Revocar la libertad de José Antonio Zorrilla Pérez,
autor intelectual del homicidio de don Manuel Buendía.
El 30 de mayo se cumplieron 25 años del asesinato cometido por José Antonio Zorrilla quien, según sentencia firme, fue autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía. En memoria de su gran trabajo como periodista y en función de la legalidad, no debemos permitir que se consolide la libertad anticipada que beneficia al ex director federal de seguridad, casi diez años antes de cumplir su sentencia.
Zorrilla fue dejado en libertad el 18 de febrero a través de una resolución que sustituyó a la que en octubre anterior ratificó la hasta entonces invariable negativa a las peticiones del ex jefe de la policía política mexicana para salir libre antes de completar la reclusión a que estaba condenado. En diciembre, un juez federal (en sentencia confirmada por un tribunal de circuito) amparó a Zorrilla para que se fundara y motivara la negativa y se emitiera una nueva resolución que podía ser en el mismo sentido o en otro. La sentencia judicial no ordenó la libertad de Zorrilla. Y sin embargo, como si así hubiera ocurrido, el secretario de gobierno del Distrito Federal instruyó al director ejecutivo de sanciones penales, José Manuel Casaopriego Valenzuela, para liberar a Zorrilla. A la postre, el secretario no firmó la resolución correspondiente. Lo hizo “por ausencia” de la autoridad responsable, el propio Casaopriego, que de ese modo es al mismo tiempo destinatario y firmante de la resolución que por este medio denunciamos.
La libertad de Zorrilla debe ser revocada. Ordenó el asesinato de Buendía desde un elevado cargo gubernamental, por lo que puede ser considerado un crimen de estado. No debió ser aliviada su pena. El modo en que eso ocurrió amerita una investigación administrativa y penal que demandamos realice el gobierno del Distrito Federal. Si de ella deriva, como suponemos, una grave irregularidad, amén de las sanciones que correspondan, debe declararse inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla. La misma conclusión debe resultar si se incumplen las condiciones a que debe sujetarse quien recibe ese beneficio.
Responsable de la publicación:
Omar Raúl Martínez,
Presidente de la Fundación Manuel Buendía A.C.
Blog de Octavio Islas 
No debemos seguir protegiendo una mentira. Unamos esfuersos por aclarar el pasado. Debemos proteger el presente y futuro de que siga sucediendo esto. Esta es la mejor oportunidad que tenemos de darle un nuevo rumbo a este tipo de averraaciones. REABRAN EL CASO MANUEL BUENDIA se lo merece. Hay pruebaas que nunca fueron valoradass ni tomadas en cuenta en este caso. A continuacion Carlos Ramirez nos ccomenta lo siguiente.
+ Buendía: Bartlett se “cubrió”+
+ Fiscal, su primo; MEC-MMH+
Como en una buena novela policiaca y de espionaje, el caso Manuel Buendía se ha convertido ahora en el caso José Antonio Zorrilla Pérez. Una maniobra de muchos hilos subterráneos quiere mantener en prisión al ex director de la Federal de Seguridad pero con la intención de no reabrir la investigación del asesinato del columnista de Excelsior, ocurrido el 30 de mayo de 1984, y proteger al gobierno de Miguel de la Madrid.
Hay cuando menos seis expedientes abiertos del Caso Zorrilla:
1.- El jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard ha girado la orden de impedir la preliberación de Zorrilla y para ello sus funcionarios han llegado a traspapelar la documentación legal entregada por Zorrilla para obtener los beneficios de la liberación anticipada. La razón radica en el hecho de que Ebrard trabajaba para el gobierno priísta de Miguel de la Madrid en 1984 al lado de Manuel Camacho vía Carlos Salinas.
2.- El caso Zorrilla recuerda uno de los principales problemas de la seguridad pública de hoy: en el gobierno de De la Madrid comenzó la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder. Zorrilla quiere ser presentado como el único responsable de ese proceso de perversión del poder. A veinticinco años de distancia, el problema número uno de la inseguridad es justamente la complicidad del crimen organizado en las estructuras de poder. En el gobierno de De la Madrid hubo un pacto secreto del narco con el Estado para usar los narcodólares contra la devaluación.
