5750 México, Jorge Fernández Negrete, En telecomunicaciones, México rebasado por la realidad

En telecomunicaciones, México rebasado por la realidad

Jorge Fernando Negrete P.

Director de Mediatelecom Consulting

jfnegrete@mediatelecom.com.mx

 

Jorge Bravo

Editor de Mediatelecom

jorgebravo@mediatelecom.com.mx

La ciudad de Guadalajara será cede de la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-10) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la cual se celebra cada cuatro años. Durante cinco días –del lunes 4 al viernes 8 de octubre–, los Estados miembro de la UIT discutirán y decidirán el papel que desempeñará la organización de las telecomunicaciones en el futuro y, por lo tanto, determinará la capacidad de la Unión para influir y repercutir en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el mundo.

Durante la Conferencia, que es el órgano supremo de la UIT, la cual encabeza Hamadoun Touré, se establece la política general de la misma, se adoptan planes estratégicos y financieros cuatrienales, y se eligen a los altos cargos de la Organización, los miembros del Consejo y los integrantes de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Pareciera que el hecho de que la Conferencia de Plenipotenciarios se celebre en México sería una oportunidad para que el país y sus autoridades mostraran los avances que se han conseguido en materia de telecomunicaciones, creación de infraestructura, penetración y cobertura de servicios, competencia, promoción y desarrollo de tecnologías de la información y alcances concretos de políticas, planes y proyectos para llevar a México hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Pero en realidad ocurre todo lo contrario. México se presenta ante el mundo como un país sin liderazgo político y regulatorio en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, investigación e innovación en TICs.

Aunque el sector telecomunicaciones creció 12.3 por ciento durante el primer semestre de 2010, otros datos dan cuenta de que ese impulso no es resultado de políticas públicas congruentes sino de un dinamismo del mercado y de la exigencia y necesidad cada vez mayores de utilizar las nuevas tecnologías para realizar diversas actividades productivas y sociales. Por ejemplo, sólo 22.1 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con computadora y sólo 12 por ciento tiene acceso a Internet (UIT, 2007). En nuestro país existen 7.6 millones de abonados a Internet de banda ancha fija y 23.2 millones de usuarios de Internet (UIT, 2008), en un país de 108 millones de habitantes.

 

México en la sociedad de la información (2008)

 

Elaboración propia. Fuente UIT y Cofetel. *2010.

 

Estos son sólo algunos datos que permiten hablar de un

Contexto Nacional de las Telecomunicaciones

El escenario actual está colmado de divisiones e intereses económicos y políticos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), agencia encargada de regular la radiodifusión y las telecomunicaciones en México. Sus comisionados se encuentran confrontados entre sí y la institución carece de un reglamento interno que deje en claro atribuciones precisas para su órgano colegiado y sus demás áreas.

También existen divisiones en el seno de la Administración Pública Federal, entre los actores del mercado (empresas), la opinión pública y la academia. Esto ocurre por la ausencia de políticas públicas claras y una agenda en la materia.

El proceso y la entrega de los títulos de concesión de la licitación 21 (la cual asigna bloques del espectro radioeléctrico para el uso y explotación de servicios de telefonía móvil de última generación a través de la banda 1.7 GHz), lejos de ser un instrumento que garantice certidumbre jurídica, estabilidad de las políticas del Estado en materia de comunicación, garantía de los derechos a la información y la cultura, estímulo y promoción de la industria para generar empleos,  así como de la legítima intervención del Estado en la regulación del mercado, ha pasado a ser un ejemplo claro de invitación al conflicto, falta de liderazgo, de visión, de claridad y de la construcción profunda –casi deliberada– de un sistema de políticas sustentado en la ocurrencia, la improvisación, el otorgamiento de privilegios y la negación oficial a promover la competencia.

Esta administración ha logrado sustituir el concepto de competencia entre operadores por el de enemigos, dividiendo a la industria de las telecomunicaciones y creando a buenos y malos jugadores, según el contexto. En este momento, uno de los más álgidos y litigiosos en la corta historia de las telecomunicaciones modernas en México, los “malos” son Telmex, Telcel y Iusacell; en cambio, los “buenos” son Televisa, Nextel, Telefónica, Megacable y Marcatel. Este maniqueísmo puede resultar tan cambiante y confuso como estén representados los intereses de los operadores, las autoridades y los analistas en la industria. En todo este proceso y contexto, ¿dónde se encuentran los usuarios, los consumidores, los ciudadanos y sus derechos?

