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El PPP sólo disminuye los precios de las economías de alto desarrollo, mientras que para México los encarece artificialmente 51.5%
El objetivo de la OCDE era dar un dato que ocupara los titulares de los medios
¿Cuál es el costo social anual o pérdida en excedente del consumidor por la existencia de una colusión tácita en televisión abierta?
El servicio universal fue ignorado por plegarse a los “objetivos” políticamente correctos
Apostasía (del latín apostasĭa) tradicionalmente es la negación, renuncia o abjuración a la fe en una religión, pero de modo más general significa el abandono de un partido para entrar en otro, o el cambio de opinión o doctrina. Es así como en el caso del Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México este organismo internacional abjuró del rigor científico e imparcial que le había caracterizado y optó por fornicar con la visión políticamente correcta que del sector de las telecomunicaciones ha tenido el actual sexenio, ahora en su agonía.
El objetivo del gobierno era simple: obtener el apoyo explícito del organismo internacional respecto del diagnóstico que sobre el sector de las telecomunicaciones ha tenido la actual administración y justificar todas y cada una de sus acciones, aunque erráticas y aisladas, respecto de sus actos regulatorios y su embestida contra un operador en lo particular. Asimismo, hacer eco del menosprecio que sostienen los titulares de los organismos reguladores por los recursos legales de defensa contra toda acción regulatoria que emprenden los operadores, sin siquiera preguntarse si acaso no son sus propias acciones las que vulneran los derechos de los regulados y la legislación.
El silogismo era simple. La OCDE hace un documento basado en lo siguiente: i) toda concentración en una industria genera un costo social, ii) el sector telecomunicaciones en México está concentrado, iii) luego entonces el sector telecomunicaciones padece un costo social o un costo en bienestar.
Lo anterior es tan simple como tan erróneo desde una perspectiva económica debidamente fundada. Más erróneo aun cuando es evidente que la rivalidad entre agentes económicos competidores actuales y potenciales refleja la transición de las telecomunicaciones a un entorno de competencia intensa que se ha distorsionado por la intervención del regulador para favorecer a unos a costa de obstaculizar a otros.
De igual forma, la OCDE ignora que la distinción entre servicios (línea fija, móvil y de banda ancha) se diluye aceleradamente; sin embargo, se insiste en separarlos como si los actuales operadores no compitieran en paquetes de servicios, unos con voz e Internet y otros, en exclusiva, compitiendo con paquetes de triple play e incluso de cuádruple play. Esa es la arena relevante de la competencia en el mercado.
Pero el objetivo era dar un dato que ocupara los titulares de los diarios y que circulara en los medios, una cifra que diera cuenta del costo social de la “gran dominancia”, figura que aunque de hecho ausente, la actual administración ha estado persistentemente minando a pesar de que ello signifique subsidiar y crear una bestia real de dominancia en el horizonte inmediato integrada a medios masivos y contenidos.
Conceptos tales como “obligaciones de cobertura universal”, “heterogeneidad en los costos del servicio entre localidades” y la conducta de “descremar el mercado” por los nuevos competidores, fueron anticipados en el diseño del título de concesión en la privatización de inicios de los años noventa y en la apertura a los nuevos operadores en telefonía local y de larga distancia a mediados de dicha década. Tales conceptos han sido olvidados o simplemente ignorados por implicar respuestas contrarias a los ahora “objetivos” políticamente correctos.
¿Cómo generar la cifra más impactante de costo social posible? Esa, al parecer, fue la tarea para el documento de referencia. La cifra resultante fue del 1.8 por ciento del PIB anual. ¿Cómo se obtuvo?: utilizando el concepto de Purchase Power Parity (PPP) aplicado a un modelo conceptual ad-hocsimple. El concepto de PPP es un factor que se aplica a los precios en diferentes economías y que nos indica qué valor tendrían en caso de que todos los bienes fueran perfectamente comerciables entre países, de tal manera que se iguale el nivel de precios por el arbitraje internacional de todos los bienes, de tal forma que una unidad monetaria en un país tiene el mismo poder de compra que en el resto de los países.
Aplicando tal ajuste a los precios de las canastas de servicios de telecomunicaciones definidas por la OCDE, inmediatamente se inflan los precios observados en países como México. En la siguiente gráfica se puede observar que el uso del factor PPP sólo disminuye los precios de las economías de alto desarrollo, mientras que en el caso de México los encarece artificialmente 51.5 por ciento.
Por lo tanto, se eligió un ajuste a los precios de los servicios de telecomunicaciones que automáticamente penalizaba los precios relativos observables en México respecto al resto de los países de la OCDE. Es de señalarse que el único país donde los precios al usuario son iguales a los precios ajustados por PPP es Estados Unidos.
