9045 Mediatelecom, Los medios públicos, la obsesión por la inconsistencia, Jorge Fernando Negrete

Los medios públicos, la obsesión por la inconsistencia

Antecedente

El presidente de la República, Felipe Calderón, anunció la ampliación de la red de televisión pública de México con la infraestructura y cobertura ofrecida por el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA). En dicho evento, el presidente afirmó:

1. Que es importante que la televisión pública sea accesible a todos los mexicanos, que se vea  en todo el país y que sea de Estado.

2. Que entran en funcionamiento retransmisoras del OPMA generando la mayor ampliación de cobertura de la televisión pública en su historia.

3. Que la señal análoga del nuevo Canal 30 cubrirá 50 por ciento del territorio nacional y seleccionará los mejores contenidos de los canales 11, 22, además de otros contenidos.

El contexto

La reflexión del papa Gregorio Magno puede ser aplicada hoy en día a los medios electrónicos: la radio, la televisión y las telecomunicaciones son al hombre llano lo que la escritura es al letrado. Por esa razón, la responsabilidad del Estado sobre los medios denominados “públicos” es más importante que nunca.

Estos medios son una asignatura y herramienta jurídica de los Estados contemporáneos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales del hombre, así como para implementar políticas públicas en materia de derechos sociales, educación, cultura y derechos políticos. La radiodifusión y las radiodifusoras denominadas públicas, cumplen una función vital dentro del complejo y diversificado mapa de las sociedades democráticas contemporáneas y de su desarrollo a estadios más plenos de bienestar, legitimando a las instituciones sociales y fortaleciendo el Estado de derecho.

Las sociedades modernas aspiran a contar con ciudadanos mejor informados en lo político, económico y social, conformando una masa de opinión pública informada que mejore la toma de decisiones en su vida cotidiana, así como responsabilidades ciudadanas como la elección de sus representantes políticos.

Sin embargo, la historia nos ha enseñado que ha existido una vocación por transformar la radiodifusión en un poder político, que ha pasado de servir a la sociedad, a servirse de ella, transformándose de tanto en tanto en monopolios públicos y privados, evitando la competencia y soslayando los derechos de los ciudadanos. En uno y otro caso han sido y son perjudiciales, ya que distorsionan severamente los modelos de comunicación, creando entidades que de manera similar replican el abuso del poder que les da el monopolio, imponiendo posiciones ideológicas, políticas, emitiendo opiniones parciales, concentrando la publicidad y los ingresos; construyendo una opinión pública a favor de posiciones personales; defendiendo en la pantalla intereses corporativos, partidistas y generando confusión en las posiciones de consumo económico, político y social de la sociedad. En suma, construyendo sociedades que no disfrutan de la pluralidad informativa, y por lo tanto, se ve restringido el ejercicio de la opinión pública.

El derecho a ser informado por esta vía siempre estará en peligro si la ley y el Estado de derecho no sujetan y regulan esta actividad. Karl Popper^[1] decía que “la democracia consiste en poner bajo control el poder político”, y afirmaba que “la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente, se podría decir, el más importante de todos”: Y concluía que “ninguna democracia puede sobrevivir si no se pone fin al abuso de ese poder”.

La fórmula explosiva que resulta de mezclar la tecnología de las comunicaciones,  el poder político y los ingresos derivados de las enormes ganancias económicas de esta industria, ha provocado una evolución más bien errática y confusa en el desarrollo de los denominados medios públicos. Lo anterior ha ocasionado algunas de las más importantes discusiones del derecho público y de la comunicación en los últimos setenta años.

Las emisoras públicas se han visto afectadas por estos debates y se extiende la discusión ya no sólo a su naturaleza tecnológica e informativa, sino a sus consecuencias para la democracia, la economía y el fortalecimiento de los Estados. Eso explica los sucesivos intentos por definir su rumbo en diversas partes del mundo, así como los discursos públicos de algunos líderes internacionales. Por ejemplo, Valéry Giscard D´ Estaing decía en mayo de 1988:^[2] “la televisión Europea es demasiado importante como para dejarla a los intereses del mercado”.

Estas preocupaciones no quedaron fuera de la academia y profesores tan reputados como Maurice Duverger afirmaban que “el pluralismo de los partidos políticos continuaría siendo ilusorio y formal si no se acompaña del pluralismo de los medios de información”,^[3] y que “existen excepcionalmente en los países capitalistas algunas instituciones originales que tienden a una información realmente independiente, es decir, que no se hallan sujetas al Estado y a las servidumbres capitalistas al mismo tiempo. La organización de la radio o de la televisión en servicios públicos autónomos con respecto al Estado, administrados por un consejo de administración formado por delegados de los periodistas, por representantes de los usuarios y por personalidades independientes, parece ser muy eficaz a este respecto. La BBC inglesa está organizada de acuerdo con este tipo y su independencia es bastante notable”.

La materia

El surgimiento del servicio de comunicación integrado por la radiodifusión y las telecomunicaciones a principios del siglo XX, así como su inmediata adopción por la sociedad, obligó a los Estados contemporáneos a destinar la participación de los poderes instituidos para la creación de un régimen de derecho público, que regulara los derechos de los ciudadanos y a los actores que se integran a estos sistemas de comunicación.

