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Del espionaje al replantamiento de la gobernanza de Internet
Octavio Islas

“La vigilancia no es solamente un asunto de democracia y gobierno, sino también de geopolítica. La vigilancia de una población completa por un poder extranjero amenaza naturalmente la soberanía”. Julian Assange.

De acuerdo con algunas filtraciones realizadas por Edward Snowden, ex contratista de la CIA, las cuales fueron dadas a conocer la semana pasada por la publicación alemana Der Spiegel, en mayo de 2010 el gobierno de Estados Unidos espió los mensajes de correo electrónico de Felipe Calderón, entonces presidente de México, a través de la operación Flat Liquid, autorizada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

Otra operación de espionaje a México, autorizada por la NSA, fue la llamada Whitetamale, en 2009, la cual permitió a la referida agencia obtener acceso a los cuentas de correo electrónico de algunos de los principales funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Genaro García Luna -a quien Josefina Vázquez Mota señaló por cometer presuntas prácticas de espionaje durante su trágica campaña presidencial-.

En ese año electoral además fueron intervenidas llamadas realizadas a través del teléfono celular de Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial en campaña. La operación además se extendió a los teléfonos de nueve de sus más principales colaboradores. El monitoreo realizado por la NSA comprendió 85 mil 489 mensajes de texto y audio.

Según el diario Excélsior, el gobierno del presidente Felipe Calderón suscribió con el gobierno de Estados Unidos el contrato S-INLEC-06-R-4042, en el marco del apoyo que México recibiría por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico, en el contexto de la Iniciativa Mérida.

El contrato para el programa de espionaje, denominado Mexico Technical Surveillance System (SINLEC12Q0006), fue objeto de una actualización el 27 de abril de 2012, donde se daba a conocer que el número de “estaciones de escucha” se había intensificado en el país, al pasar de 30 a 107, para ampliar los rangos de intercepción de llamadas telefónicas en el territorio mexicano.

Poco después la televisora brasileña TV Globo dio a conocer información relativa al espionaje practicado por el gobierno de Estados Unidos sobre México. El presidente Enrique Peña Nieto entonces solicitó una investigación al respecto a Barack Obama, presidente de Estados Unidos.

El jueves 26 de octubre, Excélsior dio a conocer el nombre del presunto responsable de la pobre seguridad informática de la Presidencia de la República durante el gobierno del presidente Felipe Calderón: Jorge Árciga Anzo, quien se desempeñó como director general de Tecnologías de la Información de la Presidencia de México durante el periodo en el que, de acuerdo con el semanario alemán Der Spiegel, fue hackeado el correo electrónico de Calderón.

Independientemente de las habilidades de Árciga en materia de seguridad informática, debemos tener presente que las prácticas de espionaje realizadas por el gobierno de Estados Unidos a través de Internet, fueron oportunamente denunciadas por Julian Assange y Wikileaks, y confirmadas por las filtraciones realizadas por Edward Snowden, quien el mes de junio del año en curso dio a conocer la existencia del plan de vigilancia y monitoreo conocido como PRISM –programa secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)-.

Se equivocan quienes pretenden convertir a Árciga en chivo expiatorio del espionaje realizado al ex presidente Felipe Calderón y a México. En perspectiva, el verdadero problema radica en el poco escrupuloso programa de espionaje realizado por el gobierno de Estados Unidos a través de Internet, el cual podría convertir al medio de comunicación inteligente en facilitador del más peligroso totalitarismo, convirtiendo a Internet en una de las principales amenazas para la humanidad misma, tal como atinadamente denuncia Assange.

Por tal motivo, durante la primera semana de octubre, en Montevideo, Uruguay, los directores de las principales organizaciones reguladoras de Internet -ICANN, Internet Engineering Task Force, Internet Architecture Board, World Wide Web Consortium (W3C), Internet Society, así como otras organizaciones y registros regionales-, dieron los primeros pasos para romper la hegemonía del gobierno de Estados Unidos en la gobernanza de Internet, a través de la “Declaración de Montevideo sobre el futuro de la cooperación en Internet”. Resulta indispensable replantear la gobernanza de Internet. De ello depende el destino del medio que estableció un parteaguas definitivo en la comunicación humana.[1]

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