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Mitos y realidades de la televisión por cable en México: ¿impulso o privilegio?

Es positivo que un gobierno impulse a su industria nacional, porque además es un mandato constitucional. El reconocimiento que de este impulso hizo la Cámara Nacional de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) al presidente Felipe Calderón, durante su evento anual Expo Canitec 2011 en Puebla, en voz de Alejandro Puente, dirigente del organismo, es loable porque cuando algo se agradece es porque antes alguien ha tomado en cuenta ciertas peticiones y lo menos que se puede hacer es reconocerlo.

El propio Alejandro Puente se encargó de recordarlo, cuando en su intervención al inaugurar el evento mencionó: “En este mismo espacio, en la Expo Canitec, pero de 2006, en Veracruz, cuando usted todavía era candidato a la Presidencia de la República, se comprometió a generar mayor competencia, mayor cobertura y convergencia en el sector. Hoy, cinco años después, los hechos nos dejan ver que está usted cumpliendo con su palabra para bien de México. Lo celebramos y lo reconocemos.”

Calderón también lo recordó en su oportunidad y dijo: “Y recuerdo que ahí asumimos, incluso, algunos compromisos que, a la luz de lo que hemos hecho ahora, se ven hasta menores. Me parece que el compromiso, la petición y el compromiso que hicimos ahí, que se veía inmenso, que no se había podido cumplir, que había encontrado múltiples resistencias, era el de, si no me equivoco, el de reducir el cobro de la renta de los postes de Comisión Federal de Electricidad. Y no sólo lo hicimos, sino que lo transformamos en un derecho. Pienso que esto le dio competitividad a la industria.”

En efecto, el entonces candidato del PAN a la presidencia se comprometió con la Canitec y cumplió. Es una confesión pública y la cámara de los cableros ha sabido pasarle la factura al actual mandatario.

Sin embargo, debemos distinguir claramente la diferencia entre impulsar a la industria (cualquiera que ésta sea) y privilegiar a unos cuantos. También convendría erradicar algunos mitos en torno a la industria de televisión por cable. La Canitec no sólo aglutina a los empresarios del ramo sino que además es un órgano de consulta del Estado mexicano. Entre otras, tiene la tarea legítima de defender los intereses de sus agremiados. Según datos de la propia Canitec, la industria del cable cuenta con 5.5 millones de suscriptores de televisión, 2 millones de usuarios de Internet y 1.2 millones de líneas telefónicas en 2 mil localidades con cobertura.

La industria de la televisión por cable inició en México nació en los años cincuenta del siglo 20. Desde sus orígenes, ha conservado su posición de proveedor único en las poblaciones donde los concesionarios ofrecen sus servicios. Por lo tanto, ha tenido más de medio siglo para desarrollarse, pero su impulso real data de unos años a la fecha.

Lo primero que hay que decir es que, previo al ingreso de Dish al mercado de la televisión satelital, la TV restringida siempre ha sido un servicio destinado a los sectores medios y altos de las zonas residenciales con elevados ingresos. Es decir, los sectores de bajos recursos nunca han sido una preocupación de esta industria, cuyas inversiones y planes de negocios sólo se destinan a mercados boutique y de elevada renta.

Sólo recientemente algunos operadores comienzan a ofrecer planes tarifarios y paquetes de programación a ciertos sectores menos pudientes. Sin embargo, los paquetes triple play y de Internet de alta velocidad que ofertan los cableros también están acotados a pequeños sectores y no al grueso de la población. A diferencia de lo que pudiera creerse, la situación descrita no es natural ni inevitable, sino resultado de planes de negocios con esas características, además de escasa regulación con perspectiva de servicio social.

Cuando la Canitec firmó en 2003 un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para proveer de conectividad a 2 mil 600 Centros Comunitarios Digitales (CCD) del Sistema Nacional e-México, los concesionarios precisaron que su cobertura sólo les permitía brindar acceso a la red a 300 CCD. Cuando el 16 de diciembre la SCT anunció con bombo y platillo que había firmado un convenio con Megacable para ofrecer Internet a 3 mil 38 sitios comunitarios o públicos a tarifas preferenciales, la institución no precisó que sólo abarcaría el área de cobertura de ese operador y que no extendería su red para abarcar más usuarios.

El estudio Developments in Cable Broadband Networks de la OCDE revela que los operadores de cable en México ofertan anchos de banda con las tarifas más elevadas de los países de la OCDE, no obstante empaquetan servicios y en cuanto a Internet no están interconectados con la red de Telmex. Asimismo, el índice de Precios al Consumidor del Banco de México ha mencionado que los operadores de cable han aumentado sus precios al público 24.8 por ciento (diciembre de 2010), mientras que los precios de la canasta de servicios básicos de telefonía sí se han reducido, aunque siguen siendo elevados para el grueso de la población. Por otra parte, mientras las tarifas de telefonía fija y móvil son iguales, los cableros no tienen la obligación de ofrecer el mismo precio para un mismo servicio en poblaciones distintas.

