¿Basta prohibir para proteger a los menores en las redes virtuales?
El debate en Brasil
Octavio Islas
El debate sobre el PL 94/26
Esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Brasil debatió el Proyecto de Ley 94/26, impulsado por la diputada Greyce Elias. Con esta iniciativa se busca atender una preocupación compartida por un gran número de familias en todo el mundo: la exposición de niños y adolescentes a las redes sociodigitales.
La propuesta plantea una medida contundente: prohibir el acceso de menores de 16 años a las plataformas sociales. Para asegurar su cumplimiento, se contemplan sanciones económicas para las empresas que infrinjan la norma, hasta 500 millones de reales -equivalentes aproximadamente a 97.3 millones de dólares-.
La intención es legítima: proteger a los menores
En el ecosistema digital, resulta difícil negar que muchos algoritmos están diseñados para captar y retener la atención de los usuarios, a menudo con efectos negativos en la salud mental de los más jóvenes.
Quienes defienden el proyecto de la diputada Elias sostienen que la restricción no debe entenderse como un acto de censura, sino como una medida de protección. La iniciativa de la referida legisladora reforzaría lo dispuesto en el Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia (ECA Digital).
En septiembre de 2025, la Presidencia de la República de Brasil promulgó la Ley N.º 15.211/2025, conocida como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital o Estatuto Digital del Niño y del Adolescente.
La norma busca garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes en el ecosistema digital. Para ello, se fundamenta en tres principios rectores: la prioridad absoluta, la prevención, y el interés superior del menor. Su alcance comprende cualquier producto, servicio o plataforma digital dirigido total o parcialmente a menores de 17 años.
Sus principales ejes de acción son:
- verificación robusta de la edad del usuario;
- prevención de la exposición a contenidos inapropiados;
- herramientas de supervisión parental;
- medidas para combatir la explotación infantil en línea.
- Para que estas garantías puedan aplicarse de manera efectiva, la verificación de la edad ocupa un lugar central para activar las salvaguardas previstas por la ley.
Para que estas garantías puedan aplicarse de manera efectiva, la verificación de la edad ocupa un lugar central para activar las salvaguardas previstas por la ley.
Las objeciones a una prohibición total
El Consejo Digital —que agrupa a empresas como Google, Meta, TikTok, Amazon, Discord y Uber— advirtió sobre un posible efecto rebote.
La directora de Relaciones Institucionales, Roberta Jacarandá, señaló que prohibir por decreto no elimina el deseo ni la necesidad social de los adolescentes de estar conectados. Por el contrario, una medida radical podría empujar a muchos menores hacia formas menos visibles y más difíciles de supervisar.
Entre los riesgos se encuentran:
- la creación masiva de perfiles falsos;
- el uso de cuentas compartidas con adultos;
- la utilización de VPN y otras herramientas para ocultar la identidad;
- la pérdida de eficacia de los actuales controles parentales.
Así, una ley diseñada para proteger a niños y adolescentes podría terminar desplazando a los menores hacia las zonas más opacas en internet, donde la supervisión familiar e institucional sería aún más limitada.
Jacarandá citó el caso de Australia, país que ha impulsado experimentos regulatorios similares. Su experiencia muestra que verificar la edad real de los usuarios sin vulnerar la privacidad de toda la población sigue siendo un problema técnico y jurídico complejo.
La pregunta central es difícil de resolver: ¿cómo puede una plataforma saber si quien está detrás de la pantalla tiene 15 o 17 años sin imponer mecanismos invasivos? Las alternativas más evidentes —como escaneos biométricos, reconocimiento facial o carga de documentos de identidad en servidores privados— abren un nuevo frente de preocupación.
Verificar la edad real de un usuario en internet de manera infalible sigue siendo un desafío técnico que, hoy por hoy, choca de frente con el derecho a la privacidad de los propios adultos, quienes tendrían que entregar datos biométricos o documentos oficiales para demostrar que no son menores.
Además, en el intento de proteger a un menor de edad dentro de una plataforma regulada, la ley podría terminar empujándolo a navegar usando herramientas de anonimato que lo exponen a peligros aún mayores en las profundidades de internet, donde el control parental es completamente inútil.
¿Significa esto que los gobiernos deben cruzarse de brazos y dejar que los algoritmos sigan gobernando la psicología de las próximas generaciones?