Para calcular el costo en bienestar atribuible a la presencia de poder de mercado se requieren al menos dos insumos fundamentales: i) una estimación de la elasticidad de la demanda de mercado y ii) una estimación del margen de beneficio o de renta económica, es decir, una estimación entre el precio y el costo marginal del bien o servicio.
El estudio de la OCDE no utilizó ninguno de los dos; optó por responder las siguientes preguntas: con base en una demanda estimada que considere todos los países de la OCDE excepto México, y suponiendo que en todos los países de la OCDE los precios en el mercado fueran los precios ajustados por PPP, ¿cuál sería el valor de la diferencia entre las líneas existentes o el consumo actual en México que se hubieran dado si el precio medio ajustado por PPP del resto de los países se hubiera tenido en México? Y ¿cuál sería la cantidad que resulta de multiplicar el monto de consumo actual en México y la diferencia entre los precios medios en el resto de la OCDE y los precios en México, ambos ajustados por PPP?[1]
La respuesta a la primera pregunta fue 0.9 por ciento del PIB y la respuesta a la segunda cuestión fue de 0.9 por ciento del PIB. En total, la suma es de 1.8 por ciento del PIB. ¡Lista la cifra para divulgar en los medios!
Como se puede observar, el método fue artificioso y concebido para generar la mayor diferencia posible en precios y cantidades respecto del promedio de los países de la OCDE. Lo anterior implica que los usuarios en todos los países enfrentan precios ajustados por PPP en telecomunicaciones y no los precios nominales, y que los costos en que incurre la industria también son precios ajustados por PPP y no los reales, lo cual evidentemente no ocurre.
Otra implicación es que la utilidad de todo el sector telecomunicaciones en México es equivalente a 0.9 por ciento del PIB. Lo anterior sencillamente no es posible, dado que el sector telecomunicaciones tiene ingresos totales cercanos a 3 por ciento del PIB, lo cual sería equivalente a decir que la rentabilidad neta actual de todo el sector, una vez cubierto el costo del capital y sin considerar la existencia de costos fijos, ¡es de 30 por ciento real de sus ingresos cada año!
Una sencilla demostración corrobora el error conceptual que se deriva de tan artificiosos y sesgados cálculos. Un mercado completamente monopolizado genera un costo en bienestar de la mitad de sus beneficios económicos;[2] por lo tanto, si el sector telecomunicaciones tuviera beneficios económicos puros por un equivalente a 0.9 por ciento del PIB y se encontrara completamente monopolizado, entonces el costo en bienestar no podría ser mayor a 0.45 por ciento del PIB. En el estudio de referencia el costo en bienestar es de una magnitud igual a los supuestos beneficios económicos. Es evidente que ni el sector telecomunicaciones está completamente monopolizado ni la utilidad neta pura del sector es de 0.9 por ciento del PIB anual.
En contraste con las cifras de precios utilizadas por la OCDE, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su reporte Measuring the Information Society 2011, ubica a México en el lugar 96 en la canasta de telefonía fija con un costo equivalente a 2.5 por ciento del PIB per cápita en 2010. Los países de mayor costo tienen participaciones de más de 11 por ciento del PIB per cápita y se ubican a partir de la posición 140.
Respecto a la canasta de servicios móviles, México se ubica en la posición 63 con un costo equivalente a 2.3 por ciento del PIB per cápita y en banda ancha fija en el lugar 55 con un costo de 2.3 por ciento del ingreso per cápita. En todos los casos los países con los mayores costos en términos del ingreso per cápita tienen participaciones de más de 10 por ciento de su PIB per cápita y se ubican a partir de la posición 130 y 100, respectivamente. Las mediciones se realizan en dólares americanos en términos reales.
Hay una colección de omisiones en el documento de la OCDE. Por ejemplo, no responde a cuestiones tales como ¿cuál es el costo social anual o pérdida en excedente del consumidor por la existencia de una colusión tácita en televisión abierta? ¿Cuál es el costo social de haber creado monopolios locales en triple play? ¿Cuál es el costo social de una profundización en la brecha de cobertura entre localidades urbanas y no urbanas? Incluso cabría decir, ¿cuál es el costo social de inhibir inversión por inseguridad jurídica y discrecionalidad en asignar y redistribuir ingresos y recursos entre operadores de redes?
En fin, nos encontramos en el reinado de la apostasía y la renuncia al uso responsable de los conceptos económicos ha llegado a su clímax. Sólo esperemos que los vientos de cambio por venir juzguen a los fabricantes de errores y falsos profetas que se desempeñan desde posiciones de autoridad y como guardianes de la verdad oficial.
Blog de Octavio Islas 