El día de hoy 10 de junio de 2013 se anunció la publicación en el
Diario Oficial de la Federación del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Enhorabuena. Se trata de un paso fundamental hacia un nuevo régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones en el país. Aun cuando pudiéramos encontrar insuficiencias importantes o sesgos notables, como una sobrerregulación hacia los operadores y servicios de telefonía e Internet y la ausencia de ella en radiodifusión, resultaba prioritario un ajuste en la visión del sector desde la rectoría económica del Estado para los próximos años. Desde hace tres años Mediatelecom había sostenido la importancia del servicio público como pilar y eje toral de las telecomunicaciones y hoy es una realidad que merece un reconocimiento.
Es indudable que la reforma a las telecomunicaciones forma parte de la agenda política y económica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Para reconducir el rumbo del sector se requerían nuevas reglas del juego y la reforma constitucional viene a propiciarlas. Fue el paso más importante pero no el más difícil, que sin duda será la armonización de la legislación secundaria y el conjunto de políticas públicas de inclusión digital para materializar el espíritu de la reforma. A ello hay que sumar el compromiso ineludible con el interés público que deberán tener las futuras autoridades del sector.
Lo acontecido desde que el Ejecutivo Federal tomó posesión y perfiló el sentido de la iniciativa, la presentación formal en el marco del Pacto por México y la discusión en el Congreso de la Unión fue un proceso que llevó exactamente cinco meses. La publicación del decreto requirió otros 42 días y a partir del día siguiente se detonarán una serie de plazos perentorios, decisiones regulatorias y administrativas para reconstruir institucionalmente el edificio de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. En total se reformaron siete artículos de la Carta Magna y se introdujeron 17 artículos transitorios, que si bien resultan prolíficos, su objetivo es precisar temas y asegurar el debido cumplimiento del mandato constitucional.
La estructura de mercado no sufrirá cambios sustanciales como resultado de la reforma porque ha alcanzado un grado importante de madurez, reflejo fiel de las condiciones que guarda la economía nacional; sin embargo, se avizoran nuevas tendencias y grandes desafíos como el crecimiento de la banda ancha móvil y la congestión de las redes inalámbricas, la convergencia tecnológica y la emergencia de una economía digital basada en el conocimiento y la información como materias primas generadoras de riqueza.
¿Qué plantea la reforma? En principio, define la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general. Aunado a ello, reconoce el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), principalmente la banda ancha. Crea un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) con autonomía constitucional. Tendrá atribuciones para otorgar, refrendar y revocar concesiones; imponer sanciones; regular en materia de competencia económica, concentración y propiedad cruzada de medios; desincorporar activos; ordenar la compartición y desagregación de infraestructura.
También se establece –y al mismo tiempo se reconoce– un nuevo régimen de concesiones de uso privado, comercial, público, social, indigenista y comunitario sin fines de lucro. Al mismo tiempo, se crean tribunales especializados en telecomunicaciones para procurar una justicia más pronta y expedita en la materia, en oposición al clima litigioso que ha imperado durante años. En materia de medios públicos, se crea un organismo responsable para ello.
Asimismo, ordena la instalación de una red compartida de telecomunicaciones mediante el aprovechamiento de 90 MHz en la banda de 700 MHz. Se abre la inversión extranjera directa en telecomunicaciones al 100 por ciento y en radiodifusión al 49 por ciento con cláusula de reciprocidad. Sin mencionar la debida coordinación institucional con el sistema de planeación nacional para el diseño de una política pública de inclusión digital que entregue los beneficios de la banda ancha de alta velocidad a 70 por ciento de los hogares mexicanos y 85 de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El 20 de mayo el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que recoge los principales puntos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, como ejes centrales de la política gubernamental. Faltará conocer los objetivos, estrategias y líneas de acción concretas en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, sobre todo en lo referente a la política de inclusión digital y la coordinación de la SCT con el Ifetel.
A este esfuerzo que requiere enormes recursos humanos, financieros y materiales para el rediseño institucional, necesita un denuedo aún mayor y sostenido para reconstruir el tejido entre industria, operadores, autoridad y sociedad, gravemente dañado y deshebrado durante la pasada administración. La desconfianza y la incertidumbre deben ceder a la visión de Estado, la colaboración y la cooperación. Para lograrlo es menester propiciar el diálogo franco y abierto. La palabra clave, anotada en el compromiso 45 del Pacto por México del 2 de diciembre de 2012, aparentemente olvidada en la iniciativa de reforma, es simultaneidad: “La adopción de las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberá ser simultánea.” Regulación y fomento para todos: sin discriminación ni privilegios.
