781 México, Libertad de Información México (LIMAC), Comunicado de prensa, 4 de abril de 2008

1. El juicio lleva más de 3 años y medio sin que a la fecha se haya terminado siquiera la etapa probatoria, cabe precisar que un juicio de los llamados ordinario civil llega a durar de 8 meses a 2 años en promedio toda su tramitación incluida la segunda instancia, aquí es el caso que después de más de 3 años y medio las partes no tienen una resolución que determine si hay o no responsabilidad.
2. Llama la atención que el entonces precandidato a la gubernatura de Hidalgo, posteriormente dirigente estatal del PRI y actual Diputado Federal, que pide una indemnización en dinero por el supuesto daño moral que sufrió, no le corre prisa en tener una resolución favorable, por el contrario en su actuación en el juicio tardó más de año y medio en notificarles a todas las partes de la demanda, estuvieron más de 6 meses atacando al Juez llegando hasta a derechos humanos por una multa impuesta a los abogados por faltarle al respeto al Juez.
3. Cabe recordar que una obligación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF es velar que los juicios se tramiten sin retraso tal como lo dispone la ley orgánica del tribunal Hay que preguntar al  MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR actual presidente, como se llega a un juicio de ya casi 4 años sin que se emita siquiera la sentencia de primera instancia.
4. Diversas son las irregularidades que momento a momento se han llevado a cabo en un expediente de varios tomos y que ya acumula miles de páginas que solo evidencia el exceso en el retraso en la ministración de justicia.
5. La defensa de todos los codemandados que al respecto ha llevado a cabo de manera gratuita en gastos y costas Libertad de Información-México A.C. LIMAC a través de la Abogada Perla Gómez Gallardo que desde el inicio del procedimiento hizo valer el derecho consagrado en la constitución y en los tratados y convenios internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión ha tomado un nuevo giro.
6. Ante una promoción que presentó la Abogada de la defensa, Perla Gómez Gallardo, se llegó al exceso de parte de Sosa de afirmar que la firma de las mismas no era de la representante de los codemandados, llegar a ese exceso implica que en todo juicio se puede abrir la llave para paralizar ante cada promoción con el abuso en objetarlo como si fuera un documento y no una solicitud para el Juez.
7. No obstante que la Abogada ratificó su firma (como procede en estos casos) el Juez sin previo aviso admitió la objeción y una pericial en grafoscopio para demostrar la coincidencia de la firma, el perito de Sosa, CARLOS JUAREZ BUCIO sin revisar el expediente ya había afirmado que la firma no era de la Abogada, en el caso de los codemandados se presentó el dictamen que valida la firma, ante la contradicción en ambas periciales se determinó que se hiciera el mismo por el llamado perito tercero en discordia.
8. Desde el falsedad de dictamen presentado por Sosa se solicitó se diera vista ante el Ministerio Público por la falsedad de declaración ante autoridad, lo grave ahora es que DANIEL RUIZ RAMIREZ perito que nombró el Juez emitió un dictamen en el que afirma que no es la firma de la Abogada.
9. Se abre una estrategia que además de entorpecer el procedimiento usando las deplorables chicanas para echar abajo con abusos del derecho lo que de otra manera no se podría obtener más con las omisiones y negligencias de la autoridad que lo fomenta.
10. De considerarse por el TSJDF que la firma no corresponde y pese a que la interesada la ratificó como en derecho corresponde se puede llegar a otro exceso de Sosa al pretender iniciar averiguación previa contra la Abogada Perla Gómez Gallardo como una forma ahora de amenazar con involucrar en un procedimiento penal a quien se atreva defender a periodistas. Se instaura de facto el delito de defensa a la libertad de expresión en donde no sólo se agrede formalmente al periodista sino también se ataca al defensor que ayuda legalmente a los demandados.

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