13,778 Octavio Islas, Internet y redes sociales en Venezuela, El Universal, Tech Bit, columna Proyecto Internet, 25 de enero 2019

El 23 de enero parece un día destinado a grandes pronunciamientos en la historia reciente de Venezuela.

El 23 de enero de 1958, después de dos días de huelga general, un movimiento cívico-militar consiguió derrocar al dictador Marcos Pérez Jiménez. El miércoles 23 de enero, en un agitado entorno, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juró asumir las competencias del poder ejecutivo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se apresuró a reconocer a Guaidó como presidente legítimo de la Republica Bolivariana de Venezuela.

En respuesta, Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y exigió al personal de la embajada de Estados Unidos abandonar el país en menos de 72 horas.

Los efectos del intenso día pudieron advertirse en Internet. NetBlocks Group, una organización no gubernamental que cuenta con un observatorio de Internet, identificó interrupciones en la red que particularmente afectaron YouTube, Google Search, Facebook e Instagram (https://netblocks.org/reports/major-internet-disruptions-in-venezuela-amid-protests-4JBQ2kyo).

NetBlocks sostiene que “Las restricciones se observan en el proveedor de telecomunicaciones estatal CANTV desde la mañana del miércoles, en base a un nuevo conjunto de 20.000 mediciones de red en un ciclo de 24 horas, luego de incidentes similares que afectaron a los servicios en línea el 21 de enero”.

El gobierno de Nicolás Maduro dispone de un largo historial de bloqueos a redes sociales, sitios web y servicios en línea.

La organización Freedom House, en su reporte sobre la libertad en la red 2018 –Freedom on the Net 2018, disponible en https://freedomhouse.org/report-types/freedom-net– identifica a la República Bolivariana de Venezuela como una de las naciones donde no hay libertad en Internet.

Entre las iniciativas que el gobierno de Nicolás Maduro ha concebido para limitar la libertad de expresión en Internet, destaca la Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana, que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) pretende aprobar en el mes en curso.

Además, debemos tener presente que Venezuela es el país con la peor conexión a Internet en América Latina, según el Speedtest Global Index, que ubicó a esa nación en la posición 128 entre 230 países evaluados.

El antecedente de la Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana es Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, vigente desde el 7 de diciembre de 2005, concebida por el gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Farías para ejercer un férreo control de los medios informativos convencionales.

El martes 22 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre la Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana, y señaló que “el Gobierno chavista apela a la doctrina de soberanía nacional (…) para coartar las libertades de expresión y de prensa” con nuevas iniciativas legislativas.

Esta iniciativa de Maduro impondría a a los propietarios y operadores de infraestructura privada o pública la obligación de permitir el “acceso a sus infraestructuras y suministro obligatorio de información por razones de defensa y seguridad” sin necesidad de acciones judiciales de por medio. De facto ello ocurrió el miércoles 23 de enero.

De acuerdo con la SIP, el gobierno de Nicolás Maduro está “afinando el bloqueo y filtrado de internet coartando el derecho de acceso del público a los portales de noticias”.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, atinadamente destacó que “Cualquier política pública que se adopte para el entorno digital debe garantizar que internet sea “abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos”.

Todo parece indicar que el 23 enero de 2019 podría establecer un parteaguas en la historia de los años recientes en Venezuela.

 

 

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