Este modelo es complejo y variable en cada país y su adopción es afectado por factores políticos, económicos, jurídicos e incluso culturales. Dentro de este modelo, en las últimas décadas se ha reconocido en casi todo el mundo la necesidad de incorporar el concepto de “medios públicos” como una institución fundamental dentro del régimen de radiodifusión y las políticas de comunicación occidentales, esencialmente para garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión, la democracia, la educación, la difusión, identidad y diversidad culturales, así como la protección de los derechos de los grupos socialmente vulnerables y de los consumidores.

Estos fines no siempre han sido los mismos y han evolucionado a lo largo del tiempo, siempre a partir de circunstancias y momentos históricos directamente vinculados a la evolución de los derechos políticos de las naciones, de los intereses económicos de los actores y el eventual desarrollo de la tecnología.

Estados democráticos contemporáneos, el Consejo de Europa y algunos organismos internacionales han reconocido el servicio público de radiodifusión por ser un elemento vital para la democracia al que se le considera, incluso, un bien cultural que debe ser preservado. Sin embargo, en los últimos años estas entidades han estado inmersas en un proceso de replanteamiento, evolución y, en algunos casos, de búsqueda de la identidad perdida.[4]

Aunque joven, esta institución ha propiciado debates muy intensos en diversas épocas y geografías, dividiendo al mundo desde su origen en dos grandes modelos: en un principio, el modelo monopólico europeo, mismo que evolucionó al sistema concurrente denominado dual y, por el otro, el modelo privado y competitivo norteamericano. En ambos casos se antepone la preocupación del Estado y sus órganos internos a partir del reconocimiento del “interés público” y como consecuencia garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, parece que el diálogo a lo largo de los últimos 70 años sobre esta materia nos permite identificar una serie de conceptos que en principio parecen iguales, pero que en la práctica son totalmente distintos. Por si fuera poco, estamos ante el caso de una institución reconocida y mencionada con el mismo nombre en muchos países, pero regulada, entendida y estudiada de manera distinta. Todo indica que enfrentamos una palabra que, como Robert Dahl dice sobre la democracia, significa “muchas cosas distintas para gente diferente en diversas épocas y lugares”.[5]

Estamos ante una expresión polisémica a la que se le atribuyen significados y referencias políticas y sociales relativas, cuando no subjetivas. Ha sido defendida por gobiernos democráticos modernos y también por Estados totalitarios; ha sido sinónimo de medios cooptados, pero una referencia clara para defender la pluralidad democrática. En Europa se la ve como parte del sistema soberano-dual de la radiodifusión, pero en Estados Unidos es parte de la tradición política de descentralización local de la radiodifusión y de respeto a la sociedad civil organizada. En Europa se buscan medios públicos dominantesy sólidos, en Estados Unidos muchos medios, locales e independientes. Es vista en Europa como una entidad pública, creada, financiada, administrada y auditada por el Estado, pero en Estados Unidos es la sociedad civil organizada la que obtiene el privilegio de tal denominación.

Estos medios públicos pueden ser, por ejemplo en Inglaterra, eminentemente centralistas y creados por una Carta Real; en Alemania son descentralizados y autónomos en sus respectivos landers. En España pueden contar con un estatuto de autonomía, pero depender al mismo tiempo del Parlamento; en Estados Unidos los medios públicos pueden ser regulados por un órgano autónomo de los poderes públicos.

Por si fuera poco, en América Latina y México nos enfrentamos a múltiples denominaciones para referirnos a los “medios públicos”: medios de gobierno, oficiales, culturales, educativos, de interés público, del Estado, de titularidad pública o de derecho público… Mientras que nuestros vecinos en Estados Unidos integran a esta noción a los medios comunitarios, indigenistas y universitarios.

Conclusiones

La presentación del programa de repetidoras de los denominados por el presidente Calderón “medios públicos”, es una iniciativa llena de ocurrencias vestidas de populismo en la que se prefirió trabajar en los anuncios grandotes y no en la construcción de instituciones republicanas. Los medios públicos en México no existen, no sólo porque no están contemplados en la legislación, sino porque no han sido definidos en su estructura, elementos operativos, filosofía y fines sociales. Los medios públicos en el mundo están alejados del gobierno y de cualquier posible cooptación por parte del partido en el poder. Por lo tanto, cuentan con ciertas características que a continuación enunciamos:

• Independencia política y administrativa: no están alojados en la Administración Pública tradicional (véanse los casos de RTVE, BBC, Corporation for Public Broadcasting, etcétera).

• Participación ciudadana: en todo medio público se encuentran órganos de participación ciudadana que coadyuvan en la programación y el diseño de contenidos.

• Independencia editorial: no existe forma alguna de influir sobre los noticieros y periodistas del medio público.

• Servicio Público: los derechos garantizados por este servicio se encuentran en la categoría de fundamentales, por lo que al involucrar la explotación del territorio del Estado y el espectro radioeléctrico, transforman como imperativo jurídico los fines del Servicio Público de Comunicación al buscar garantizar la protección de los derechos a la información, la cultura, la educación y los valores democráticos universales. Dividir, seccionar o limitar en categorías este servicio constituye una violación flagrante a los derechos de igualdad y certeza jurídica establecidos en la Constitución.

• Acceso universal: nadie puede ser marginado del acceso al servicio público de radiodifusión por ninguna causa, ya sea racial, religiosa, geografía o lingüística.

• Presupuesto propio: debe existir una partida pública que garantice la viabilidad del proyecto.