar el capital a ser invertido en el sector.

A 2 años de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debemos reconsiderar adoptar algunos de los mecanismos imperantes globalmente para cerrar la brecha entre áreas urbanas y aquellas rurales y remotas. Conforme a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de 42 países miembros, 33 por ciento tienen un fondo de servicio universal o esquema equivalente, 18 tienen tienen obligaciones de cobertura en su licencia de operación, 16 por ciento tienen un esquema de subsidio y 12 por ciento un esquema de asociación público-privada donde el operador es un privado con subsidio a su capital invertido.[1]

En la Unión Europea se está considerando relajar la normatividad que obliga la compartición de redes si existe disponibilidad a co-invertir con sus rivales en redes de banda ancha, para ser incluidos en su revisión normativa planeada para este mes de septiembre.[2]

Ante un entorno actual de evidente competencia “efectiva”, toca ahora enfatizar los mecanismos de inclusión y de incentivos regulatorios a los operadores disponibles para toda iniciativa de los particulares consistente con la consecución del objetivo de banda ancha universal.


[1] Johnson, M. Addressing the Urban/Rural ICT Divide. Junio 27, 2016.
[2] “Efficient investment projects which are based on open, good-faith and reasonable co-investment offers… address the concerns that access regulation normally seeks to resolve and allow a lighter regulatory approach to those who move first or together”, Guenther Oettinger, European Digital Commissioner.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

Subir ↑

A %d blogueros les gusta esto: