7220 México, Mediatelecom Consulting, Ante la historia Calderón gobernó para Televisa

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Ante la historia, Calderón gobernó para Televisa

Como se esperaba de un gobierno sin proyecto, sin políticas de Estado, sin liderazgo y afianzado en la improvisación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) resolvió negar la solicitud de Telmex y Telnor para prestar los servicios de televisión y audio restringidos. En el comunicado de la dependencia comandada por Dionisio Pérez-Jácome no se aportan argumentos robustos, suficientes y contundentes para impedir el acceso de Telmex al mercado de la televisión de paga.

La SCT dice, pero no demuestra, que Telmex no ha cumplido con el Acuerdo de Convergencia: “Debe mencionarse que entre los requisitos establecidos en el Acuerdo de Convergencia que no han sido satisfechos destaca el estar al corriente en las obligaciones establecidas en sus títulos de concesión, entre las que se encuentran la entrega de información suficiente a la autoridad y la provisión de calidad para lograr una eficiente interconexión a terceros.”

A menos que la SCT tenga una interpretación distorsionada de la ley, en este país todos los operadores (y no sólo algunos) deben cumplir con las obligaciones establecidas en sus títulos de concesión. La autoridad tiene el mandato legal de realizar una vigilancia constante y permanente del cumplimiento de los mismos, pero sólo lo hace de manera selectiva y discrecional.

Cuando se analizó el anteproyecto del Acuerdo de Convergencia en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006, Telefónica de España comentó sobre la necesidad de que Telmex esté en pleno cumplimiento de su título de concesión antes de eliminar la restricción que tiene para prestar televisión restringida. La SCT respondió a Movistar que para modificar el título de concesión de Telmex “deberá obtenerse de la Cofetel la opinión favorable de diversos requisitos, entre los que se encuentra el haber satisfecho las obligaciones establecidas en las condiciones de su título de concesión” (p. 18). A través de la afirmativa ficta, por error u omisión de la Cofetel, Telmex ya obtuvo el aval en el cumplimiento de sus obligaciones. La irresponsable u omisa fue la autoridad, no el operador.

En cuanto a la interconexión, a pregunta expresa de Axtel durante el proceso de análisis en la Cofemer, sobre la “creación de obligaciones de interconexión en forma inequitativa”, la autoridad respondió claramente que “en el Acuerdo Quinto del Anteproyecto se ha previsto la emisión de un Convenio Marco de Interconexión por parte de la Cofetel, el cual se realizará con la colaboración del Comité Consultivo en el que participarán los diferentes miembros de la industria de las telecomunicaciones” (p. 18).

Es decir, la SCT no cumple con sus propias opiniones y comentarios públicos previos a la aprobación final del proyecto del Acuerdo de Convergencia.

Aún más, el estudio oficial “Costo-beneficio”, elaborado durante el análisis en la Cofemer y que sirvió para emitir el Acuerdo de Convergencia, sostiene sin ambages los beneficios de permitir el acceso de Telmex a la televisión de paga: “los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio fijo de telefonía local, podrán optimizar el uso de sus redes al participar en el mercado del servicio de televisión y/o audio restringidos, propiciando que el crecimiento medio anual pase de 10.3% a 14.3%, en el periodo 2007-2012, por lo que el número de suscriptores aumentaría de 4.6 millones al cierre de 2006 a 8.6 millones a fines de 2012, con lo que los ingresos pasarían de 9,997 mdp a 18,652 mdp, es decir, los ingresos se incrementarían en 8,655 mdp, de los cuales 2,481 mdp serían captados por los operadores de telefonía local fija”.

Cabe preguntarse, como fundamento de toda decisión regulatoria, ¿es la negativa a Telmex producto de un análisis costo-beneficio económico? ¿Cuáles son los beneficios que pueden ser mayores que los costos sociales de impedir la concurrencia de Telmex en televisión? Es de asombrar el poco o nulo rigor económico en una decisión que debió ser objetiva y estricta en identificar y mostrar los costos y beneficios de optar por una respuesta negativa.

Actualmente sólo existen 5.4 millones de suscriptores de televisión por cable, lo que demuestra que las metas de cobertura del gobierno no se han cumplido. El estudio también menciona los beneficios de que incursionen los cableros al servicio de telefonía fija. Hasta el momento, sólo la industria del cable se ha beneficiado de la regulación.

En cuanto a los consumidores, el documento “Costo-beneficio” precisa que “el público usuario tendrá una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones, así como más alternativas de elegir al prestador de los mismos, que le permitirá contar con la posibilidad de obtener dichos servicios con reducciones de precios en términos reales en 2012 de hasta 15% respecto de las tarifas actuales”.

