Banda ancha como servicio público, políticas y Comisión Nacional
JORGE FERNANDO NEGRETE P.
DIRECTOR GENERAL DE MEDIATELECOM POLICY & LAW
Como parte de su decisión número diez pronunciada durante su primer discurso como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto dijo que fomentará mayor competencia en las telecomunicaciones, licitará en los próximos meses dos nuevas cadenas de televisión abierta y hará del acceso a la banda ancha un derecho.
Como discurso inicial, todas ellas son decisiones atinadas. Desde su primer día de gobierno Peña Nieto enfrenta desafíos importantes para el país y supo jerarquizar aquellos temas que requieren una atención prioritaria, como es el caso de regular la banda ancha. Hay que estar atentos a las formas y los mecanismos para que esas decisiones que impactarán de manera directa al sector y los consumidores se lleven a cabo de la mejor manera, con base en la atención a las necesidades nacionales, aprendiendo de otras experiencias pero sin copiar modelos que pudieran ser positivos pero que no obedecen a nuestra realidad.
El tema de la licitación de frecuencias para dos nuevas señales de televisión abierta debe verse con cautela pues uno de los modelos prevalecientes en el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es la conformación de dos cadenas regionales, lo cual no constituiría un contrapeso suficiente al poder de mercado que actualmente ostentan Televisa y TV Azteca, que además se encuentran aliadas a través de Iusacell y que tienen una presencia cada vez más destacada en las telecomunicaciones y muchas otras industrias de la comunicación y el entretenimiento.
Mediatelecom considera que la urgente necesidad de abrir el mercado de la televisión abierta y propiciar nuevas opciones implica que su cobertura sea nacional y que se creen condiciones de política pública para que el llamado «apagón analógico» y la transición a la televisión digital terrestre no cree usuarios de primera y de segunda en el acceso a las tecnologías de recepción digital. Es por ello que los esfuerzos del nuevo gobierno debieran estar destinados al fortalecimiento de las opciones de radiodifusión pública, las únicas que pueden constituir un auténtico contrapeso a los esquemas de televisión comercial.
En cambio, una estrategia recomendada y aceptada por organismos internacionales, y llevada a cabo con éxito por países desarrollados, es el fomento a la banda ancha. El presidente Peña Nieto inició su mandado con el mensaje correcto: hacer del acceso a la banda ancha un derecho de los mexicanos. Sin embargo, la idea debe matizarse y reflexionarse mejor a la hora de su implementación. La banda ancha sólo es una herramienta, de lo contrario tendríamos que declarar el derecho a la televisión, la radio o el teléfono móvil. En cambio, lo pertinente sería incorporar la banda ancha y las señales radiodifundidas dentro del régimen de servicio público, tal y como está contemplado en el artículo 28 constitucional.
Así, la banda ancha como servicio público se entiende como una necesidad y como factor de desarrollo nacional, es decir, como ocurre con otras necesidades y servicios básicos como la alimentación, el agua, la energía en sus diversas facetas, el transporte multimodal y ahora la conectividad de banda ancha.
A la vanguardia de esta tecnología, Finlandia fue el primer país en el mundo en considerar la banda ancha como un derecho legal de todos los ciudadanos, tras la entrada en vigor el 1 de julio de 2010 de una ley en la materia. En un principio se definió que todos los operadores estaban obligados a proporcionar una velocidad de 1 Mbps, pero existe el compromiso de que para 2015 los fineses tengan conexiones de 100 Mbps, pues la velocidad inicial ya resulta insuficiente para la prestación de otros servicios.
La clave a entender es que en aquel país nórdico se concibió la banda ancha no sólo para el entretenimiento sino para una multiplicidad de servicios públicos como educación, salud y seguridad, es decir, para beneficio de la población. Por ello, las autoridades finesas conceptualizaron la banda ancha como un derecho legal y no sólo como un servicio más de telecomunicaciones. Es decir, brindar conectividad de banda ancha forma parte de la responsabilidad del Estado para que éste pueda prestar de manera eficiente los servicios básicos a la población, de ahí su carácter de servicio público. Por eso el tema de la velocidad va a determinar los usos sociales y públicos de la banda ancha.
Un caso previo fue el de Suiza, cuando desde 2006 previó que entonces garantizaría conexiones de 600 kilobytes de bajada y 100 de subida a partir del 1 de enero de 2008. En otras naciones como Grecia, Estonia y Francia el acceso a Internet también es un derecho pero en su momento no se contempló el tema de la velocidad. En América Latina el país que tomó la batuta al respecto fue Perú, donde el 20 de julio de 2012 se promulgó la Ley 29904 denominada de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. El objetivo es desplegar la infraestructura que permita impulsar, socializar, masificar y democratizar la banda ancha a alta velocidad.
