Regresividad Fiscal en Telecomunicaciones
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Ernesto Piedras |
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Radamés Camargo radames.camargo@the-ciu.net |
En un país con un déficit en la penetración de servicios de telecomunicaciones como México, la preservación de políticas fiscales adicionales como es el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), incide negativamente sobre la adopción de estos servicios, así como en el desarrollo de esta industria que contribuye de manera importante al crecimiento económico, a través del aumento en la productividad resultante de la adopción de estos servicios.
De nueva cuenta el cuerpo legislativo de este país ha ratificado en la Ley de Ingresos de 2016, la imposición de un gravamen especial del 3% sobre el consumo de servicios de telecomunicaciones. Aun a pesar del reconocimiento constitucional que tiene su acceso como derecho fundamental de los mexicanos.
La imposición de gravámenes especiales como el IEPS, impactan el precio final cargado a los consumidores, desincentivando el uso de estos servicios entre la población al considerarlos de lujo, y condenando así al rezago tecnológico y de desarrollo que vive el país.
Este gravamen, que nace de una desesperación fiscal, y que no constituye una verdadera política fiscal para el sector, resulta hoy incompatible con el carácter público y vulnera la esfera de protección y garantía del derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Ello resultando en un caso de inconstitucionalidad fiscal al gravar como de lujo un servicio que la Constitución consigna como servicio básico para la población mexicana.
Es un hecho que los impuestos en este sector gravan a quien más utiliza los servicios de telecomunicaciones, que no es equivalente a que paguen más los que disponen de mayor ingreso. De esta manera, se restringe en mayor proporción la adopción de estos servicios en los segmentos más desfavorecidos debido su efecto regresivo, limitando el acceso a los mexicanos más pobres.
Al analizar la participación de la recaudación por decil poblacional, podría pensarse que nos encontramos ante un impuesto progresivo, ya que pareciera que pagan más los que tienen mayores niveles de ingresos. En valores absolutos esta afirmación es verdadera, ya que los tres deciles con mayores ingresos aportan 58% de la recaudación total del IEPS en Telecomunicaciones.
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Contribución a la Recaudación Total del IEPS por Concepto de Telecomunicaciones |
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y SHCP |
En contraste, la siguiente gráfica muestra la proporción que representa la contribución al IEPS en Telecom sobre el ingreso de las familias mexicanas, en cuyo caso la progresividad del impuesto queda en duda. Si bien es verdad que la contribución representa una menor proporción del ingreso para los deciles más bajos de la población mexicana, esta situación se revierte para los deciles intermedios, que pagan la mayor proporción de impuestos respecto a su ingreso disponible.
Así, se demuestra que no pagan más los que más tienen, sino que el impuesto termina siendo más representativo para Niveles Socioeconómicos (NSE) medios que presentan una mayor susceptibilidad de reducir su consumo de estos servicios que los usuarios con mayores ingresos, y que, de acuerdo a la teoría económica, deberían estar pagando una carga menor que los NSE más altos para poder definir al impuesto como progresivo.
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Proporción de Ingresos Gastada en IEPS Telecom |
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit |
Entonces, en lo que a la progresividad del impuesto se refiere, su impacto recae principalmente en hogares con un mayor nivel de ingreso. Sin embargo, como se muestra en la gráfica, son los NSE medios los que pagan una mayor proporción de su ingreso disponible por concepto de IEPS revelando, en realidad, una tendencia regresiva.
De esta manera, la imposición del IEPS desincentiva la adquisición de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en segmentos medios y bajos de la pirámide social, consecuentemente, merma el desarrollo de este sector.
Lo anterior refleja un entorno contradictorio con base en el reconocimiento Constitucional que tiene el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones. Además de contravenir los objetivos de los programas de política pública de inclusión digital.
Bajo este contexto, continuaremos padeciendo este gravamen sobre los servicios de telecomunicaciones que vuelve prohibitivo su uso en los hogares que pertenecen a los deciles de ingreso más bajos, impidiendo la derrama universal de los beneficios que las telecomunicaciones brindan en términos de competitividad, productividad y bienestar.


