12,799 Ramiro Tovar, La libertad de elegir y el concepto de preponderancia

Ramiro Tovar Landa
Consultor independiente en regulación y competencia económica
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En fechas recientes, tanto concesionarios como algunos analistas del sector de las telecomunicaciones han tratado de evaluar el “éxito” o “fracaso” de la reforma en materia de telecomunicaciones reduciéndola a la simple evolución de la participación de mercado del concesionario denominado Agente Económico Preponderante (AEP). Sin duda, este es un ejercicio reduccionista de carácter rupestre, que olvida al usuario y acota el sentido de la reforma a una métrica simplista, unidimensional y circunscrita al crecimiento de los concesionarios no preponderantes vis a vis el del AEP.

La ausencia de conocimiento económico en tales opiniones no sólo causa estupor sino que revela cómo los intereses orientan sus esfuerzos para el apalancamiento de los operadores no preponderantes con las medidas regulatorias y no en una efectiva estrategia de éstos en el mercado, es decir, la búsqueda de ofrecer una mayor satisfacción de los usuarios, en un mercado donde es evidente que existe una intensa rivalidad, la cual se debe interpretar como efectiva de la actual competencia tanto en servicios de redes fijas como móviles.

Indican que del segundo trimestre de 2014 al cierre de 2015 la participación del AEP en telefonía móvil ha disminuido 2.2 puntos porcentuales al pasar de 69.3 a 68.4 por ciento. En líneas fijas, tuvo una disminución de 3.3 puntos porcentuales desde el momento en que fue declarado AEP, “a tal ritmo tardará 42 años en registrar una participación de mercado inferior a 50 por ciento”.

Al afirmar que es “preocupante” tal tendencia y que el ritmo es “lento”, ignoran los fundamentos económicos de la libertad de elección del consumidor y del espíritu fundamental de la reforma en telecomunicaciones. Recordemos que en la exposición de motivos enviada por el Ejecutivo Federal al Legislativo se decía: “que los beneficios planteados con la reforma comiencen a materializarse en el corto plazo, en beneficio de los usuarios”. En ningún momento se indicaba que tuviera como objetivo que ningún concesionario tuviera menos de 50 por ciento del mercado. Al respecto, sólo se indicaba que “[se]… impongan las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales”. Lo anterior, en general, es un objetivo preventivo aplicable a todo sector y a toda conducta de todo agente económico.

La reforma en telecomunicaciones tuvo como objeto que los usuarios tuvieran el más amplio espectro de alternativas en el mercado y que ejercieran su libertad de elegir al menor costo posible. Para que hubiera el mayor número de alternativas posibles la reforma impuso mecanismos asimétricos que apalancaran la entrada, expansión y permanencia de los concesionarios no considerados preponderantes, y al consumidor le abatió el costo de los servicios eliminando la larga distancia y el costo de cambiar de operador al facilitar la portabilidad numérica en forma casi instantánea entre operadores de servicios fijos o móviles de telecomunicaciones. Es importante resaltar que el índice de precios al consumidor en telefonía móvil ha disminuido 33.6 por ciento y el de telefonía fija 6 por ciento desde junio de 2013 a la fecha.

La libertad de elegir existe en el mercado de telecomunicaciones en México, es un hecho innegable, y se puede ejercer al menor costo respecto de otros mercados en el globo. Esa es la esencia de la competencia ante varios competidores, como existen en las telecomunicaciones, a diferencia de la televisión abierta.

Ante alternativas disponibles, y suponiendo que los competidores son al menos igualmente eficientes, la participación de mercado sólo depende de las decisiones de los usuarios. Es en la soberanía del consumidor donde las regulaciones asimétricas no pueden llegar. Nada puede obligar a que los usuarios ejerzan su derecho y elijan al concesionario que represente la mejor opción para cada uno de ellos, sea preponderante o no.