Sin duda, ha sido la autoridad la que no ha cumplido con el Acuerdo de Convergencia. A casi cinco años de su publicación, las tarifas del servicio de televisión por cable no se han reducido, entre otras cosas porque no se ha permitido el ingreso de Telmex a ese mercado.

¿Qué significado tiene entonces la negativa del gobierno a Telmex para ofrecer televisión?

• Significa que esta decisión afecta en aspectos económicos, jurídicos y sociales de manera contundente, retrasando el avance del sector y el desarrollo del país.
• Significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80 por ciento del total de líneas, continuarán siendo subutilizadas en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura.
• Significa la discriminación ipso iure entre dos tipos de mexicanos, quienes tienen derechos de comunicación convergente y los que no.
• Significa que la estrategia del gobierno consiste en que la regulación sea vehículo de transferencia de ingresos y oportunidades entre operadores, de acuerdo con objetivos y criterios políticos.
• Significa que los derechos empresariales son superiores a los derechos fundamentales (derecho a la información como derecho humano).
• Significa que la presente administración se encuentra capturada por grupos de interés, de  tal manera que sus decisiones regulatorias favorecen las exclusividades concedidas a ciertos operadores, utilizando “argumentos” de competencia para ello.
• Significa que todos los derechos de los grupos marginados y vulnerables en las zonas rurales deben esperar para ser garantizados.
• Significa que el concepto de interconexión sólo ha sido utilizado con éxito para impedir la libre concurrencia de todas las redes a los servicios de convergencia, en específico la de Telmex, aunque el crecimiento de las redes de cable demuestre que la interconexión sí existe y que su dicho es vano.
• Significa que se ha optado por mantener lealtades de grupos e intercambio de favores cuando la libre la concurrencia a servicios de convergencia es la única forma de lograr competencia y cobertura de todas las redes de telecomunicaciones.
• Significa que, como Hayek estableció, el argumento para la libertad es un postulado contra toda exclusividad, privilegio, organización monopólica y el uso de la coerción que evita que otros puedan hacerlo mejor.
• Significa que el derecho a la información es un derecho universal y fundamental; como tal, existe cuando su garantía por el Estado y la administración pública es absoluto y pleno. Sólo los Estados intolerantes y poco democráticos los restringen.
• Significa cómo la negativa de la autoridad ha demostrado que el mayor peligro a la libertad económica proviene de los actuales titulares del gobierno que, bajo la cubierta del bien público, sólo ejercen la discrecionalidad y dañan lo que se presupone salvaguardan.

Durante años, la autoridad ha hecho suyo el discurso de los industriales de la televisión de cable aglutinados en la Canitec, de las compañías telefónicas y de Televisa para obstruir el ingreso de Telmex al triple play y los servicios convergentes de voz, datos y video.

El gobierno ha olvidado que la Rectoría Económica del Estado en materia de comunicación, así como sus facultades en el régimen de concesiones, garantizan el derecho a exigir: calidad en el servicio, atención a zonas rurales y servicio universal de manera simultánea a la implementación de políticas de inversión y de prácticas anticompetitivas. Ninguna política es superior o privilegiada sobre otra y coexisten bajo criterios de equidad social.

El presidente Felipe Calderón, al asistir a la convención de la Canitec, donde estuvo presente por primera vez Emilio Azcárraga Jean, confirmó el mensaje en el sentido de que su necedad y obsesión en materia de telecomunicaciones se sustentan en principios populistas y de pertinencia política, donde él decide quién es bueno y quién es malo, olvidándose del desarrollo integral y estructurado del sector, donde todos, ciudadanos y operadores, fortalezcan las instituciones democráticas y se logre integrar a los grupos marginados al desarrollo del país.

Calderón pasará a la historia de las telecomunicaciones en México como el mandatario que más transferencia de favores, prebendas, privilegios y recursos públicos destinó al grupo de comunicación presidido por Azcárraga Jean. Existe evidencia suficientemente documentada para demostrar el favoritismo del gobierno federal, diversas instituciones del Estado y no pocas entidades federativas hacia ese grupo empresarial que ha hecho de las concesiones patrimonio privado.

Desde su candidatura, Calderón se dejó influenciar y mal aconsejar por personajes como Eduardo Pérez Motta y Rafael del Villar Aldrich, economistas paradójicamente sin apego a los fundamentos de las libertades económicas y que han optado por criterios propios de las economías dirigidas por funcionarios “iluminados” por sus propias visiones y prejuicios, que en más de una ocasión han demostrado su desprecio por las empresas de Carlos Slim, pero nada han hecho por sancionar con acciones concretas las prácticas monopólicas de Televisa. Desde el primer día de su mandato Calderón se ha dedicado a gobernar para Televisa, y lo hará hasta el último momento porque ingenuamente cree que consentirle abusos y obsequiarle favores a esa empresa, su partido conservará la presidencia. Gane o pierda la elección presidencial el candidato panista, el mal estará hecho y Calderón habrá afectado como pocas veces y de manera irreversible el derecho a la información de los usuarios, preservando el uso ineficiente de las redes de telecomunicaciones y rezagando la inversión y productividad de éstas frente al resto del mundo.