La inversión de los cableros también es escasa y, como ya se mencionó, casi no abarca zonas rurales o suburbanas marginales. En un lapso de diez años, de 1999 a 2009, la industria de televisión por cable invirtió 2 mil 620 millones de dólares. En cambio, en el mismo lapso, los concesionarios de telefonía local y de larga distancia invirtieron 20 mil 832 millones de dólares. A pesar de su crecimiento, los cableros sólo contribuyeron con 6.36 por ciento de la inversión total del sector de las telecomunicaciones, mientras que los operadores telefónicos aportaron 50.58 por ciento durante la década mencionada. Desde luego, no soslayamos el hecho de que, por la talla de Telmex, debe ser un operador que invierta más para ampliar su red e infraestructura.

La Canitec anunció que para 2011 sus agremiados invertirían 700 millones de dólares. Sin duda, se trata de una cifra loable. Sin embargo, es posible que esa cantidad incluya que la debe realizar el consorcio ganador de la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tanto presumen Felipe Calderón y Dionisio Pérez-Jácome. Por cierto, la red de la CFC se trata de una infraestructura pública concesionada a Televisa, Telefónica y Megacable, no de un cableado que hayan desplegado dichos operadores.

Los privilegios no son nuevos ni recientes. Mientras en otros países el cableado es subterráneo (como ocurre con las empresas telefónicas), en México se permitió a los operadores de televisión restringida utilizar la infraestructura pública de postes para ahorrase el gasto de abrir calles e instalar una red subterránea, además de deteriorar el paisaje urbano con kilómetros de cables por encima de nuestras cabezas.

Se menciona que Telmex ha impedido la entrada de los operadores de cable a la telefonía fija; sin embargo, desde 1990 los cableros han podido incursionar en la telefonía local, si bien es cierto que en ese año no existía regulación al respecto, pero no restricción. Desde el 7 octubre y el 18 de septiembre de 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió acuerdos que permiten a todos los operadores de televisión restringida ofrecer el servicio de Internet. Por cierto, antes de que Telmex proveyera su servicio de banda ancha a través de Infinitum, Megacable ya había iniciado la provisión del servicio de banda ancha en 1997 y Cablemás lo hizo en 1999, porque no había restricción alguna.

El 17 de noviembre de 2004 y el 5 de enero de 2005 la SCT publicó los acuerdos que autorizaron a los operadores de televisión y audio restringidos prestar el servicio de transporte de señales de telefonía local. En ambos casos, los acuerdos secretariales no exigieron el pago de una contraprestación y, mucho menos, obligaciones de cobertura social. Alguien dirá que se trata de impulso a la industria, nosotros consideramos que son privilegios. En cambio, el Acuerdo de Convergencia sí exige a Telmex, en caso de que la autoridad autorice su cambio en el título de concesión, el pago de una contraprestación al Estado.

No es justo que un servicio destinado a los estratos medios y altos de las zonas urbanas con más renta no se le haya impuesto una contraprestación, o bien, exigencias de cobertura social para ampliar la penetración de servicios. Un gobierno que toma decisiones de forma diferenciada no aplica políticas públicas ni justicia, sino que otorga privilegios. ¿El gobierno ya previó un amparo por parte de Telmex en el sentido de que los cableros no pagaron contraprestación y la principal empresa de telefonía fija sí tendrá que hacerlo en función del Acuerdo de Convergencia? En cambio, nadie menciona que la restricción artificial de Telmex de proveer televisión por cable es un privilegio que ha beneficiado a Televisa durante 20 años.

Es verdad que Telmex disfrutó un plazo de seis años, desde su privatización en diciembre de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1996, para permitir la apertura a la competencia del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; sin embargo, fue un plazo perentorio y el mercado de la telefonía local siempre estuvo abierto a la competencia. No obstante, no dudamos de que ese también haya sido un privilegio.

En todo caso, según el gobierno y los agentes reguladores, ¿cuál tendría que ser plazo que tendría que esperar Telmex para que se nivele la competencia y logre ingresar al mercado de la televisión de paga? El Acuerdo de Convergencia fijó el cumplimiento de tres condiciones (interoperatividad, portabilidad e interconexión) pero no un plazo. Quizá esto último hubiera acelerado el desarrollo del sector. Esto significa que, como hemos sido testigos en los últimos días, la decisión para saber si Telmex ya cumplió con el Acuerdo de Convergencia es discrecional. Como ya ha ocurrido con el tema de las tarifas de interconexión y ahora con la consolidación de las áreas de servicio local, la competencia de Telmex siempre encontrará pretextos y excusas para impedir el ingreso de la empresa telefónica de Carlos Slim a la televisión.

A finales de diciembre de 2010 existían 632 concesionarios de televisión y audio restringidos que acaparan 3 mil 610 concesiones para prestar el servicio. La industria está concentrada en cuatro grupos principales: Televisa (Cablevisión, TVI y Cablemás), Megacable, Grupo Hevi y Cablecom. En total Televisa, Megacable y Grupo Hevi concentran 73.3 por ciento del mercado de televisión por cable. Si sumamos a Sky, resulta que ellos acaparan 67 por ciento de todo el mercado de la televisión de paga (cable y satelital).

