12,611 Ramiro Tovar, La “lógica” orwelliana del IFT: el caso de la TV restringida

La “lógica” orwelliana del IFT: el caso de la TV restringida

Ramiro Tovar Landa
Consultor independiente en regulación y competencia económica
  • El IFT optó por flexibilizar al extremo la definición geográfica que había fundamentado en los dictámenes preliminares
  • Se omitió desde un principio que los sistemas de cable son monopolios locales en triple play
  • Forzaron un método de medición de los mercados relevantes para derivar en una interpretación que favorece al agente económico investigado sin tomar en cuenta al usuario final

Pasó tiempo, mucho tiempo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprendiera y aplicara varios conceptos económicos que, de haber sido adoptados antes, hubiera evitado los errores cometidos en varios elementos de la reforma en materia de telecomunicaciones. Cabe recordar que dicha reforma tuvo como principios, a nivel dogmático, que la concentración “elevada” implicaba necesariamente ausencia de competencia y que la sola magnitud del tamaño de operador, y no la existencia de rivales y su crecimiento, era el indicador infalible del nivel o la intensidad de competencia que existía en el mercado.

Pasó el tiempo y el IFT aprendió que la concentración en un mercado no es el factor determinante para afirmar que un agente económico pueda ejercer poder sustancial y que incluso puede existir intensa competencia aún en un escenario de elevado nivel de concentración. De igual forma, reconoció que la conducta de los competidores, revelada por su capacidad de reaccionar ante rivales, incluso imperando tamaños en extremo asimétricos, implica un escenario propio de competencia en un mercado que evoluciona.

Este aprendizaje lo ha aplicado, con particular esmero, en el caso de las investigaciones que inició por virtud del transitorio noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual establece que el IFT deberá investigar las concentraciones a las que se refiere el mismo artículo transitorio, y que sólo se identifican a las realizadas por Grupo Televisa. En caso de que el IFT encontrara evidencia de poder sustancial en el mercado de redes de telecomunicaciones que presten servicios de voz, datos o video en radio y televisión, podría imponer las medidas necesarias para proteger y fomentar en dicho mercado la libre competencia y concurrencia.

El IFT inició diversas investigaciones en virtud de tal artículo transitorio, de las cuales los respectivos dictámenes preliminares tuvieron como común denominador concluir la existencia de poder sustancial por parte de Grupo Televisa en TV restringida en múltiples localidades del país.

En todos y cada uno de los dictámenes preliminares se definió en forma analítica y lógicamente correcta que el mercado relevante del servicio de televisión y audio restringidos, a través de cualquier tecnología de transmisión, tiene una dimensión geográfica local, que se definió a nivel municipal para todo el país excepto para el Distrito Federal, que fue a nivel de su área metropolitana.

De los datos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) respecto de cada dictamen preliminar, se puede tener la siguiente información del sentido de las investigaciones del IFT:

Del boletín de prensa 82/2015 emitido por el IFT, se puede inferir que se optó por flexibilizar, al extremo, la definición geográfica que había fundamentado en los dictámenes preliminares difundidos desde marzo y hasta septiembre pasados. Sustituyó el ámbito local que había sostenido por un ámbito nacional, para que pareciera que los usuarios de TV restringida en cada una de las localidades del país tienen un espectro de elección uniforme que incluye un sistema de cable de Grupo Televisa, así como un sistema de Megacable, además de las plataformas de Axtel y Total Play, aunado a la oferta satelital de Dish. Tal espectro de competidores no existe en ninguna localidad del país. En el Distrito Federal es donde mayor opciones se tiene dado que incluye a todos los anteriores excepto un sistema rival de cable operado por Megacable.

Es decir, que al considerar lo establecido en el artículo 58 fracción I de la Ley Federal de Competencia Económica que dice: “Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución”, la respuesta que la mayoría de los comisionados del IFT fue que todo usuario, independientemente de su ubicación, puede sustituir el servicio de TV restringida que ofrece una red de cable de Televisa, no sólo por la oferta de un operador satelital alternativo como Dish, sino también por el servicio de una red de cable operada por Megacable o la oferta de las plataformas de Axtel y Total Play, lo cual es actualmente falso.

Lo anterior no sólo fue erróneo. Constituye una perversión de la aplicación de los criterios económicos e internacionalmente reconocidos sobre la definición del alcance geográfico de lo que constituye un mercado relevante. Es muy grave cómo el razonamiento que parte de una premisa errónea conduce a conclusiones absurdas.

Una vez que el IFT optó por una interpretación de alcance nacional del mercado relevante aplicó los conceptos que ha aprendido respecto de la irrelevancia de la concentración cuando hay presencia activa de rivales. En la versión pública del acuerdo del Pleno en el caso de referencia carece que un razonamiento económico, diferente al ofrecido por el ente investigado, que tenga como conclusión el porqué la definición de mercado local no es la idónea y, por lo tanto, el ámbito nacional es el adecuado para medir niveles de contracción.

Lo anterior es un ejemplo prístino de cómo la maleabilidad de criterio puede dar como resultado conclusiones ad-hoc. Forzaron un método de medición de los mercados relevantes para derivar en una interpretación que favorece al agente económico investigado (Televisa y sus filiales en televisión restringida) sin tomar en cuenta al usuario final, es decir, a los propios consumidores de la televisión de paga en México.

Se omitió desde un principio que los sistemas de cable son monopolios locales en triple play, dada la exclusividad de la que gozan ante la imposibilidad de que otra red fija basada en DSL pueda ofrecer video. Tal diferenciación del servicio por parte de los sistemas de cable, aunado a su posición de exclusividad geográfica, hacen posible fijar precios.

Rey y Tirole (2006) demuestran conceptualmente que es posible que los operadores de redes de cable ofrezcan paquetes que incluyan el servicio que se oferta en competencia, como sería el de telefonía e Internet, donde ambos compiten con la red local telefónica que sólo puede ofrecer doble play, con el servicio en el cual tienen dominio (en este caso el de TV restringida), y de esta forma ejercer su poder de mercado incluso en los servicios que se ofrecen en competencia.

Recientemente, un documento de investigación de la OECD mostró que los servicios tripleplay en México son los de mayor precio de todos los países miembros, como se muestra en la gráfica.

En tal investigación se consideran operadores de cada país; en el caso de México se tomaron en cuenta las ofertas de Axtel y Megacable,[1] operadores que según el criterio del IFT compiten con los sistemas de cable de Televisa en todo el país, circunstancia totalmente falsa, excepto en el D.F. donde el sistema metropolitano de Televisa compite sólo con Axtel y con Dish en la plataforma satelital.

Al final de todo este uso deformado de los criterios económicos que deben constituir el análisis debido para determinar poder sustancial, es necesario recordar que la obligación de que el IFT tuviera que investigar la existencia de poder sustancial en TV restringida fue una salida política al tratamiento de excepción al escrutinio de concentraciones que en el artículo noveno transitorio de la ley secundaria se le concedió a las adquisiciones que realizó y realizaría Televisa.

El efecto neto de la decisión por mayoría del Pleno fue mantener la redacción del noveno transitorio omitiendo los párrafos penúltimo y último, de tal forma que en los hechos las adquisiciones que este agente económico ha realizado se mantengan en su estado de excepción semper et in saecula (“por siempre y para siempre”).

Lo anterior hace recordar una frase de 1984 de George Orwell: “Saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica.”


[1] OECD (2015), “Triple and Quadruple Play Bundles of Communication Services”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 23, OECD Publishing, Paris.

 

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