MEDIATELECOM Consulting
Misión ¿imposible? de Héctor Olavarría: dictar política y recomponer el rumbo
Aunque muy tardíamente, Mediatelecom celebra el nombramiento de Héctor Olavarría Tapia como Subsecretario de Comunicaciones el pasado viernes 24 de junio. A diferencia de designaciones anteriores en la Cofetel, el nombramiento de Olavarría Tapia sí es meritocrático y se evitó colocar a un funcionario exclusivamente con fines políticos y de control, pues venía desempeñándose en la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la SCT, nombrado en ese cargo por Luis Téllez Kuenzler. Su ascenso es lo que todo funcionario desea, y no que se imponga a alguien con agendas preestablecidas y, no pocas veces, desconocimiento en la materia.
Mediatelecom ha sostenido los últimos 2 años la falta de liderazgo y de visión estratégica en el sector telecomunicaciones y radiodifusión por parte del gobierno federal. Esta realidad encuentra su origen en la falta de una política pública desde el principio del sexenio y en el hecho de que el presidente de la República no había logrado sentar en las sillas correctas (Cofetel y la Subsecretaría de Comunicaciones) a funcionarios competentes e institucionales, que supieran trabajar con lealtad, desde luego, pero sobre todo coordinados para construir conocimiento colectivo del sector y en bien del interés público.
Previo al nombramiento de Olavarría, la Subsecretaría de Comunicaciones permaneció acéfala durante un año, y estuvieron en el cargo Gabriela Hernández, Purificación Carpinteyro y Rafael del Villar. Independientemente de sus decisiones, Del Villar fue un funcionario leal al presidente que, sin embargo, recibió el peor de los tratos mientras Calderón se decidía por designar a Alexis Milo Caraza como nuevo comisionado económico de la Cofetel, violando la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Durante los últimos años hemos sido testigos de un monumental desacierto gubernamental de vivir con dos percepciones del mismo problema, con una mesa con sólo dos patas que no logra equilibrarse sola. Para que la mesa esté estabilizada y todos podamos departir en ella, se requiere amplia cobertura de servicios, competencia sin discriminación, convergencia plena y certidumbre jurídica, apuntalados por una quinta columna: calidad en los servicios de telecomunicaciones. Las cinco “C” conducidas al mismo tiempo (como el auriga que conduce el carruaje) y no de manera separada, porque no es verdad que el dogma de la competencia por sí mismo llevará más servicios de telecomunicaciones a todos los mexicanos.
La Cofetel y la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT representan uno de los temas de política pública más importantes de los últimos años, por cuanto el reto se sostiene a partir de planear, coordinar y regular. La ley es clara al respecto. La SCT planea, formula, conduce, coordina, programa y dicta la política de telecomunicaciones; la Cofetel, en cambio, regula. La primera dice qué hacer, la segunda decide cómo hacerlo. Por eso la Cofetel requiere autonomía e independencia para tomar sus decisiones.
Las dos instancias están vinculadas por un principio de corresponsabilidad administrativa que las vincula indisolublemente al remitir sus acciones de coordinación y colaboración derivadas del Plan Nacional de Desarrollo. Ni una ni otra cumplieron coordinación alguna ni elaboraron agenda integral del sector. Se creó una sistematización institucional de la ocurrencia que trató de avanzar en el sector a partir de aplicar políticas recomendadas por organismos internacionales como la OCDE y la USTR, ignorando la realidad mexicana.
Implementar políticas diseñadas en economías desarrolladas, algunas con elevado nivel de ingreso, menor desigualdad social y alta penetración de servicios de telecomunicaciones y nuevas tecnologías, ha dado como resultado en México la creación de monopolios de tercera generación, competencia artificial en el sector, privilegio de acceso a servicios de telecomunicaciones a las clases media y alta, discriminación en materia de derecho a la información, lentitud en la incorporación de nuevas tecnologías, mala percepción y crecimientos mediocres del sector o basados en un solo servicio (televisión satelital).
En contraparte, se ha abandonado la cobertura rural de banda ancha y de servicios de telecomunicaciones y la excesiva politización del sector ha dado como resultado crecimientos que no reflejan el desarrollo y las oportunidades del sector. Proveedores de nuevas tecnologías, tanto de telecomunicaciones, como de TICs, han visto cómo se desperdicia el potencial del mercado en su conjunto. La prioridad de desarrollo integral del sector comienza por la cobertura social y el acceso universal, acompañada por la convergencia y la competencia. Una política basada en el crecimiento sistemático del sector puede proyectar el desarrollo y el bienestar de la población a números excepcionales y potenciar a la sociedad en su conjunto.