Los datos más recientes de la Encuesta de Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del INEGI revelan que a abril de 2012 existían 40.9 millones de usuarios de Internet. Por su parte, la Cofetel informó que existen 10 millones de conexiones de banda ancha móvil; aunque el regulador no precisó el dato de conexiones fijas, Mediatelecom Policy & Law las estima en 15 millones a finales de 2012. A junio del mismo año la penetración de banda ancha fija era de 10.8 y de móvil de 9.5. Esta cifra contrasta, por ejemplo, con Chile, donde existen 17 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes.
Por lo tanto, ahora hay que partir del hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto inicia su mandato con este rezago en materia de telecomunicaciones y conectividad de banda ancha; expuesto así el diagnóstico, para que su fomento sea acelerado debe declararse la banda ancha como servicio público.
Recientemente, Mediatelecom Policy & Law dio a conocer un estudio titulado «El impacto (real y deseable) de la banda ancha», donde por primera vez se calcula y se dan a conocer los costos pero sobre todo las oportunidades perdidas en materia de crecimiento económico, incremento del PIB y generación de empleo por no haber impulsado de manera decisiva políticas públicas de fomento a la banda ancha.
En resumen, puede afirmarse que a partir de 2009 se requería un crecimiento promedio anual de 37 por ciento para lograr las 22 conexiones de banda ancha fija por cada 100 usuarios al término del sexenio. Asimismo, el PIB de México dejó de generar 62 mil millones de pesos reales en 2011, equivalentes a 0.67 por ciento de crecimiento económico para el país. Por si fuera poco, se perdió un incremento adicional de 1.18 por ciento al PIB durante 2012 por no cumplirse la meta prevista en 2007. Finalmente, en 2011 pudieron generarse poco más de 390 mil nuevos empleos formales derivados del crecimiento en la penetración de banda ancha.
Por lo tanto, para materializar el acceso y el servicio público de banda ancha en concordancia con el mensaje de Peña Nieto, se requiere en primera instancia una Ley de Banda Ancha y Sociedad de la Información que reglamente el servicio público de banda ancha con el objetivo de llevar al país a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
El paso siguiente tendría que ser la conformación de una Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC, tal y como Mediatelecom Policy & Law le solicitó al entonces presidente electo a través de una carta abierta firmada por un grupo de académicos y especialistas de la comunicación provenientes de diversas áreas del conocimiento. Esta Comisión tendría entre sus primeras tareas la publicación del Plan Nacional de Banda Ancha y la Agenda Digital de México. La Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC es el mejor esquema para promover y masificar esta herramienta como servicio público, a través de redes de nueva generación que contemplen infraestructura para el transporte de datos, contenidos y aplicaciones digitales y dispositivos terminales. Todas las tecnologías y plataformas de acceso deben ser contempladas a la hora de hacer valer el servicio público de banda ancha.
Una vez que Peña Nieto presenté y se apruebe por el Congreso de la Unión la iniciativa de declarar la banda ancha como servicio público en beneficio de todos los mexicanos, el siguiente paso es la iniciativa de ley y el diseño de las políticas públicas que permitan hacer real y acercar la conectividad y el Internet a todos los habitantes del país. Finalmente, es la creación de la Comisión Nacional de Banda Ancha y TIC la encargada de coordinar los trabajos, esfuerzos e iniciativas para que el nuevo servicio público se alcance en el menor tiempo posible, pues se trata de maximizar el bienestar de la población.
Los objetivos, las líneas de acción, las estrategias y la evaluación de los resultados necesarios para considerar la banda ancha como un servicio público y fomentar su desarrollo en beneficio del país, debiera plantearse en dos momentos concretos: 2015 y 2018. La primera fecha no sólo coincide con la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto sino con el compromiso que signó el gobierno mexicano de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La banda ancha puede contribuir de manera destacada a alcanzar para 2015 dichos objetivos a los cuales se comprometió nuestro país, a saber: erradicar la pobreza y el hambre (coincidente con la política social y uno de los ejes prioritarios que expuso Peña Nieto durante su discurso), lograr la educación universal, alcanzar la equidad de género, procurar la salud de la infancia, velar por la salud materna, erradicar padecimientos globales, procurar la sustentabilidad del medio ambiente y lograr alianzas entre los sectores público y privado.
Si a partir de 2013 la banda ancha será un servicio público para todos los mexicanos, es importante que, ahora sí, todos los interesados en el sector, quienes permanecieron confrontados durante el sexenio pasado, participemos de él. Las autoridades sectoriales entrantes deben comprender que los tiempos han cambiado y que las decisiones rápidas y exitosas que se tomen en materia de comunicación deben estar avaladas por el consenso que genera la convocatoria a la sociedad para que participe y sea tomada en cuenta. Entonces sí hablaremos de «democracia de resultados».
Blog de Octavio Islas 