Televisa (a través de Cablevisión, TVI, Cablemás y Sky) concentra 5 millones 11 mil 950 millones de suscriptores, es decir, 50 por ciento del total de abonados al servicios (10,048,700 millones). Esta suma de ecuaciones revela que la estrategia para crecer consiste en la adquisición e integración de otros operadores y no en la inversión en infraestructura, que traería consigo mayor penetración y cobertura del servicio.

La concentración de Televisa con Cablemás y TVI fue autorizada por la Comisión Federal de Competencia (CFC) en 2006, sin que hasta el momento se hayan cumplido las condiciones impuestas por el órgano antimonopolios para el caso de Cablemás. El organismo presidido por Eduardo Pérez Motta tampoco ha tomado cartas en el asunto en lo que se refiere a las condiciones no discriminatorias que debiere acatar Televisa para no restringir sus contenidos. Las reglas de must offer y must carrier, así como la compra obligatoria de paquetes de canales de televisión restringida para tener derecho a las señales abiertas, atentan contra el derecho a la información y la comunicación. ¿La autoridad antimonopolios debiera declarar poder sustancial de mercado a los operadores incumbentes de televisión de paga en México?

Todos los operadores de cable han visto crecer el número de suscriptores a los demás servicios que conforman el triple play (telefonía e Internet de banda ancha), pero todos lo han hecho en mercados que ya cuentan con oferta de servicios, es decir, con clientes ya atendidos o que han migrado de Telmex a operadores con paquetes convergentes. Es decir, los clientes de telefonía de los cableros no son nuevos usuarios sino que han abandonado al incumbente por distintas razones, principalmente por el mal servicio de atención y la falta de servicios de valor agregado y convergentes (triple play). A esta práctica de restarle usuarios al principal operador se denomina canibalización del mercado.

En 2010 las redes de televisión de cable sólo pasaban por 13 millones de casas, es decir, 46 por ciento de los hogares del país. Así como la OCDE sólo habla de desagregar el bucle local para el caso del operador incumbente (solución que hemos cuestionado por parcial y porque se opone a las recomendaciones especializadas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en materia de inversión en infraestructura y cobertura de servicios en zonas rurales), el mismo organismo revela que el porcentaje de casas pasadas por los operadores de cable en México es el segundo más bajo de los países de la OCDE (Developments in Cable Broadband Networks). Esta escasa cobertura es más grave si tomamos en cuenta que la industria del cable en México tiene seis décadas.

No sabemos si el presidente Felipe Calderón está informado de esas prácticas anticompetitivas que comete Televisa contra otros operadores de televisión de paga, lo que sí sabemos es que las agencias reguladoras no han actuado al respecto. Quizá el gobierno considera que permitirlo constituye un impulso a la industria, nosotros creemos que es un privilegio más. El documento Trends in Telecommunications Reform 2008 de la UIT menciona las desventajas que para los operadores entrantes de televisión por cable representa no tener acceso a los contenidos de señales abiertas, así como la integración vertical, como es el caso de Televisa. Cuando compareció el Pleno de la Cofetel en el Senado de la República, el 22 de marzo, Mony de Swaan hizo una revelación gravísima: operadores de televisión y audio restringidos están devolviendo sus títulos de concesión ante la imposibilidad de competir en el mercado.

La estrategia de Televisaha sido copar por entero la cadena de valor del negocio televisivo. Por eso en sus propiedades se cuentan los sistemas de cable y satelital. También destaca su producción audiovisual que apuntala y se reparte entre las tres plataformas (abierta, de cable y satelital). Las ventajas de la empresa en la manufactura de contenidos gira en torno a dos datos clave: el número de horas-programa que origina y los niveles de explotación que logra, los cuales se expresan en varios frentes: ingresos por publicidad en tanto el contenido es medio para maximarla en las plataformas abiertas y restringidas, y los registros de ventas que consiguen los segmentos asociados a la comercialización de contenidos: licencias de programación y exportación de programas.

Televisa se beneficia de un estudio que reveló la Comisión Federal de Competencia en 2007, el cual confirman que la audiencia nacional de señales restringidas destina 43 por ciento de su consumo televisivo a la sintonía de los canales nacionales del sistema abierto (Televisa y TV Azteca), para los cuales no requiere erogar cantidad alguna. De ese porcentaje, 70 por ciento prefiere las emisiones de Televisa. Los cinco canales con mayor rating en televisión de paga son de señal abierta y, de éstos, los de Televisa ocupan los lugares uno, tres, cuatro y nueve, según el estudio de la CFC.

Así, creemos que la autoridad todavía tiene mucho trabajo pendiente por hacer. La tarea, en efecto, no es sencilla. Consideramos pertinente el impulso a una industria y, sobre todo, a un sector dinámico y del cual dependen un sinfín de actividades productivas. Sin embargo, no es a través del otorgamiento de privilegios como se fomenta la competencia. Se requieren el liderazgo y las políticas públicas consensuadas e incluyentes que promuevan el desarrollo integral de las telecomunicaciones. Por desgracia, el actual gobierno carece tanto de políticas públicas como de visión de Estado a largo plazo.