3.- La investigación oficial del asesinato de Buendía se hizo con la intención de desviar la atención. Para ello, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, operó la designación gubernamental de un fiscal especial: el abogado fiscalista Miguel Angel García Domínguez. Pero hubo el dato poco conocido de que García Domínguez era primo de Bartlett. Por tanto, las pesquisas alejaron de Gobernación –donde trabajaba Zorrilla bajo las órdenes directísimas de Bartlett– las sospechas de un crimen del poder. En un interrogatorio, García Domínguez le dijo a Zorrilla que le habían prometido el cargo de ministro de la Suprema Corte. “Y no voy a perder ese cargo por usted”, afirmó el fiscal especializado en asuntos de impuestos. Y no lo perdió: el caso Buendía le dio su sillón en la Corte.
4.- La única manera de atajar las sospechas del crimen del poder fue crear un chivo expiatorio: acusar Zorrilla del crimen por el móvil de impedir la publicación de su nombre como protector de narcos; el gobierno de De la Madrid y Bartlett quedarían al margen con un asesino solitario. Sin embargo, detenido en 1989, Zorrilla recibió toda clase de privilegios durante el periodo 1984-1988: salida sin conflictos de la Federal de Seguridad, disolución de la DFS para borrar huellas del narco, candidatura a diputado del PRI por Hidalgo y ningún acoso. Por tanto, De la Madrid y Bartlett realmente protegieron a Zorrilla. Cuando Zorrilla fue detenido en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas, lo lógico hubiera sido indagar por qué el gobierno de De la Madrid no hizo algo para investigar a Zorrilla. La protección de De la Madrid a Zorrilla implicaría un hecho de complicidad criminal que aún es tiempo de investigar.
5.- A pesar de su vena crítica al poder, al neoliberalismo en ascenso y al crimen organizado, el punto más conflictivo del periodismo crítico de Buendía fue la revelación de las actividades de la CIA en México. En 1985 asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y se revelaron las primeras informaciones de la protección al narco por policías de la Federal de Seguridad, de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Judicial Federal, es decir, de Gobernación y la PGR. Buendía había destapado el asunto antes. Zorrilla fue acosado por los EU no por el asunto del narco sino por haber abandonado el patrocinio de la CIA y haberse acercado al KGB y sobre todo a la policía secreta de Alemania comunista. Un reportaje en el The New York Times en julio de 1985 reveló esas preocupaciones de la CIA contra Zorrilla. La fuente de esa nota fue el embajador norteamericano John Gavin, operador directo de la estación de la CIA en México.
6.- Hasta ahora no se ha profundizado en una línea de investigación: la relación personal e informativa de Buendía y Zorrilla. La relación de Zorrilla con Buendía era más cercana y afectuosa de lo que hoy se quiere reconocer, al grado de haberle creado algunas incomodidades a Buendía.
De acuerdo con abogados consultados, Zorrilla ha entregado toda la documentación para obtener la gracia de la preliberación. El pasado 8 de septiembre, el director ejecutivo de Sanciones Penales del gobierno del DF, José Manuel Casaopriego, informó a Zorrilla que se le revocaba el beneficio de la preliberación por dos razones: no haber firmado el alta de vigilancia y no haber entregado la documentación exigida sobre labores en reclusorio. Sin embargo, Zorrilla sí firmó y los documentos fueron entregados a Casaopriego, quien los traspapeló a propósito para mantener encerrado a Zorrilla.
