Se acercan dos eventos que podrían generar impactos en mapa de conectividad en México. Por un lado, la discusión sobre el paquete económico para el próximo año permitirá observar el plan de gasto público en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por el otro, un ejercicio de consulta pública que, entre otros temas, toca el de la cobertura gratuita en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas.

Ambas coyunturas son trascendentes si se considera la importancia de las TIC en términos de su contribución al desarrollo económico y social, así como su estatus de derecho humano reconocido por la Constitución. Por esto, conviene repasar el esfuerzo en términos de gasto gubernamental planteado hasta ahora, ya que funge como una herramienta comparativa para lo que se plantee en adelante.

Conviene aclarar que, en este análisis, se considera gasto digital público como la suma del gasto en telecomunicaciones[1] de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (EDN) dado que son las instancias responsables de conducir buena parte de la política en materia TIC. En este sentido, la proporción del gasto digital correspondió a 0.1% del gasto público total en 2016, 0.07% en 2017 y 0.03% en 2018.[2]

A su vez, el gasto en telecomunicaciones como proporción del gasto total de la SCT correspondió a 4.1% en 2016 ($5.4 miles de millones de pesos), 3.5% en 2017 ($3.7 mmdp) y 2.1% en 2018 ($1.6 mmdp). Asimismo, el gasto de la Coordinación de la EDN en relación con el gasto total de la Oficina de Presidencia en 2016, 2017 y 2018 equivalió a 0.7% ($23.1 millones de pesos), 0.6% ($20.9 mdp) y 1.2% ($21.4 mdp) respectivamente.

Considerando el periodo entre 2016 y 2018, el promedio anual del gasto total en telecomunicaciones de la SCT resultó en $3.6 mmdp, de los cuales 24.9% corresponde a la participación de los  servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos por parte de Telecomunicaciones de México (Telecomm); 2.7% a la de supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones por parte del Organismo Promotor de Inversiones en Comunicaciones (PROMTEL); 17.2% a la del Programa México Conectado[3]; 22% al gasto en el Sistema Satelital; 8.9% a la Definición, Conducción y Supervisión de la Política de Comunicaciones[4]; y, finalmente, 24.2% a la participación promedio del Programa de Apoyo a Hogares de Escasos Recursos para Transitar a la Televisión Digital[5].

Como se puede observar, el entramado de política digital a cargo de la SCT y de la Coordinación de la EDN es diverso ya que, además de la implementación de acciones para promover el acceso a las TIC, estas abarcan desde la supervisión del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones hasta la inversión en sistemas satelitales, asimismo, fluctúa dependiendo de las necesidades coyunturales; por ejemplo, una vez concretado el apagón analógico el 31 de diciembre 2015, el gasto en telecomunicaciones que corresponde a 2016 se concentró en subsidios para que ciertos hogares tuvieran acceso a las señales digitales, posteriormente no se devengaron recursos.

En el trienio de 2016 a 2018, la política digital absorbió alrededor del 0.07% del gasto gubernamental y aunque esto derivó en un mayor número de mexicanos aprovechando las TIC, aún no termina por concertarse la universalidad en el acceso. Tan sólo la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información (ENDUTIH) 2017 señala que del total de hogares sólo 45.2% cuenta con computadora y 50.9% con conexión a Internet, siendo estos algunos de los retos para la definición del presupuesto digital que se avecina.