En absoluto. Sin embargo, la solución difícilmente derivará de la utopía de la prohibición absoluta. La tecnología ya no es una herramienta que se pueda encender o apagar; es el núcleo en el cual desarrolla la vida social, educativa y cultural de los jóvenes del siglo XXI.
Prohibir o educar: el verdadero centro del debate
El debate no es si los menores deben ser protegidos; sobre eso parece existir un amplio consenso. La verdadera discusión está en el cómo. Una prohibición tajante hasta los 16 años supone que la madurez digital aparece de forma automática al cumplir esa edad. Bajo esa lógica, un adolescente pasaría de la desconexión total a enfrentar, de un día para otro, sistemas algorítmicos altamente persuasivos y diseñados para maximizar su atención.
Frente a ese enfoque, parece más razonable avanzar hacia un modelo de autonomía progresiva y alfabetización digital obligatoria. En lugar de levantar muros difíciles de vigilar, la legislación podría exigir a las empresas tecnológicas que rediseñen sus plataformas con criterios de seguridad desde el origen.
Algunas medidas posibles serían:
- eliminar los feeds infinitos para usuarios menores de edad -un feed es un flujo de contenido por el que se puede desplazar. El contenido aparece en bloques parecidos que se repiten uno después del otro-.
- restringir el uso de datos para publicidad personalizada a adolescentes;
- implementar mecanismos de verificación de edad respetuosos de la privacidad;
- fortalecer la educación digital en escuelas, familias e instituciones públicas.
La oportunidad para legislar con responsabilidad
La iniciativa de la Cámara de Diputados de Brasil tiene un mérito importante: obliga a las grandes plataformas tecnológicas a asumir responsabilidades reales y plantea sanciones capaces de incidir en sus decisiones corporativas.
No obstante, la mejor ley no será necesariamente la que excluya a los jóvenes del mundo digital, sino la que obligue a ese mundo digital a ser más seguro, transparente y habitable para ellos.
El Congreso brasileño tiene la oportunidad de legislar no desde el miedo a la tecnología, sino desde la responsabilidad de educar para usarla de manera crítica, gradual y protegida.
El debate en Brasil demuestra que el camino debe ser el de la corresponsabilidad y la regulación inteligente, no el del candado punitivo. Las multas millonarias son un excelente incentivo para que las empresas de tecnología inviertan, de una vez por todas, en entornos más seguros, en algoritmos transparentes y en sistemas de moderación de contenido verdaderamente eficaces, en lugar de lavarse las manos. Pero el marco legal debe ir acompañado de alfabetización digital y, sobre todo, del fortalecimiento del rol de las familias, que no pueden delegar en el Estado la educación de sus hijos.
El análisis del debate en Brasil en torno al Proyecto de Ley 94/26 y el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente ofrece un espejo invaluable para el gobierno de México en su intención de regular las redes sociales.
La experiencia brasileña demuestra que, si bien la urgencia de proteger a los menores de los algoritmos persuasivos es legítima y compartida, la vía de la prohibición absoluta —como vetar el acceso a menores de 16 años— resulta contraproducente.
México puede aprender que la legislación más efectiva no es la que excluye a los jóvenes del entorno virtual, sino la que obliga a las corporaciones tecnológicas a diseñar plataformas intrínsecamente seguras y habitables.
Las multas millonarias contempladas en Brasil sirven como un precedente útil para México, demostrando ser un mecanismo de presión real para que las empresas inviertan en algoritmos transparentes y moderación eficaz, en lugar de evadir su responsabilidad.
La experiencia brasileña sugiere que la regulación mexicana debería enfocarse en la seguridad desde el origen -restricción de feeds infinitos y de publicidad personalizada para menores- combinada con una alfabetización digital obligatoria.
En definitiva, el caso de Brasil advierte a México que una regulación exitosa debe construirse desde la responsabilidad educativa y no desde el miedo tecnológico. Para el gobierno mexicano, el desafío regulatorio no debe resolverse con soluciones políticas rápidas que generen ciudadanos digitales clandestinos, sino con un marco inteligente que integre al Estado, fortalezca el rol de las familias y exija una rendición de cuentas auténtica a las grandes plataformas digitales
Blog de Octavio Islas 