Ceuta: el Waterloo de Pedro Sánchez
Octavio Islas
Ceuta y Melilla
Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Se asienta en la pequeña península del istmo de Almina, que se proyecta hacia el mar Mediterráneo.
Por vía terrestre, limita con Marruecos al oeste y al sur. Ceuta tiene una superficie de 19,87 km² y, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), contaba con 83.595 habitantes en 2025.
Ceuta forma parte de la Corona española desde 1580 y, desde entonces, ha mantenido una continuidad prácticamente ininterrumpida como territorio español. En 1995 fue aprobado su Estatuto de Autonomía, mediante el cual quedó formalmente constituida como ciudad autónoma.
Melilla es la otra ciudad autónoma española en el continente africano. Se localiza en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo, junto a la frontera norte con Marruecos. Tiene una superficie de 12,3 km² y, según el INE, contaba con 87.067 habitantes en 2025.
España y Marruecos mantienen un acuerdo bilateral para controlar la llegada de migrantes al territorio español. En este marco de cooperación, Marruecos debe limitar el acceso por las fronteras de Ceuta y Melilla.
Sin embargo, en los años recientes las tensiones entre España y Marruecos se han intensificado. El rey de Marruecos, Mohamed VI, parece dispuesto a incorporar Ceuta y Melilla a su reino.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son estratégicas no solo para España y para la Unión Europea (UE), ya que constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con el continente africano.
La invasión de 2021: el primer aviso
En diciembre de 2020, durante la primera administración de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Esa decisión alteró el equilibrio diplomático en torno a ese territorio y reforzó la posición marroquí en una cuestión central para sus intereses estratégicos.
En abril de 2021, Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), fue ingresado en un hospital en la ciudad de Logroño, capital de la comunidad autónoma de La Rioja, España bajo una identidad falsa: Mohamed Ben Battouche. Su traslado a España respondió a la necesidad de recibir tratamiento por un cuadro grave de COVID-19.
El Frente Polisario, respaldado por Argelia, es una organización política y militar que reclama desde hace décadas la independencia del Sáhara Occidental, territorio que Marruecos considera parte de su soberanía. Argelia es el principal rival político y militar de Mohamed VI, el monarca de Marruecos.
La presencia de Ghali en territorio español resultaba especialmente sensible porque tenía denuncias abiertas ante la Audiencia Nacional de España por presuntos delitos de torturas, violaciones y crímenes de lesa humanidad contra disidentes saharauis. Marruecos acusó a España de proteger a un criminal y de no detenerlo al llegar a suelo europeo.
La atención dada a Ghali fue interpretada como una traición y como una vulneración grave de sus intereses territoriales. El Gobierno marroquí advirtió que la decisión española tendría consecuencias.
En las primeras horas del domingo 16 de mayo de 2021 comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp y cadenas de Facebook que afirmaban que la frontera entre Marruecos y España estaba abierta. Según esas publicaciones, la guardia costera no estaba interviniendo y quienes llegaran a Ceuta podrían entrar libremente para desplazarse después hacia España y la Unión Europea.
En Castillejos (Fnideq), Tetuán y Tánger, numerosos grupos de jóvenes comenzaron a dirigirse hacia la costa con la expectativa de cruzar a Ceuta. El lunes 17 de mayo de 2021, alrededor de 8.000 personas ingresaron en la ciudad por los espigones de las playas de Benzú y El Tarajal; entre ellas se estimaron unos 1.500 menores de edad.
Durante la crisis migratoria, las redes sociodigitales funcionaron como un canal logístico e informativo en tiempo real. En historias de Instagram y videos breves de TikTok se compartieron datos útiles para quienes aún dudaban si internarse en Ceuta, como zonas con menor vigilancia aparente, profundidad del agua y detalles sobre el despliegue militar español.
Tras varias horas de enorme tensión, entre el miércoles 19 y el jueves 20 de mayo de 2021 la vía diplomática permitió intensificar las devoluciones acordadas entre los gobiernos de España y Marruecos. Al mismo tiempo, la gendarmería marroquí volvió a cerrar el paso fronterizo, lo que contribuyó a desactivar una crisis especialmente delicada entre ambos países.
El factor Pegasus
Es importante señalar que, entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, el programa malicioso Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, fue utilizado para extraer 2,57 gigabytes del teléfono del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El 31 de mayo se produjo una segunda extracción, esta vez de 130 megabytes. También fueron infectados dispositivos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En España, el Centro Criptológico Nacional (CCN) acreditó las intrusiones en los dispositivos, como, además reconoció la Audiencia Nacional. Sin embargo, el contenido que fue extraído no ha sido dado a conocer. La principal sospecha apuntó a la posible implicación de los servicios de inteligencia marroquíes.
