Internet Libre para Todos
Octavio Islas
“Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet parar garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto a otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a las elecciones libres”.
(Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet).
El agitado martes 5 de marzo, mientras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías conmocionaba a la opinión pública mundial, con el apoyo de 127 mil firmas –el mínimo requerido para poder presentar una iniciativa ciudadana, según establece el artículo 71 de nuestra Constitución, fracción IV-, el grupo ciudadano promotor de la Iniciativa Internet Libre para Todos presentó ante la Junta de Coordinación Política la iniciativa que propone el acceso libre a Internet. Ello supone reformar el artículo sexto de la Constitución, creando la ley reglamentaria correspondiente.
Fincar las bases del Servicio Público de Conexión a Internet supone crear una red pública a partir de los 21 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en sus notas algunos reporteros cometieron el error de considerar sólo 21 kilómetros-, y los 8 mil kilómetros de la zona metropolitana, las cuales, complementadas con tecnología inalámbrica de largo alcance para la conexión con el usuario final, asegurarían 5 mbps de velocidad en el ancho de banda.
Con el respaldo del senador Armando Ríos Pitter (senador por Guerrero del Partido de la Revolución Democrática), los principales promotores de la iniciativa –Paola Migoyi, presidenta de Evolución México A.C; Oscar Mondragón, experto en tecnologías de la información; el empresario Emilio Saldaña, y el activista Jesús Robles Maloof– argumentaron que con esta iniciativa se permitirá disminuir la brecha digital existente, ya que menos de 15% de los mexicanos tienen acceso a la banda ancha.
La propuesta ciudadana además comprende la creación del Programa Estratégico de Conectividad para asegurar la prestación del servicio de manera incluyente y con altos estándares de calidad, así como la creación de una Comisión Federal de Acceso Libre a Internet, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), y el Consejo Ciudadano Verificador.
La banda ancha hoy admite ser considerada como un factor estratégico en la competitividad de las naciones. De acuerdo con los resultados de estudios realizados por el Banco Mundial en 2009, si 10 por ciento adicional de la población obtiene banda ancha, el crecimiento del Producto Interno Bruto se incrementa 1.38 puntos porcentuales.
En la exposición de motivos de la iniciativa fueron incluidos algunos dolorosos datos sobre la brecha digital que observa el país en materia de telecomunicaciones. De los 19 países de América Latina, sólo Cuba y Bolivia observan una penetración menor a México en materia de telefonía móvil; de acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –las cuales los voceros de Carlos Slim sistemáticamente objetan-, el sobreprecio pagado en México por los servicios de telecomunicaciones representa 162 mil millones de pesos al año, cifra similar al subsidio anual a la gasolina.
Sin duda alguna Internet es uno de los instrumentos idóneos para exigir mayor transparencia en los actos y conductas de quienes ejercen el poder; acceder a la información y facilitar la participación ciudadana activa en la consolidación de sociedades democráticas –como atinadamente sostiene Frank La Rue, Relator Especial para la promoción y protección de los derechos para la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La discusión sobre la iniciativa Internet libre para todos coincidirá con el debate sobre la reforma a la ley de telecomunicaciones, que se ha retrasado frente a las distintas posiciones de los grupos empresariales y de los negociadores de los partidos que participan en el Pacto por México.
Sin embargo, en esta discusión se tendrá que considerar primero cómo enfrentar también los diversos e importantes retos que en términos de infraestructura y costo público podrán derivar de esta honesta pero difícil propuesta, considerando la oposición que ejercerán los principales ISPs, los cuales de ninguna manera desean perder sus mercados.
