RECLAMA FUNDALEX TARDANZA PARA RESOLVER CRIMEN DE PERIODISTA EN DURANGO
México, D. F., a 13 de mayo de 2009
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) expresa su más enérgico reclamo a las autoridades encargadas de impartir justicia, porque a 10 días del asesinato del periodista Carlos Ortega Samper, corresponsal del diario Tiempo de Durango en el municipio de Santa María de El Oro, aún no existen resultados que lleven a la identificación, detención y procesamiento judicial de los responsables.
La Fundalex recuerda que el periodismo en nuestro país se ha convertido en una profesión de alto riesgo y que la violación a los derechos humanos de los comunicadores tiene una tendencia al alza, a la vez que la mayoría de los casos se mantienen impunes, precisamente porque la generalidad de ellos están presuntamente relacionados con el poder público y las bandas del crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado de 2000 a 2009 el homicidio de 49 periodistas y de 2005 a la fecha registró la desaparición de siete. En lo que va del año han sido asesinados los periodistas Luis Daniel Méndez Hernández, en el estado de Veracruz, y Jean Paul Ibarra Ramírez, en Guerrero.
El asesinato de Ortega Samper el 3 de mayo en el norte del estado de Durango ocurrió días después de que la víctima envió a su medio de información una carta en la cual responsabilizaba al alcalde de Santa María del Oro, Martín Silvestre Herrera; al agente del Ministerio Público local, Salvador Flores Triana y al encargado de los programas federales en la zona, Juan Manuel Calderón Herrera, de cualquier agresión en su contra.
El periodista había acusado el 28 de abril a la administración municipal por unos problemas de insalubridad en el rastro municipal y al día siguiente tuvo un fuerte altercado con el alcalde y con Calderón Guzmán, a quien había denunciado con anterioridad “por actos fraudulentos en detrimento de la Unión Ganadera del Estado”.
Ortega Samper también recibió amenazas de Flores Triana, a quien investigaba por corrupción, aunque la nota del caso fue hecha pero no se publicó.
El abogado y reportero ya había sufrido hostigamiento por su trabajo en los medios de comunicación en 2005, cuando la policía ministerial realizó una redada en su domicilio bajo el supuesto de que vendía alcohol de forma ilegal.
Sin embargo, tras las pesquisas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos resolvió en febrero de 2006 que el reportero fue víctima de allanamiento de morada y al anterior presidente municipal de Santa María del Oro —Miguel Carrete Sáenz— le recomendó iniciar procedimiento administrativo y sancionar legalmente a los policías que violaron el domicilio.
La Fundación para la Libertad de Expresión hace hincapié en la inconsistencia de las autoridades cuando se comprometen a salvaguardar el derecho de los mexicanos a la libre expresión y el derecho a ser informados, pero por el otro dejan en la total indefensión a quienes hacen uso de esa potestad para contribuir con justeza en el equilibrio de la información de los mexicanos.
El gobierno de Durango decidió destituir de su cargo al agente ministerial Salvador Flores Triana para que no interviniera en las pesquisas del asesinato, pero este acto esperamos no sea una mera simulación, como tampoco aceptaremos se pretenda señalar como un asunto del crimen organizado a fin de minimizar las consecuencias de la escasa o nula acción gubernamental para lograr la resolución de los casos y dar un real acceso a la justicia a los periodistas o, en su caso, a los deudos.
La Fundalex exige a los tres niveles del gobierno mexicano garantías para la práctica de la libertad de expresión, terminar con la impunidad que alienta la comisión de los delitos contra los periodistas y, en el caso que hoy nos ocupa investigar este crimen de manera rápida y eficaz para que los responsables sean debidamente sancionados.
Asimismo, la Fundación recuerda cómo los pueblos que han respetado y consolidado la libertad de expresión, hoy figuran en los primeros lugares de desarrollo humano según Naciones Unidas, mientras los pueblos más violentos son aquellos donde la libertad de expresión ha tenido una muy escasa adhesión, conocimiento y respeto por este derecho universal.
PRESIDENTE
Armando Prida Huerta
CONSEJO DIRECTIVO
Jorge Carpizo Mac Gregor, Luis Raúl González Pérez, Ernesto Villanueva Villanueva, Elena Poniatowska Amor, Gerardo Priego Tapia, Rafael Loret de Mola Vadillo, Ángeles Mastretta Guzmán, Manú Dornbierer Moch, Diego Valadés Ríos
CONSEJO CONSULTIVO
Jaime Cárdenas Gracia, José Martínez Mendoza, Clara Luz Álvarez González de Castilla, Mayté Noriega Fernández, Mariano Morales Corona, Humberto Hernández Haddad, Benjamín Fernández Bogado, José Buendía Hegewisch, José Luis Vázquez Baeza, Joel Paredes Olguín, René Avilés Fabila, Roberto Domínguez Cortés, Rosario Avilés Sánchez, Tere Cano de Sutton, Miguel Badillo Cruz, Verónica Mastretta Guzmán
DIRECTORA GENERAL
María del Pilar Cano de Becerra
ABOGADO DE LA FUNDACIÓN
Pedro Rodríguez
Blog de Octavio Islas 