La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó una prórroga para el registro de líneas celulares en México. El nuevo plazo se aplicará de manera escalonada y dependerá del último dígito de cada número telefónico, conforme al calendario publicado por el órgano regulador.
Por ejemplo, las líneas terminadas en 0 deberán registrarse a más tardar el 15 de agosto de 2026, mientras que las terminadas en 9 tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2026.
La CRT informó que, hasta el momento, ya se encuentran vinculadas 63 millones de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a líneas de prepago y 22.8 millones a líneas de pospago.
Las líneas de pospago no requieren un nuevo trámite, ya que desde su contratación están asociadas a una persona identificada.
Una vez vencido el plazo correspondiente a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán en un máximo de 72 horas el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas.
Durante la suspensión, esas líneas solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y a su propia compañía telefónica, además de recibir alertas sísmicas.
Cuando el usuario complete la vinculación, la compañía deberá restablecer todos los servicios: llamadas, mensajes y datos móviles.
El regulador destacó que el proceso no lo realiza el gobierno, sino las compañías telefónicas. Estas únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario con su número celular, y deben eliminar cualquier otro dato o imagen utilizado durante la vinculación.
Respecto a las líneas que sean utilizadas para cometer delitos, las autoridades competentes podrán solicitar información a las compañías telefónicas conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Antecedentes
México atraviesa un proceso regulatorio de gran alcance: la obligación de vincular todas las líneas de telefonía móvil con una identidad oficial verificable, principalmente mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La iniciativa, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca construir un ecosistema de conectividad plenamente identificado. Su propósito es fortalecer la seguridad pública y reducir el uso de líneas anónimas en actividades ilícitas.
Sin embargo, la medida ha abierto un conflicto entre los objetivos de seguridad pública del gobierno y las condiciones técnicas, comerciales y sociales del país.
Como ocurre con las políticas que afectan infraestructura crítica, su implementación exige algo más que una intención legítima: requiere capacidad operativa, coordinación institucional y sensibilidad frente a las distintas realidades de los usuarios.
Para entender la magnitud del problema, es necesario desmenuzar una medida que afecta a más de 140 millones de líneas activas en el territorio nacional.
Las Ventajas: El argumento de la seguridad nacional
Durante décadas, el anonimato de las tarjetas SIM de prepago —compradas con facilidad en tiendas de conveniencia— ha ofrecido a los delincuentes una herramienta eficaz para operar y desaparecer sin dejar rastros útiles.
Desde penales o calles, los números se desechan con rapidez después de cada delito, lo que deja a las fiscalías con una pista digital frágil y, muchas veces, insuficiente para avanzar en una investigación.
Mediante el registro obligatorio, el gobierno pretende combatir la delincuencia organizada, la extorsión telefónica y el secuestro.
Bajo este panorama, las ventajas del registro obligatorio se estructuran a partir de los siguientes criterios: identificación e imputabilidad, desintencivar delitos, ordenamiento del mercado.
Identificación e imputabilidad
Al asociar cada línea telefónica con una CURP válida, se traza un puente directo entre el mundo digital y la identidad civil. Si un número es utilizado para extorsionar, la autoridad judicial cuenta con una base de datos legal para rastrear al titular de la SIM.
Desincentivar el delito
Conocer que el número celular está directamente vinculado a un nombre y apellido reduce el margen de maniobra de los criminales de baja monta, quienes ya no podrán adquirir «fichas anónimas» para operar en la impunidad.
Ordenamiento del mercado
Para la industria, depurar millones de líneas que se encuentran inactivas, congeladas o que fueron creadas de manera temporal permite consolidar métricas reales de conectividad y participación de mercado, obligando a una competencia basada en usuarios reales y no en «chips fantasma».
Las Desventajas: Brecha digital, burocracia y vulnerabilidad
Cuando la teoría legal se enfrenta con la geografía y la economía, el panorama se vuelve más complejo. La principal desventaja del registro no radica en su propósito, sino en la dificultad que representa su ejecución técnica y el riesgo de terminar excluyendo a quienes más dependen del teléfono móvil como herramienta básica de comunicación.
Exclusión social
En México, más del 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil no cuenta con un plan tarifario ni con un contrato de pospago, donde los datos suelen estar previamente validados. Millones de personas recargan saldo semana a semana en comunidades rurales, zonas indígenas o sectores urbanos marginados. Un registro digital complejo —o la obligación de acudir a un centro de atención cuando el sistema en línea falla— puede convertirse en una barrera de acceso.
Riesgo de ciberseguridad
Aunque la versión de 2026 no exige datos biométricos —a diferencia del PANAUT, declarado inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte—, la creación de bases de datos masivas vinculadas a números telefónicos sigue representando un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.
La experiencia del antiguo Renaut —filtrado y vendido en el mercado negro— muestra que una base de datos vulnerada no reduce la extorsión. Por el contrario, puede entregar a los criminales información sensible sobre posibles víctimas y aumentar los riesgos para los propios usuarios.
Elevados costos operativos para las empresas
El registro también implica una carga significativa para los operadores. Las compañías de telecomunicaciones tuvieron que absorber costos millonarios en infraestructura tecnológica, sistemas de autenticación y personal especializado para procesar un volumen inédito de usuarios. Telcel, por ejemplo, enfrentaba el reto teórico de registrar cerca de medio millón de líneas por día para cumplir con la meta institucional.
La objeción de Carlos Slim: Operatividad versus burocracia
Durante su encuentro anual con representantes de los medios informativos, en mayo de 2026, el magnate de las telecomunicaciones no cuestionó el fin último de la seguridad, sino la desconexión de las autoridades con la realidad operativa de la industria y de los clientes.
Slim centró su objeción en dos argumentos medulares: la extrema complejidad del proceso y la insuficiencia del tiempo otorgado.
“Bueno, lo del registro es algo muy complicado... Demasiado corto el tiempo. Entonces está lento para todos... Deberían de darle una restudiadita ahí a ver qué es lo que hace que sea más eficaz para conveniencia del cliente y de la autoridad”.
— Carlos Slim Helú, mayo de 2026.
Conclusión: El equilibrio necesario
El registro de líneas telefónicas en México coloca a las políticas públicas ante una tensión central: cómo fortalecer la seguridad colectiva sin afectar de manera desproporcionada las libertades, capacidades y condiciones reales de los ciudadanos.
Veremos si el nuevo calendario estimula una positiva reacción de los usuarios. El nuevo calendario será una prueba decisiva. Su éxito dependerá de que la prórroga no solo amplíe los plazos, sino que también facilite el registro, reduzca obstáculos técnicos y genere confianza entre los usuarios.
Blog de Octavio Islas 