Mientras miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal para internarse en Ceuta, dispositivos del Ejecutivo español y ministros clave en su gobierno eran objeto de una extracción masiva de datos sensibles.
El 14 de marzo de 2022, el presidente Pedro Sánchez introdujo un giro histórico e inesperado en la posición española sobre el Sáhara Occidental. En una carta dirigida al rey Mohamed VI, afirmó que el Gobierno español consideraba la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto.
¿Modificó Sánchez la posición de España en el conflicto en el Sahara porque Marruecos disponía de información comprometedora? No lo sabemos. Precisamente por ello resulta fundamental conocer qué información fue extraída de su teléfono.
La invasión de 2026: el segundo aviso
Entre el 30 y el 31 de julio, unas 72.000 personas cruzaron el perímetro fronterizo entre Marruecos y Ceuta, tanto por vía marítima como a través de los espigones.
A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente Pedro Sánchez decidió mantener sus vacaciones de verano en la Residencia Real de La Mareta, situada en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote, Canarias.
La movilización comenzó a gestarse a mediados de julio de 2026. Desde entonces, el flujo de migrantes que llegaban a las playas de Ceuta aumentó de forma sostenida, día tras día. Esta evolución fue advertida por los servicios de inteligencia del Gobierno de España: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió alertas e informes sobre la acumulación y preparación de migrantes en Marruecos, así como sobre el riesgo de una entrada masiva.
A través de aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp, y de videos breves difundidos en TikTok e Instagram, comenzaron a circular mensajes virales entre jóvenes y adolescentes de municipios marroquíes próximos a Ceuta, como Castillejos (Fnideq), Tetuán y Tánger. En las cadenas de mensajes procedentes de cuentas de reciente creación se aseguraba que la frontera permanecía «abierta» y que se permitiría la entrada libre y la posterior regularización inmediata a todos aquellos que lograsen pisar territorio español.
Sin embargo, la sorpresiva invasión de Ceuta no fue un fenómeno espontáneo: las redes sociodigitales sencillamente funcionaron como un canal de comunicación y coordinación en una operación cuidadosamente planeada por los servicios de inteligencia marroquíes.
La coordinación de esta maniobra involucró a grupos organizados que aprovecharon el malestar social y la vulnerabilidad de miles de personas en Marruecos. A través de células logísticas sobre el terreno, se distribuyeron mapas con los puntos ciegos de la valla fronteriza y se coordinaron las horas de aproximación masiva para desbordar la capacidad de respuesta táctica de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Ante el colapso inminente de la infraestructura de control, las autoridades locales de la ciudad autónoma decretaron el estado de emergencia para solicitar refuerzos inmediatos. Las calles, centros de acogida e instalaciones deportivas habilitadas a toda prisa se vieron desbordadas en cuestión de horas, saturando la capacidad asistencial y los servicios de emergencia de la zona.
La inacción inicial del Gobierno central desató una tormenta política en Madrid, donde la oposición exigió el retorno inmediato del presidente de sus vacaciones y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario.
El papel de los servicios de inteligencia del Gobierno de España durante la crisis ha detonado un amplio debate político y judicial. La oposición acusa al Ejecutivo de haber dispuesto de avisos previos de la inteligencia que fueron ignorados.
Aunque los análisis posteriores y los informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional señalaron una acción coordinada en la que agentes marroquíes habrían guiado o tolerado el flujo de migrantes, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las unidades de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado enfrentaron severas dificultades para anticipar la escala real del episodio.
El Ejecutivo descartó la declaración formal de emergencia nacional solicitada por la Asamblea de Ceuta, optando en su lugar por coordinar los recursos entre ministerios y enviar contingentes adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
A pesar de las imágenes y las evidencias, el presidente Pedro Sánchez ha evitado culpar a Marruecos de la invasión a Ceuta, y ha señalado a Israel y a Rusia como responsables.
La Fiscalía ha apreciado indicios de varios delitos graves en los sucesos de la frontera y la Audiencia Nacional ha asumido la investigación del caso, en la cual el propio Gobierno de Ceuta se ha personado como acusación particular.
Las pesquisas buscan determinar no solo la implicación de redes extranjeras o agentes marroquíes en la instigación de la invasión, sino también la posible filtración de datos de inteligencia sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad españolas antes del colapso fronterizo.