Conforme a las estadísticas de portabilidad numérica del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de julio de 2014 a enero de 2015 el conjunto de concesionarios que ahora controla AT&T ha tenido una pérdida neta de 2.3 millones de usuarios y Telefónica de 1.8 millones. Mientras tanto, Telmex-Telnor han tenido una donación neta de 222 mil usuarios que sólo representan 1 por ciento de su actual número de unidades generadoras de ingresos y una disminución entre 2014 y 2015 de 2.3 por ciento en tal métrica. Por su parte, Telcel ha tenido una recepción neta de 4.6 millones de clientes, equivalente a 6.2 por ciento de su actual nivel de unidades generadoras de ingresos.

¿Qué indican estas cifras? La respuesta objetiva y responsable es que, de existir una asimetría, ésta es la que perciben los usuarios entre los concesionarios alternativos en el mercado y actúan en consecuencia, permaneciendo o regresando al operador denominado como AEP, dado que este operador ha demostrado ser lo suficientemente diferenciado respecto del resto, tanto en precios como en características diferentes de esta variable, de tal manera que representa la mejor alternativa en el mercado a pesar de tener un trato regulatorio asimétrico desfavorable.

El hecho de que el resto de los concesionarios, a la fecha, no hayan sido capaces de atraer el suficiente número de usuarios para que el AEP haya disminuido en una mayor magnitud su participación en el mercado, sea fijo o móvil, no puede atribuirse a la reforma. Al contrario, los concesionarios no preponderantes son objeto de ventajas regulatorias como la gratuidad en la tarifa de terminación en la red del AEP y la disponibilidad de la compartición obligatoria de la infraestructura de este mismo concesionario, así como la añeja e injustificada prohibición de ofrecer servicios convergentes actualmente reservados al resto de los concesionarios de redes fijas.

Recordemos que los lugares y la forma donde se exponen ciertas interpretaciones de los hechos de mercado y sus argumentos no significa que tales instituciones académicas de prestigio convaliden lo que en ellas se expone. No es entendible que quienes se proclaman defensores de la competencia deploren el producto de la libre elección de los usuarios respecto al tamaño relativo de los concesionarios.

La regulación que estableció la reforma en telecomunicaciones es de naturaleza extrema en términos de tratamientos asimétricos, pero la soberanía de las decisiones y preferencias del consumidor nunca debe ser vulnerada. Al contario, como lo hace dicha legislación, debe procurase que se ejerza al menor costo y con la mayor libertad, si es que aspiramos a que prevalezca un entorno de competencia.

Es difícil comprender cómo se minimiza la importancia de la libertad de elegir del consumidor como determinante de la estructura de mercado y, en cambio, claman por una mayor regulación para seguir siendo objeto de apalancamiento y evitar la intensa lucha por la preferencia de los usuarios. Sin duda, es aplicable la frase “De Gustibus Non Est Disputandum” [“en cuestión de gustos o preferencias no se admiten disputas o reclamos”]. Dicha frase es una expresión al reconocimiento del derecho a elegir como un derecho humano y no sólo como el fundamento al mecanismo de mercado.

Von Mises expresó: “las pérdidas y las ganancias constituyen los resortes gracias a los cuales el imperio de los consumidores gobierna el mercado […]. La empresa con fin lucrativo háyase inexorablemente sometida a la soberanía de los consumidores[…].Nadie puede considerar su posición asegurada, ni existe en el mercado derecho preestablecido alguno. Todo el mundo está sometido a la ley del mercado, a la soberanía de los consumidores […]. El intervencionismo ha logrado en numerosos lugares enervar de tal modo la soberanía del mercado, que le conviene más al hombre de negocios buscar el amparo de quienes detentan el poder público que dedicarse exclusivamente a satisfacer las necesidades de los consumidores”.[1]

El consumidor es el soberano y todo proveedor invierte esfuerzo para no ser superado por sus competidores en servir mejor a los consumidores. No le corresponde al Estado o a la regulación elegir a los proveedores a los cuales deban de acudir los usuarios. Lareforma en telecomunicaciones tiene vigencia y respeta la soberanía del consumidor, aunque existan voces que la creen lenta e insuficiente. Que no busquen en la regulación lo que no pueden lograr en la medida ni con la velocidad que desean a pesar de estar en el lado cómodo de la misma.


[1]Von Misses, Ludwig. La acción humana. Trad. del inglés por Joaquín Reig Albiol. Unión Editorial, S.A.; Madrid, 1980.

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