Tras arduas jornadas de consultas y discusiones en torno a la minuta en materia de telecomunicaciones en el Senado, y la elaboración de un voluminoso dictamen de 459 páginas donde se sustancian 18 modificaciones al documento enviado por la Cámara de Diputados, finalmente los senadores aprobaron en lo general y en lo particular la reforma a las telecomunicaciones, la cual saludamos por reconocer a este sector como factor de desarrollo y crecimiento del país.
Entre los cambios se reitera que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que el servicio público de telecomunicaciones, además de ser prestado en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y convergencia, se adiciona que será con “continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”. De lo anterior se interpreta que el servicio no deberá interrumpirse y que se preserva el derecho a allegarse, a informar y a ser informado, aunque no se hace alusión a temas de neutralidad de la red, la cual también tiene relación otro tipo de restricciones en materia del tráfico que circula por las redes.
Asimismo, se reconoce el derecho de los usuarios y de las audiencias, tanto en calidad de servicio para temas de telecomunicaciones como de contenidos para radiodifusión. Un paso adelante es el reconocimiento de concesiones medios comunitarios e indígenas sin fines de lucro (además de los usos comercial, público, privado y social), lo que traerá pluralidad y diversidad a los medios de comunicación.
Uno de los temas más importantes es un mayor reconocimiento en el artículo 28 constitucional al derecho a la justicia y el debido proceso. A diferencia de la iniciativa original del Pacto por México y la minuta del Senado, que negaban cualquier posibilidad de defensa ante los actos de la autoridad, el dictamen aprobado señala que la ley determinará los casos en los cuales, sin afectar el interés general, las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica se aplicarán hasta que se resuelva el juicio de amparo.
Así, se atiende un reclamo generalizado de la industria, en el sentido de que no se provoquen daños irreversibles y los operadores puedan ampararse ante resoluciones como pudieran ser declaratorias de dominancia o concentraciones. Aunque las de competencia son sólo unas de las muchas decisiones que podría tomar la autoridad, finalmente se introdujo un esquema de amparo que dote de cierta certidumbre al sector.
El otro cambio relevante tiene que ver con el nombramiento de los nuevos comisionados. El mecanismo de selección donde intervenía el Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Inegi desapareció y, en cambio, se aprobó que el Presidente de la República presente una terna a consideración de la Cámara de Senadores. Para la designación deberán comparecer los candidatos, quienes serán avalados por las dos terceras partes de los legisladores. Los presidentes tanto del Ifetel como de la Cofeco también serán nombrados por los senadores de entre todos los comisionados.
El dictamen aprobado eliminó la obligación de que los nuevos comisionados tuvieran título profesional específico en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, redujo de cinco a tres años la experiencia de los aspirantes a comisionados.
En lo que se refiere a la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz y la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad, se añadió que el Ejecutivo Federal (el responsable de dicha instalación) se coordinará con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
El conjunto de modificaciones a la minuta resultan del acuerdo de los partidos reunidos en las comisiones unidas del Senado que dictaminaron la reforma, por lo que se vislumbra la aprobación en la Cámara de Diputados antes del 30 de abril, así como en las entidades del país. Se requiere la aprobación de la reforma en 16 estados de la República; actualmente, 21 son gobernados por el PRI, cuatro por el PAN, cuatro por el PRD y tres más por la coalición de estas dos últimas fuerzas políticas, por lo que el aval de la reforma en las entidades del país es prácticamente una realidad.
El Congreso de la Unión tendrá un plazo máximo de 180 días (6 meses) para redactar y aprobar un solo ordenamiento legal convergente, es decir, de radiodifusión y telecomunicaciones. Si la discusión y el debate fueron intensos durante la reforma constitucional, lo será aún más durante la elaboración de la legislación secundaria. A diferencia de la iniciativa de reforma constitucional que requería de la aprobación de las dos terceras partes de la cámara en cuestión, para la ley reglamentaria sólo hará falta tener mayoría legislativa. De 128 senadores, el PRI tiene 54. De 500 diputados, el tricolor suma 213. Como se aprecia, el número de legisladores de otros partidos que tendría que sumar el PRI es menor que cuando se discutió la reforma constitucional.
Si los astros se alinean como hasta ahora ha ocurrido al procesar positivamente una reforma al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones, necesaria desde hace décadas, a finales de 2013 tendremos ley convergente y a partir de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto podrá liderar el sector de las telecomunicaciones con las nuevas reglas del juego: legislación, Ifetel y Cofeco con nuevos comisionados, organismo público de radiodifusión, tipos penales para castigar prácticas monopólicas, concesiones únicas, reglas de multiprogramación, inversión extranjera, declaración de agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones, desagregación de la red local del operador dominante, políticas públicas de inclusión digital universal, convocatoria para licitación de nuevas frecuencias de televisión abierta y, por si fuera poco, el inicio de la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones en la banda de 700 MHz.
Blog de Octavio Islas 