Calderón será señalado como el gobernante que no supo y no quiso comprender los cambios y las innovaciones tecnológicas en momentos definitorios, las transformaciones mundiales de la industria de las telecomunicaciones y, sobre todo, el derecho de la población mexicana a recibir más y mejores servicios. Su gobierno no sólo no supo regular el sector en función del interés público, sino que además obstruyó permanentemente la reforma integral a la radiodifusión y las telecomunicaciones. La falta de una legislación en la materia sólo ha beneficiado al duopolio televisivo, que concentra 96 por ciento de las concesiones en el país.

El presidente michoacano no podrá borrar de la historia que durante su administración nombró a tres secretarios de Comunicaciones y Transportes, a tres subsecretarios de Comunicaciones y que han transitado infinidad de comisionados por la Cofetel, la mayoría de ellos cuestionados por su desempeño. También se recordará que mantiene vacante la Subsecretaría de Comunicaciones, cuyo responsable es el encargado de dictar la política pública de telecomunicaciones; que en el ambiente de mayor crispación demoró el nombramiento del comisionado económico de la Cofetel, como un claro desprecio al sector, y que durante su administración generó el mayor proceso de concentración en el mercado de cable, concesiones (fibra oscura) y espectro del que se tenga memoria, en beneficio de un grupo de comunicación.

Por cierto, las declaraciones en Expo Canitec 2001 del comisionado jurídico de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, constituyen un ejercicio de cinismo regulatorio, en el sentido de que «en el caso de nosotros [Cofetel] efectivamente, el trámite se da por cumplido en sentido positivo por una omisión, pero su naturaleza jurídica y su alcance no representa ninguna obligatoriedad para nuestro superior jerárquico que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes».

Infinidad de veces los comisionados del Pleno de la Cofetel y los interesados en el sector se han pronunciado por eliminar la doble ventanilla, darle más atribuciones a la Cofetel y terminar con la discrecionalidad que implica el otorgamiento, refrendo o cambio en los títulos de concesión por parte de la SCT, que en muchas ocasiones no toma en cuenta o revierte las opiniones técnicas del órgano especializado de las telecomunicaciones.

Con escasa memoria histórica, ahora el comisionado Martínez Pous se solaza con que su superior jerárquico (SCT), con criterios políticos, le enmiende la plana a la Cofetel. El 16 de abril de 2009, entre otras muchas referencias periodísticas, Gonzalo Martínez Pous coincidió con “la necesidad urgente de terminar con la doble ventanilla frente a la SCT, y que el organismo regulador se fortalezca y se le otorgue autonomía”. Ahora que la Cofetel cometió una omisión con presumibles consecuencias jurídicas, Martínez Pous encuentra muy conveniente la doble ventanilla y la subordinación a la SCT. Sin duda, el statu quo de la simbiosis Cofetel y CST es funcional a modo de los objetivos políticos y verticalmente impuestos.

Como Calderón mismo, nos encontramos ante funcionarios irresponsables y, sobre todo, impunes ante acciones que han paralizado y hecho retroceder el sector de las telecomunicaciones en México. La prensa y los analistas internacionales observan con asombro el derrotero que ha tomado el gobierno para favorecer a Televisa, obstruir lo que resta del sexenio a Telmex y la pérdida de liderazgo en un sector de suyo dinámico y competitivo.

Ante la parcialidad, nula política pública y mala regulación del Ejecutivo Federal, exhortamos para que el Congreso de la Unión, es decir, la mayoría de legisladores que no integran la vergonzante telebancada en México, presente un punto de acuerdo para que la SCT valore con argumentos técnicos y no políticos la solicitud de Telmex en función de la convergencia y otorgue el cambio en el título de concesión del operador para que ofrezca televisión y audio restringidos.

El Congreso debe de dejar de ser omiso en esta materia y deslindarse de los parlamentarios que clara y documentadamente tienen vínculos con las televisoras y que controlan comisiones sustantivas para el sector en el Poder Legislativo. Es imperativo que el Congreso tome cartas en el asunto y se desprenda de visiones e intereses partidistas a corto plazo.

Otorgarle a Telmex el triple play no implica abandonar las facultades en materia de rectoría económica del Estado, suspender el control administrativo del régimen de concesiones, dejar de regularlo o darle rienda suelta para que controle el mercado. Con la convergencia hay que exigirle más a Telmex y Telcel, pero también a los demás operadores. Sobre todo, dejar de otorgar privilegios a quienes históricamente han capturado a la autoridad, y hoy son los únicos usufructuarios de la convergencia.