13,043 Octavio Islas, El Universal, Tech Bit, El Instituto Federal de Telecomunicaciones, 16 de septiembre 2016

El pasado 10 de septiembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió tres años de existencia.

La semana en la que precisamente se conmemora el tercer aniversario del IFE se ha distinguido por algunas turbulencias mediáticas.

El lunes 12, Irene Levy, presidenta de Observatel y destacada catedrática en la Universidad Iberoamericana, en las páginas de EL UNIVERSAL realizó un agudo cuestionamiento al contenido del IV Informe de gobierno 2015-2016 en materia de telecomunicaciones [http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/irene-levy/cartera/2016/09/12/4to-informe-convierte-al-ift-en-dependencia].

Levy –reconocida experta en el tema- destacó algunos de los graves errores en los cuales incurrieron los redactores del referido documento, quienes exhibieron un penoso desconocimiento de la autonomía constitucional del IFT: “… constaté que en ningún párrafo se refiere al IFT como órgano autónomo. Total que al final de mi indigesta lectura pensé que si yo preguntara a mis alumnos de derecho de las telecomunicaciones de la Universidad Iberoamericana cuál es la naturaleza jurídica del IFT y me contestaran que es una dependencia del gobierno federal, estarían completamente reprobados, como reprobado está el 4to Informe de Gobierno”.

Ese mismo día, Javier Tejado Dondé publicó en las páginas de EL UNIVERSAL el texto “Escondiendo la información de la mayor licitación de espectro en México” [http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/javier-tejado-donde/cartera/2016/09/13/escondiendo-la-informacion-de-la] en la cual cuestionó que el viernes 9, el IFT no hubiese revelado en el boletín 100/2016 los nombres de los interesados en participar en la licitación pública de la Red Compartida: “La historia de la Red Compartida era ya una d polémica. Se mandaron a hacer estudios sin licitación, pagando 100 millones de pesos del extinto regulador de telecomunicaciones –la Cofetel- a una consultoría privada. Estudios que solo sirvieron para meter al tema al “Pacto por México”. Luego se les reservó una cantidad enorme de espectro (90MHz) y se les bajaron los derechos un 90% a los interesados. Han puesto una serie de reglas para que el ganador tenga mucho tiempo en desarrollar la infraestructura y ésta ya ni siquiera debe cubrir en su totalidad las zonas marginadas del país”

El martes 13, Aleida Calleja, destacada experta en telecomunicaciones, publicó un interesante artículo en La Silla Rota sobre los tres años de existencia del IFT [http://lasillarota.com/tres-anos-con-el-ift/Aleida-Calleja#.V9nq9pPhBp9], concluyendo: El IFT cumple tres años de vida con un desempeño de claroscuros, pero es de celebrarse que exista, lo importante en adelante es fortalecerlo…”.

El miércoles 14, en las páginas de EL UNIVERSAL, Edgar Yemán García Turincio, coordinador general de Comunicación Social del IFT, finalmente dio respuesta a Tejado Dondé, fundador y consejero del IDET y director de información de Televisa: “El IFT no está escondiendo la información, está cumpliendo con su obligación de no divulgar aquélla que tiene el carácter de reservada conforme a la ley. En el presente caso, con fundamento en el artículo 119, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública” [http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2016/09/14/aclaracion-ift-niega-opacidad-en-licitacion].

Es posible afirmar que la creación del IFT –un órgano con autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio- efectivamente pudo haber definido un parteaguas en la historia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Desafortunadamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la cual admite ser considerada como “regresiva”, limitó de facto las atribuciones del IFT.

El IFT ha tomado sana distancia de Televisa. Las críticas vertidas por Tejado Dondé son clara expresión del malestar al interior del consorcio. Quizá como los redactores del IV Informe de Gobierno, parecen confundidos al suponer al IFT como una dependencia del gobierno federal. Por ende también resultan reprobados –por lo menos desengañados-.