12,211 Jorge Negrete, La doble pérdida en larga distancia

Jorge Fernando Negrete P.
Director General de Mediatelecom Policy & Law
A muchos legisladores les gusta asumir la paternidad de las leyes que aprueban, pero muy pocos se responsabilizan del producto que engendran. Así ocurre con la reforma constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahora se descalifica cada decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero olvidan que se creó un organismo constitucional autónomo, responsable de regular y tomar decisiones técnicas –no políticas– sobre el sector. El IFT no sólo debe ser autónomo de los agentes regulados (las empresas), sino del gobierno en turno y de los legisladores en funciones, cuyos intereses no son impolutos.El nuevo tema de discusión es la eliminación de la larga distancia nacional y la consulta pública que convocó el IFT para definir las disposiciones para no realizar dichos cargos a los usuarios. La frase “larga distancia” sólo se menciona en dos ocasiones en la legislación secundaria: en el artículo 118 fracción V que dice que los operadores de redes fijas y móviles deberán abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino nacional; y en el artículo vigésimo quinto transitorio, que ordena que lo dispuesto en el mencionado 118 V entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

La eliminación de la larga distancia nacional no sólo es una medida populista sino contraproducente para la industria. En un principio, pareciera que la eliminación de cargos de larga distancia beneficia a los usuarios, pero no hace falta ser empresario ni tener mucha experiencia en el sector para saber que dicha pérdida deberá ser compensada con otros servicios. Mientras en otros países el proceso de eliminación de larga distancia lleva un proceso que permite a los operadores preparar y desarrollar servicios que compensen la pérdida de ingresos, en México la decisión fue prácticamente inmediata. En la Unión Europa todavía se discute la eliminación de la itinerancia, pero al mismo tiempo se prepara la regulación para un mercado único y las inversiones.

Es cierto que la medida afectará los ingresos de Telmex por concepto de larga distancia, pero devastará las finanzas de operadores mucho más pequeños. Veamos un par de casos: Axtel y Alestra.

En promedio, del total de ingresos de Axtel de enero a septiembre de 2014, los de larga distancia representaron 9.53 por ciento. Según los ingresos totales obtenidos en 2013 (10,286 millones de pesos), 11.08 por ciento corresponden a larga distancia (1,140 millones de pesos). Es decir, la legislación secundaria ocasionará que a partir de 2015 Axtel deje de obtener ingresos por más de mil 100 millones de pesos, sin ningún plan de contingencia previo.

Ingresos y porcentaje por larga distancia de Axtel en 2013
Millones de pesos

El caso de Alestra es aún más alarmante. En promedio, del total de ingresos de Alestra de enero a septiembre de 2014, los de larga distancia representaron 15.46 por ciento de sus ganancias. Al año dejará de percibir ingresos por 817 millones de pesos.
Ingresos y porcentaje por larga distancia de Alestra en 2013
Millones de pesos

La eliminación de la larga distancia fue asumida por los legisladores como uno de los mayores beneficios de la ley, y no pocos repitieron exactamente el mismo guion que escucharon en la televisión abierta. Los noticiarios le dieron inusual cobertura al tema y hasta produjeron lo que saben hacer a la perfección: historias emotivas de usuarios que gastan más en llamar por teléfono que en trasladarse a otra Área de Servicio Local para comunicarse con sus seres queridos.

¿Realmente existe un beneficio de 19 mil millones de pesos, como se repite con insistencia? ¿Cómo se puede ponderar de mejor manera ese dato? Veamos con más detenimiento las cifras. El segundo trimestre de 2014 concluyó con 19.5 millones de líneas fijas y 103.9 millones de accesos móviles; en total, 123.4 millones de conexiones de telefonía fija y móvil a junio de 2014.

Aquí viene lo importante: si todos los suscriptores hablaran por lo menos una vez al año por larga distancia, cada cliente se ahorraría la exorbitante cifra de 153.97 pesos al año. El beneficio para el consumidor en lo individual no parece ser tan grandilocuente como exclamaron sus promotores desde la tribuna legislativa y los espacios de opinión.