De ahí que haya una extraña colaboración del gobierno perredista De Ebrard con priístas del gobierno de Miguel de la Madrid para no soltar a Zorrilla porque la liberación reabriría automáticamente el caso Buendía. Ebrard se ha con vertido en un protector de De la Madrid y Bartlett y puede estar asumiendo una complicidad a posteriori en el crimen de Buendía
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El siguiente articulo se publico el 5 de Julio del 2007 en Voltaire.net http://www.voltairenet.org/article148628.html . Como muchos otras investigaciones politicas en Mexico esta en particular arroja datos que jamas fueron valorados por las autoridades (de consigna). Seguramente hubiesen metido a otras mas altas figuras del orbe politico en las mismas condiciones por las que Zorrilla atraveso 20 años. REABRAN EL CASO BUENDIA se lo merece.
A 23 años del asesinato de Manuel Buendía
La administración del PAN ha mantenido encubiertos a sus asesinos
por Raymundo Riva Palacio*
Hace 23 años se cometió en una céntrica avenida de la ciudad de México uno de los asesinatos más injustos y alevosos de la historia del país. Fue asesinado a balazos el periodista Manuel Buendía por saber demasiado. Gobernaba entonces el país Miguel de la Madrid Hurtado, quien había dado las pinceladas finales de la criminalización del estado con la institucionalización de un trípode del que formaron parte las secretarías de la Defensa, de Gobernación (Interior) y de la fiscalía federal, que controló las actividades criminales de la presidencia de la república. Manuel Buendía descubrió el engranaje y cuando tomó la decisión de ponerlo al descubierto fue asesinado. La administración panista ha seguido encubriendo a los responsables.
Hace 23 años se asesinó al periodista Manuel Buendía por el temor que publicara la relación del poder político con el narcotráfico, una historia aún secreta
Hace 18 años se encuentra en la cárcel José Antonio Zorrilla Martínez, director de la legendaria Dirección Federal de Seguridad. Para toda una generación su nombre no significa nada, pero Zorrilla Martínez no sólo fue el funcionario de más alto rango en el gobierno de Miguel de la Madrid en pagar por el asesinato del columnista más influyente de los últimos 50 años, Manuel Buendía, sino que fue el chivo expiatorio con cuya condena se encubrió un crimen de Estado.
La noche del 30 de mayo de 1984 Buendía salió de su oficina en Insurgentes, casi llegando a Reforma, cuando un asesino le disparó cinco tiros por la espalda. El asesino huyó por Insurgentes, en el perímetro de la Zona Rosa, que era altamente vigilada por policías y militares en esos años por el alto número de personalidades que comían en sus restaurantes, sin que tuviera mayor problema para escapar. Se subió a una motocicleta y se fue a esconder a las instalaciones de la DFS, a unas cuantas cuadras de ahí.
Zorrilla Martínez llegó con sus principales comandantes a la oficina de Buendía y tomó ilegalmente las riendas del caso. Cuando se le persiguió en el gobierno de Carlos Salinas, él y los comandantes que hicieron la investigación fueron a la cárcel, junto con Manuel Ávila Moro, nieto de un presidente de la República, acusado de haber jalado el gatillo. En realidad, Ávila Moro, agente de la DFS y rockero, no había sido el victimario, sino quien manejó la motocicleta en la que el responsable directo de la ejecución escapó. Éste, descrito por testigos como un tipo alto y fornido, aunque delgado, con una gorra y un corte de pelo estilo militar, resultó ser un coronel que, tres días después de ese crimen, apareció asesinado en Zacatecas con más de 120 puñaladas en el cuerpo.
El asesinato de Buendía fue fraguado con sólo 30 días de antelación, luego de que el columnista retomara en dos columnas una declaración de finales de abril de aquel año de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. A través de pedazos de los detalles de su asesinato recogidos arqueológicamente por los años, se pudo establecer que, como consecuencia de ellas, el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, convocó a una reunión donde se decidió el destino de Buendía.