La Ciudad Autónoma de Ceuta se vio obligada a solicitar formalmente al Gobierno de España la declaración de emergencia nacional, tras alcanzar una situación de saturación absoluta en los centros de acogida de menores no acompañados, cuya ocupación llegó a superar en más de un 2.400% su capacidad ordinaria.
Se estima que permanecen en Ceuta entre 5.000 y 8.000 migrantes.
Un agitado tres de septiembre
El 3 de septiembre de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció finalmente ante el pleno del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la irrupción masiva registrada en Ceuta.
Durante su intervención, defendió la actuación de los servicios estatales y sostuvo que los informes disponibles no ofrecían pruebas suficientemente sólidas para anticipar ni la escala ni la probabilidad exacta del episodio. También evitó atribuir formalmente la crisis a Marruecos sin evidencias concluyentes, y vinculó el origen de la marea migratoria a dinámicas complejas y a la posible actuación de redes de tráfico humano.
Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y Santiago Abascal, líder de Vox, acusaron al Ejecutivo de ocultar o minimizar las advertencias previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los mandos policiales. Ambos calificaron la crisis como una “invasión” coordinada por Rabat y responsabilizaron a Sánchez de incompetencia, de ceder al “chantaje” exterior y de mantener una actitud de “sumisión” ante el Gobierno marroquí.
El relato oficial también fue severamente cuestionado entre los aliados progresistas y soberanistas que sostienen al Gobierno. Formaciones como Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos rechazaron la tesis de las “mafias aisladas” y describieron los acontecimientos como una operación de presión geopolítica o un “ataque híbrido” diseñado, o al menos permitido, por Marruecos.
Portavoces como Gabriel Rufián y Enrique Santiago criticaron el supuesto fracaso de la política de apaciguamiento con Rabat, reprocharon la tardanza de Moncloa en activar un mando único y denunciaron el drama humanitario provocado por las muertes registradas en la frontera.
Ante el aluvión de críticas y las denuncias por falta de transparencia, Sánchez prometió desclasificar y publicar íntegramente los expedientes elaborados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del Estado.
El miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con la festividad del Día de Ceuta, se celebraron movilizaciones en toda España para visibilizar el impacto de la crisis migratoria y expresar solidaridad con la ciudad autónoma. Las concentraciones fueron convocadas de forma simultánea a las 20:00 horas ante las casas consistoriales y reunieron a cientos de miles de personas en más de 260 municipios.
Las protestas alcanzaron una dimensión multitudinaria en varias capitales de provincia. En Madrid, la marcha central recorrió el eje entre la plaza de Cibeles, la Gran Vía y las inmediaciones del Congreso de los Diputados. La asistencia fue estimada en 50.000 personas por la Delegación del Gobierno y en 150.000 por el Ayuntamiento.
También hubo concentraciones muy numerosas en otras ciudades. Málaga y Valencia reunieron alrededor de 50.000 asistentes; Sevilla, cerca de 40.000; y Zaragoza, entre 23.000 y 25.000 personas en la plaza del Pilar. En Alicante participaron cerca de 18.000 personas, mientras que Coruña y Badalona reunieron unos 10.000 asistentes por plaza. A ellas se sumaron concentraciones significativas en Santiago de Compostela, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Albacete, Toledo, Cáceres, Cartagena y Córdoba, entre otras ciudades.
En Ceuta, la respuesta ciudadana fue especialmente intensa. Las marchas rodearon puntos neurálgicos como la playa del Tarajal, la plaza de los Reyes y las Murallas Reales, y reunieron entre 5.000 y más de 10.000 manifestantes en sus distintos tramos.
Entre pancartas, banderas y lemas como “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”, los asistentes reclamaron respuestas firmes ante la vulnerabilidad fronteriza de la ciudad autónoma.
La jornada tuvo un fuerte impacto político por la división que evidenció dentro de las instituciones. Aunque la dirección del PSOE pidió a la ciudadanía y a sus agrupaciones locales no participar, al considerar que las marchas podían alimentar la confrontación, decenas de alcaldes socialistas y cargos municipales desoyeron esa directriz y se sumaron a las concentraciones frente a sus consistorios.
Las protestas canalizaron tanto la solidaridad con Ceuta como el malestar por la gestión de la crisis. En el centro de las movilizaciones confluyeron las críticas al Gobierno central y las acusaciones contra Marruecos por su pasividad fronteriza.
Un Gobierno al límite
Pedro Sánchez sostiene su Gobierno con una mayoría cada vez más frágil. En ese contexto, la crisis de Ceuta aparece como un punto de inflexión político: todo indica que podría convertirse en su Waterloo.
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