13,747 Parametría, El capital político de los contrapesos

El capital político de los contrapesos
En teoría política los pesos y contrapesos para el buen funcionamiento de gobiernos en democracia es un tema clásico. Teóricos como Locke y Montesquieu, entre otros, identificaron la necesidad de no concentrar el poder en una sola figura y concibieron el reparto de funciones como algo necesario. La división tradicional de poderes otorga facultades al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial con el objetivo de mantener un equilibrio y control entre estos.

A pesar de que la legislación sobre la división de poderes en nuestro país data de 1917, no podemos olvidar que México funcionó por mucho tiempo con un sistema presidencialista que concentró las decisiones y el poder político en la figura del Ejecutivo. Con la apertura del sistema político al final de la década de los años 70 aparecieron nuevos partidos. El surgimiento de líderes de oposición y movimientos sociales logró el reparto de poder entre diferentes fuerzas. Desde 1997, el Ejecutivo dejó de contar con mayoría en el Congreso.

El control del Congreso por partidos distintos al Ejecutivo y los frenos que ha impuesto el Poder Judicial al considerar que hay excesos por parte de los otros poderes es algo que observamos con normalidad. Por ello resulta pertinente realizar una evaluación de las autoridades que representan a cada uno de estos Poderes de la Unión. Gracias a las series históricas realizadas por Parametría desde hace más de 10 años, es posible ver los cambios en el tiempo.

La encuesta, realizada cara a cara en vivienda por Parametría a finales de noviembre pasado, indica que el recién electo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con una aprobación inusualmente alta. Siete de cada diez entrevistados dijo aprobar “poco” o “mucho” el trabajo realizado (69 por ciento).

En contraste, los ministros de la Suprema Corte, así como diputados federales y senadores cuentan con mayores porcentajes de desaprobación que de aprobación. En el caso de los ministros de la SCJN cuentan con una aprobación de apenas 28 por ciento y su desaprobación llega a 45 por ciento. Le siguen los diputados con apenas 17 por ciento de aprobación y 62 por ciento de desaprobación. Finalmente, el peor registro lo tienen los senadores, que cuentan con 15 por ciento de aprobación y 60 por ciento de desaprobación.

La aprobación de los ministros de la Corte ha tenido gran variación en los últimos diez años. En las últimas mediciones de noviembre, tres de cada diez encuestados dijeron aprobar su labor mientras que cinco de cada diez la desaprueba. Existen algunos acontecimientos que han coincidido con los picos en la desaprobación, sobre todo relacionados con temas de ampliación de derechos. Por ejemplo, la despenalización del aborto en 2008 en el entonces Distrito Federal o bien el amparo a matrimonios igualitarios que sucedió en 2015. De manera similar se observa un crecimiento en la desaprobación cuando se decidió la liberación de la francesa Florence Cassez acusada de secuestro. Se puede decir que los ciudadanos no coinciden en general con los criterios garantistas de la SCJN. En los últimos dos registros se observa nuevamente una caída. Es probable que esta baja esté asociada al tema de los salarios de los magistrados y su autonomía. Sin embargo, tenemos que esperar a tener más mediciones para saber si este descenso fue algo coyuntural o la tendencia se mantiene.

De acuerdo con datos del Latinobarómetro de 2017, existe un mayor porcentaje de personas que están de “acuerdo” o “muy de acuerdo” con que los jueces y fiscales se elijan por votación popular tanto en México como en los países de la región. En promedio, 69 por ciento de los ciudadanos en América Latina preferirían elegir de manera directa a jueces y fiscales. México es muy similar al promedio con un registro de 70 por ciento. Como país, solo Bolivia en 2011 implementó ese método para elegir a jueces de los más altos tribunales del país.

Respecto al Poder Legislativo, tanto los diputados federales como los senadores tienen una alta desaprobación al trabajo que realizan. La última medición de noviembre indica que los diputados tienen una desaprobación de 62 por ciento y los senadores de 60 por ciento, mientras que su aprobación no es mayor a 17 por ciento. La baja calificación que se da a diputados y senadores no es algo propio de México. La población en la mayoría de los países, aun en democracias consolidadas presenta el mismo fenómeno. Es probable que se perciba distanciamiento entre representantes y representados.

En general existe desconocimiento sobre las atribuciones que tiene el Congreso, el trabajo que realizan, quiénes conforman esta institución y su papel como contrapeso político. Legislar finalmente es una tarea abstracta. La mayor parte de que los diputados son conocidos por su labor de gestión y lo que hace su oficina, pero poco por su récord de votación, por el número y calidad de iniciativas que presenten o por el posicionamiento de agenda.

Después de la revisión de estos números y evaluar al capital político de cada uno de los poderes de la Unión no es difícil adivinar a quien dará la razón la opinión pública ante una controversia entre poderes. Más allá de evaluar los argumentos sobre la pertinencia de reducir los salarios en cualquier entidad gubernamental es probable que la ciudadanía ya tenga a un ganador del reciente diferendo entre el Presidente y los Ministros. Con un diferencial de 41 puntos de aprobación del presidente López Obrador (69%) sobre los miembros de la SCJN (28%) parece evidente quién es el ganador del debate.

Artículo publicado en Milenio el 21 de diciembre de 2018

Disponible en: https://goo.gl/u3BYF5

 

Nota Metodológica:

Parametría. Encuesta en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 24 al 29 de noviembre de 2018. Nivel de confianza estadística: 95 %. Margen de error: (+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés.

Latinobarómetro. Estudio 2017. [Última consulta: 18 de diciembre de 2018] Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

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