Mediatelecom saluda el nombramiento de Héctor Olavarría pero manifiesta su preocupación por las siguientes razones:
1. La Cofetel y la Subsecretaría de Comunicaciones deben establecer inmediatamente una agenda mínima del sector con fundamento en las responsabilidades y facultades en materia de planeación de la Administración Pública Federal, rectoría económica del Estado, conducción de políticas y programas, desarrollo y regulación eficiente de las telecomunicaciones y amplia cobertura social.
2. La Cofetel y la Subsecretaría deben establecer los objetivos mínimos en materia de cobertura y acceso universal a la banda ancha para alcanzar la meta de penetración programada de 60 por ciento en 2012.
3. Las bases de esta acción de política pública deben sustentarse en la creación del servicio público de telecomunicaciones y la regulación del mercado.
4. Debe fortalecerse la promoción de servicios de banda ancha en zonas rurales y marginadas, así como para grupos vulnerables. El crecimiento en zonas urbanas y residenciales responde a la dinámica misma del mercado.
5. La Cofetel y la Subsecretaría deben regularizar los procedimientos encaminados a garantizar la convergencia plena en todas las plataformas de telecomunicaciones, con criterios claros y expeditos.
6. Ambas entidades deben preparar una propuesta de agenda transexenal y con alcance estratégico para los próximos cinco años.
7. La Cofetel y la Subsecretaría deben preparar una propuesta de reforma legislativa del sector para ser presentada ante el Congreso, que retome las iniciativas de ley que ya se encuentran en comisiones.
8. La Cofetel y la Subsecretaría deben preparar los elementos básicos para otorgar certidumbre jurídica a los medios públicos y su acceso a la convergencia y la digitalización.
9. La Cofetel y la Subsecretaría deben liderar un proceso de diálogo en el sector que busque evitar litigios y estimule el sector de las telecomunicaciones.
Pareciera que la política de telecomunicaciones ya está dictada, en el sentido de favorecer a ciertos grupos de comunicación (particularmente el encabezado por Televisa) y obstruir a otros (en este caso Telmex-Telcel, negándole al primero el cambio en su título de concesión para ofrecer televisión y dictando regulaciones basadas en procedimientos cuestionables y decisiones opacas) lo que resta del sexenio. Lo anterior parece claro porque muchos analistas y comentaristas en medios (incluidos legisladores como el senador Javier Orozco Gómez) han virado el foco de su atención hacia las acciones del IFE (quizá porque consideran que el sector telecomunicaciones está resuelto a favor de Televisa), emprendiendo un embate desproporcionado y de desinformación desde los medios electrónicos y las columnas en prensa por el tema de la regulación del derecho de réplica y el modelo de comunicación política vigente desde la reforma electoral de 2007.
Por cierto, consideramos que las muestras de presión y de intimidación de la CIRT y sus radiodifusores agremiados no deben conculcar los derechos fundamentales, entre ellos el anhelado derecho de réplica, ni tampoco minar la confianza en la institución electoral de cara a los comicios de 2012, al mismo tiempo que hacemos un llamado a los legisladores para que dejen de ser omisos en su compromiso de reglamentar el derecho de réplica, como también han sido omisos durante Legislaturas enteras por legislar de manera integral en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.
Por lo tanto, Olavarría Tapia tiene ante sí el reto de dictar una política integral e incluyente de telecomunicaciones, proponer cambios institucionales y, sobre todo, recomponer el rumbo en el sector. El nuevo subsecretario de Comunicaciones ha sido artífice y ha estado detrás de recientes políticas como el diseño de licitaciones del espectro radioeléctrico (algunas muy polémicas como la licitación 21), de la licitación de la red troncal de fibra oscura de la CFE, la consolidación de Áreas de Servicio Local y la instrumentación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, que no ha tenido los resultados esperados.
No tenemos certeza de que la reestructuración del sector vaya a ocurrir de manos de Olavarría o sólo tenga la instrucción de coordinar programas ya existentes y administrar el actual estado de cosas que frena el desarrollo nacional. Sin embargo, cuando fue candidato a dirigir la Oficina de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la UIT, declaró que “Como encargado de fijar la política de telecomunicaciones en México, una de mis principales preocupaciones ha sido incrementar la penetración de servicios de telecomunicaciones y facilitar el uso de las TIC en mayores sectores de la población, convencido de que es un factor determinante para el desarrollo económico y social del país.” Esperemos que actúe en ese sentido. Si así lo hiciere, que la Nación se lo premie, si no, que se lo demande.
Blog de Octavio Islas 