Creía, de acuerdo con la información que ha salido a cuentagotas en casi un cuarto de siglo, que Buendía tenía información que vinculaba al Ejército y a altos funcionarios del gobierno federal con el narcotráfico, y que la daría a conocer en su famosa columna Red Privada. En la reunión estuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación, proveedores de armas para el Ejército, Zorrilla Martínez y varios comandantes de la DFS, un par de ellos asesinados años después en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Una investigación paralela de Samuel del Villar, en ese entonces el cruzado de la renovación moral en Los Pinos, establecía que ante la crisis económica que sufría el gobierno de De la Madrid, se elaboró una política secreta donde el gobierno se haría de fondos del narco mediante la protección de los campos de cultivo. Un ex secretario de Estado en la administración de De la Madrid expresó altas dudas sobre la veracidad de aquel informe, en buena parte porque, comentó, Del Villar -un hombre con una genialidad que tocaba muchas veces la locura- estaba produciendo documentos desconcertantes, como una propuesta al presidente para resolver el problema del sindicato petrolero con una especie de Noche de San Valentín.
Lo que era innegable, de acuerdo con otros ex secretarios de Estado que hablaron con el paso de los años, era que el Ejército sí protegía cultivos de droga, particularmente en Sonora y Sinaloa, y que la participación de Arévalo Gardoqui como jefe de esas actividades siempre fue muy difícil de rebatir. El narcotráfico ya había penetrado las estructuras del poder en México. De hecho, las redes de distribución estaban inmersas en la geopolítica del momento, particularmente la contrarrevolución organizada por Washington en contra del gobierno sandinista en Nicaragua. La ayuda a la contra tenía problemas de abastecimiento de armas por la Enmienda Boland, mediante la cual el Congreso de Estados Unidos prohibía a la Casa Blanca ayudar de cualquier manera, salvo humanitaria, a los contras.
Se conoce ampliamente el caso del Irancontras, que fue una operación para llevar armas a la contra procedentes de Irán a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en su embajada en Teherán, pero casi nada ha salido, en todo este tiempo, sobre el papel de México. Buendía siguió esa pista con su peculiar olfato periodístico hasta que lo mataron, el mismo día y a la misma hora en que a 2 mil 500 kilómetros, en La Penca, Costa Rica, un agente de la CIA colocó una bomba en una conferencia de prensa convocada por Edén Pastora, el legendario Comandante Cero de los sandinistas que se volteó contra ellos y que para 1984, después de haber sido una de las piezas claves en el trasiego de armas para la contra desde México, se había convertido en un problema para la agencia.
Pastora sobrevivió el atentado donde murieron cuatro personas y 14 resultaron heridas. En esa conferencia que en ese momento no sabía que era promovida por agentes de la CIA en San José, iba a revelar las presiones que tenía de la CIA, que desde Costa Rica controlaba la recepción de armas para la contra, que llegaban a ese país y a la base militar en San Salvador, manejada por los agentes en Centroamérica y por el teniente coronel Oliver North desde la Casa Blanca.
Una de sus primeras declaraciones, muy poco difundidas, fue que el atentado “había venido de México”, donde estaba buena parte del trasiego de armas para la contra, que cambiaban por droga en Texas. México era parte de la geopolítica de la guerra fría, donde Estados Unidos cerró sus ojos para beneficios de sus intereses ulteriores. En ese sentido el general Arévalo, pese a la documentación que lo involucraba en el narcotráfico, nunca fue perseguido ni acusado formalmente, como tampoco fueron reveladas las relaciones del Ejército con el narco.
Buendía, temía el secretario de la Defensa, tenía pruebas de cómo él, altos funcionarios de Gobernación y familiares del presidente, estaban metidos en el negocio del narcotráfico. No está claro todavía si cuando Arévalo se alarmó el columnista tenía documentación sólida. Pero Zorrilla Martínez, que era su compadre, sí sabía todo aquel entramado. Pero para un crimen de Estado se necesitaba un hombre de Estado.
En efecto, por más contradictorio que parezca, Zorrilla Martínez se comportó como un hombre de Estado, tragándose todo lo que sabía, guardando silencio entonces y ahora para salvar la viabilidad de un gobierno. Pero, sobre todo, para proteger a los secretarios de Estado que, con la aprobación o no del presidente De la Madrid, metieron sus manos de lleno en el narcotráfico, prólogo pernicioso de la realidad actual.
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