MEDIATELECOM Informa
En conflicto televisoras-Carso, falta designar al mediador: autoridad
Si dos personas, por cualquier razón, comienzan a intercambiar insultos y después se dan de golpes, nadie dudará de que se trate de un conflicto entre particulares. Eso no significa que la autoridad no deba intervenir. Quizá no para sancionar o reconvenir, pero sí para conciliar, tender puentes y evitar que vuelva a ocurrir. Esto sucede claramente en la política pública cuando la autoridad decide actuar o no frente a un hecho social. En un sentido u otro es política pública. No actuar frente a un problema claramente confiesa una posición pública en la que ya se analizaron los costos de actuar y se asumen consecuencias al respecto.
La rivalidad y los acontecimientos entre Televisa y Telmex acercó de manera natural a Carlos Slim con Ricardo Salinas Pliego. Esta situación cambió con el anuncio de que TV Azteca condicionó la venta de espacios de publicidad a cambio de una tarifa de interconexión preferencial para las empresas telefónicas de Grupo Salinas: Iusacell y Unefón.
En lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón, la confrontación en el sector de las telecomunicaciones ha venido agravándose y subiendo de tono. Quizá la declaración más encendida haya corrido a cargo de la Canitec, cuando su presidente, Alejandro Puente, dijo que Carlos Slim “es un peligro de seguridad nacional”, recordando tiempos cercanos de confrontación electoral en el país.
En Mediatelecom hemos expuesto la falta de liderazgo y la ausencia de una política clara en la materia. En un comunicado anterior explicamos que la autoridad ha sido un mal árbitro, porque en lugar de aplicar la ley ha preferido compensar a alguno de los operadores en detrimento de los demás.
Este nuevo diferendo entre TV Azteca y Grupo Carso podría exhibir varias situaciones: una confabulación del duopolio televisivo para negar, dificultar o condicionar los espacios; o bien, una presión de Televisión Azteca al querer aprovechar la coyuntura de que las empresas de Grupo Carso ya sólo tenían una única opción para anunciar sus productos y servicios, la de los canales 7 y 13 de Salinas Pliego en televisión abierta. Hay que reconocer que la migración de los espectadores a otras plataformas tecnológicas como Internet, ha ocasionado importantes pérdidas de anunciantes e ingresos por concepto de publicidad, que sin duda afecta a estos empresarios. Precisamente las modalidades de publicidad integrada buscan ser una respuesta (aunque quizá no la mejor en función del derecho de las audiencias) a la pérdida de patrocinadores.
Lo que se comprueba con este nuevo capítulo es la batalla encarnizada por el mercado de la convergencia. Al ser un factor multidimensional y multifactorial, la convergencia de servicios de voz, datos y video también implica negociaciones igualmente convergentes, incluidas las pautas de publicidad. Es claro que no existe relación alguna entre tarifas de interconexión y tarifas publicitarias, pero los negocios, servicios y segmentos se encuentran tan imbricados –y la regulación se ubica tan alejada de estos asuntos–, que los operadores buscan todo tipo de alternativas para hacer más rentables sus empresas. Dentro de estas economías de red y de servicios a través de múltiples plataformas convergentes, los operadores buscan alcanzar las mejores condiciones para acercarse a los usuarios.
En todo caso, ni la legislación ni la política regulatoria ni los titulares de los órganos “técnicos” han sabido responder a los nuevos desafíos que plantea la convergencia y la competencia. Sin tener resuelto uno solo de los asuntos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) ya anunció un nuevo Plan Técnico Fundamental de Calidad para las redes de servicios móviles, un nuevo Convenio Marco de Interconexión y la adopción del estándar estadounidense IBOC (In Band on Chanel) de radio digital.
En Mediatelecom sostenemos que la autoridad no ha sido capaz de resolver satisfactoriamente muchos otros asuntos (convergencia plena, televisión digital, competencia en televisión, precios tope de Telmex, tarifas de interconexión, programa de licitaciones) y sí, en cambio, opta por abrir nuevos frentes de confrontación.
En esta situación, el Poder Legislativo no está exento de culpa. Los legisladores siguen optando por el inmovilismo. Los partidos representados en el Congreso no han tenido la altura de miras para reformar el marco jurídico en la materia, a pesar de que la realidad y los conflictos apremian dichas modificaciones. El gobierno y el Congreso están perdiendo la oportunidad de que a través de las redes de telecomunicaciones se provean servicios convergentes, se invierta en infraestructura, se alcancen índices más elevados de penetración de servicios de telecomunicaciones en zonas rurales y marginadas, y se utilicen las nuevas tecnologías de la información para mejorar las condiciones de vida de la población.
Es obvio que colocar el servicio público como eje de las políticas de comunicación y de telecomunicaciones pareciera que ya no es una prioridad ni del Ejecutivo ni de los actuales legisladores, salvo honrosas excepciones. Los tiempos electorales se han impuesto nuevamente al grado de que este sexenio pareciera constituir la oportunidad perdida para impulsar las telecomunicaciones que queremos en el país, si consideramos que un lapso menor de dos años es difícil para modernizar la legislación y la industria, plantear una agenda digital y reconciliar a la industria, más allá de decisiones discrecionales o pactos políticos de última hora, lo que confirmará la falta de visión de la actual administración.
No obstante, creemos que todavía es posible propiciar cambios y soslayar errores si se plantea un escenario de las telecomunicaciones a futuro, precisamente en perspectiva del inminente cambio de poderes en México. Para ello es importante lo siguiente:
- Construcción de un clima de competencia con reglas claras, regidas por el concepto de servicio público universal en materia de telecomunicaciones.
- Definir las prioridades de inversión social, rural y para grupos vulnerables.
- Definir las obligaciones en materia de inversión en infraestructura para todos los actores. ¿Cuánto invierten y dónde?
- Definir el futuro de la renovación o no de frecuencias a MVS y por qué.
- Continuar con los procesos de licitación de frecuencias para ofrecer servicios de nueva generación.
- Convocatoria para el diseño de una agenda digital para el desarrollo.
- Reforma del régimen jurídico de la comunicación, incluida las telecomunicaciones, la radiodifusión, los derechos de autor y la revisión de los acuerdos internacionales en la materia, tales como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, las recomendaciones de la Comisión Mundial de Banda Ancha de la ONU y la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- Convergencia inmediata en todas las plataformas de transmisión.
- Continuar con el proceso de transición hacia la televisión digital.
El clima político y de competencia es, junto con la certidumbre jurídica, vital en el diseño de un plan de negocios; por esa razón, una de cada dos empresas define sus inversiones a partir de estos elementos. El clima de confrontación imparable normalmente lleva a litigios, a competencia desleal y a confusión entre los consumidores o usuarios. En el caso de México, este elemento se ha venido desarrollando a niveles nunca antes vistos y parece que se incrementará aún más.
Podemos seguir siendo testigos de los acontecimientos o colaborar en el dialogo y la reflexión colectiva que construya opinión pública informada en el sector de las telecomunicaciones.
Blog de Octavio Islas 