Se requiere un importante trabajo político que otorgue certidumbre jurídica al sector, que implemente políticas públicas viables con las necesidades de digitalización del país, impulse el crecimiento del mercado, garantice servicios de calidad y asequibles en precio para los usuarios y se adopten medidas para salvaguardar sus derechos como beneficiarios últimos de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones.
Hasta hace pocos años advertíamos como elemento rector de la legislación en la materia que debían atacarse los intereses creados por los poderes fácticos. Sin embargo, a esa consigna básica deben sumarse otras prioridades simultáneas como el impulso al mercado y el beneficio de los usuarios. Para todos hay en el mercado mexicano de telecomunicaciones y radiodifusión si para ello se propicia la inversión, se despliegan redes de infraestructura, se combaten las prácticas anticompetitivas y se diseñan políticas públicas que detonen los indicadores del sector.
Hay que señalar que el fin último de la reforma no se limita al acceso a las TIC y el fomento de la competencia, sino a procurar el bienestar de la población a través de un uso y apropiación más intensivos de las plataformas de comunicación y los servicios de telecomunicaciones. Ello viene aparejado a un crecimiento de la economía; a gobiernos más eficientes y transparentes que provean servicios de educación a distancia, telemedicina, seguridad y cultura al por mayor, para salir de los viejos atavíos del subdesarrollo. Las tecnologías no serán la panacea si no vienen acompañadas de educación, empleos y mejoramiento en las condiciones de vida de la población. Por eso actualmente las telecomunicaciones constituyen la más poderosa herramienta de transformación social.
Será necesario que la infraestructura y las telecomunicaciones lleguen a las zonas rurales, semi-urbanas y marginadas, pues en la reforma constitucional se les ha definido como servicio público y el acceso universal debe garantizarse a través de la inversión en todas las plataformas disponibles. Es por ello que la convergencia debe abrirse a todos los operadores, porque todos pueden contribuir a la cobertura universal y al éxito de la reforma.
Los próximos meses serán intensos. Al día siguiente de la publicación de la reforma en elDiario Oficial de la Federación entrará en vigor la inversión extranjera directa; su objetivo deberá ser la consolidación de grupos y la capitalización de empresas en un sector que requiere inversiones intensivas en capital para funcionar eficientemente. Asimismo, corren los plazos para integrar el Comité de Evaluación que habrá de seleccionar a los aspirantes a comisionados del Ifetel (hasta 90 días), así como la propia creación del nuevo organismo regulador autónomo y la discusión y aprobación del ordenamiento legislativo convergente (180 días).
Una vez que quede instalado e integrado el Ifetel, se requieren otros seis meses para lanzar la convocatoria y las bases de licitación de frecuencias de televisión abierta, para declarar preponderantes a los agentes económicos en el mercado, la revisión de los títulos de concesión, el otorgamiento de licencias únicas para servicios convergentes de telecomunicaciones, las reglas para acceder a la multiprogramación en la televisión digital, incluidos los recursos necesarios que deberá destinar la Cámara de Diputados para cumplir con el “apagón analógico” el 31 de diciembre de 2015 y liberar la banda de 700 MHz.
Cabe aclarar que mientras se integra el nuevo Ifetel, seguirán en funciones las actuales autoridades y estructuras de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, pero ya tocados por el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Tras las recientes suspensiones de sesiones del Pleno de la Cofetel y la modificación de la fecha del “apagón analógico” en Tijuana para el 18 de julio, los funcionarios deberán trabajar en el proceso de transición de la Cofetel al Ifetel, y preparar la entrega-recepción de los recursos con los cuales cuenta el ente regulador. Son tres meses el plazo para esta tarea y queda claro que las futuras acciones regulatorias relevantes en materia de radiodifusión y telecomunicaciones sólo deberán ser discutidas y resueltas por los nuevos comisionados del Ifetel.
El tiempo apremia pero es una oportunidad insuperable para intentar aparejarnos al vertiginoso ritmo de la innovación, las tecnologías, la convergencia y la digitalización en el mundo y, de paso, recuperar el liderazgo político y regulatorio en América Latina en materia de telecomunicaciones. Hagámoslo entre todos.
Blog de Octavio Islas 