19,000,000,000 de pesos ÷ 123,400,000 conexiones = 153.97 pesos de ahorro por usuario al año
Toda una ley que debiera ser convergente y fomentar la inversión para que se traduzca en mejores servicios y economías de escala por un plato de lentejas denominado “larga distancia”. Al parecer, los legisladores y los analistas no se tomaron el tiempo de hacer cuentas y ponderar con mesura las campañas a favor de esa medida populista y, sobre todo, sus efectos para una industria que presta servicios.Cuando entró la competencia en larga distancia en 1996, se le consideraba un servicio de valor agregado y entraron al mercado empresas autorizadas para prestar exclusivamente el servicio de larga distancia. Es decir, de un plumazo la legislación secundaria decidió que esas empresas ya no pueden obtener ingresos por el objeto por el cual fue otorgado su título de concesión.

A diferencia del IFT (con aciertos y errores), hay que recordar que el Poder Legislativo no sólo carece de atribuciones sino sobre todo de conocimientos y capacidad para regular el sector. No obstante, la reforma al sector lo hizo y decidió con absoluta soberbia que no deben existir cargos de larga distancia, como tampoco tarifas de interconexión para el preponderante e incluso secuestró el uso de la banda de 700 MHz. ¿Quién invade las atribuciones de quién? Las decisiones técnicas sólo competen al regulador. Si las asume el Legislativo, lo más seguro es que resulten erróneas, como actualmente está ocurriendo.

¿Por qué es importante la consulta pública convocada por el IFT? 1) porque es una de sus atribuciones legales y está obligado a ello (artículo 15 fracción XL de la LFTR); 2) porque se rige bajo los principios de transparencia y participación ciudadana (artículo 51 de la LFRT); 3) porque tiene la atribución de interpretar la ley en el ámbito de su competencia (artículo 15 fracciones XXII y LVII); 4) porque es un ejercicio democrático básico para escuchar a la industria, los operadores y la ciudadanía; 5) porque resolver los aspectos técnicos y regulatorios es facultad exclusiva del IFT y 6) porque ante la incertidumbre conviene precisar las reglas, lineamientos y disposiciones administrativas de carácter general.

Sobre este último punto, si bien los operadores no deberán cobrar cargos de larga distancia a los usuarios y deberán considerar todas las llamadas en el territorio nacional como locales a partir del 1 de enero de 2015, lo anterior no significa que iniciar y/o terminar llamadas en una red no genere costos para los operadores y que dichos costos no deban pagarse entre los operadores, según las tarifas que ellos mismos acuerden o, en caso de desacuerdo, las que defina el IFT. Y es que la tarifa cero de interconexión sólo opera para el agente económico preponderante, pero no para el resto de los operadores de redes de telecomunicaciones, que precisamente obtienen ingresos de ese servicio.

Las redes requieren mantenimiento, existen cargos de interconexión entre operadores, así como de tránsito de llamadas (no es lo mismo interconectar que transportar), así como costos por el uso de la infraestructura. Es decir, prestar el servicio de larga distancia nacional cuesta a los operadores aunque no se cobre directamente a los clientes.

Al parecer todos estos aspectos técnicos y regulatorios no fueron considerados por los legisladores, pero sí buscan ser retomados por el IFT a través de la consulta pública, en cumplimiento de sus atribuciones. Como organismo constitucional autónomo, debemos confiar en su deliberación técnica y en las resoluciones que emita.

“Ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir”, decía Confucio. Del Anteproyecto de acuerdo del IFT para establecer las disposiciones que deberán cumplir los concesionarios para abstenerse de cobrar la larga distancia, no sólo hay que contabilizar la pérdida de ingresos por ese servicio que dejará de cobrarse, sino además añadir el costo de tránsito de dichas llamadas que de todas maneras se realizarán… Perder-perder.

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