Esta situación de falta de liderazgo e incertidumbre acarrea repercusiones amplias, por lo que conviene mencionar
¿Cómo queda la Cofetel?
Como un organismo desarticulado, desintegrado, sin dialogo interno, con ruptura colegiada, sin rumbo y sin brújula, sin atribuciones plenas o incumplidas porque no se ha sentado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para diseñar la política pública que México necesita en materia de radiodifusión y telecomunicaciones; incapaz para exigir a sus regulados inversión y planes de cobertura social para que las telecomunicaciones lleguen a todos los mexicanos; omiso en temas de transparencia, investigación e inspección, de tal manera que no tenemos certeza de que los operadores cumplan con las condiciones de su título de concesión. Esta situación contrasta con otras agencias como Anatel de Brasil.[1]

 

¿Cómo queda el Estado mexicano?
Si consideramos que el Estado somos todos y las instituciones que nos hemos dado, habrá que confesar una profunda debilidad estructural del modelo de comunicaciones del Estado mexicano. El Estado queda vulnerado en sus finanzas públicas en medio de una crisis presupuestal, porque se asignan a precio de “ganga” las frecuencias más ambicionadas y que más ganancias le dejarán a los operadores en los próximos años; vulnera al gobierno en turno, porque fue incapaz de liderar una política pública que permitiera el desarrollo competitivo de las telecomunicaciones y porque una vez más mostró favoritismos hacia la empresa que concentra más recursos comunicacionales, traicionando los principios democráticos que lo hicieron acceder al poder; vulnera a los usuarios y consumidores, porque no se garantizan mejores servicios de telecomunicaciones, de más calidad y a menor precio.
¿Cómo queda el gobierno?
Con una SCT sin liderazgo y sin política pública integral e incluyente; una Secretaría de Hacienda y Crédito Público opaca porque no justifica el precio mínimo de referencia para la licitación 21; una Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que estableció un límite de 80 MHz que única y exclusivamente perpetuó la concentración y favoreció a un grupo sobre los demás; una Cofetel politizada y obstinada que no quiso corregir un proceso de licitación viciado de origen, que emitió un fallo cuestionable (con sólo dos votos a favor de cinco posibles) y que, al final del camino, convalidó privilegios y prebendas a un grupo, propios del autoritarismo y no de la democracia.
¿Cómo queda el Poder Legislativo?
Entrampado porque no ha querido legislar una reforma integral para la radiodifusión y las telecomunicaciones; desacreditado porque entre sus miembros figuran personeros de las televisoras, en lugar de legisladores que salvaguarden el interés público; corresponsable del desorden en el sector de las telecomunicaciones porque ante su omisión legislativa dejó en manos del Ejecutivo decisiones discrecionales que sólo están favoreciendo a los mismos jugadores de siempre.

A dos semanas de haberse dado a conocer las recomendaciones de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital de la UIT y la Unesco (organizaciones de las cuales México es país miembro), presentadas a manera de prolegómeno durante la reunión para evaluar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no ha habido ningún pronunciamiento de autoridad alguna al respecto, incluido el Congreso (comisiones de Ciencia y Tecnología, Comunicaciones y Transportes, Acceso Digital y Radio, Televisión y Telecomunicaciones), la Cofetel o la SCT. Ese silencio habla del desinterés gubernamental por diseñar y poner en marcha una política pública amplia e incluyente.
¿Cómo queda el ambiente de negocios en el país y el sector de las telecomunicaciones?
El ambiente de negocios, competencia y servicios se percibe con incertidumbre para los nuevos actores internacionales, desestimulante para los actores nacionales, tan concentrado como siempre, confrontado en litigios, sin liderazgo y sin guías de acción, sin certidumbre jurídica y sin árbitro confiable.

En otros países ya existen políticas que promueven su propio sector telecomunicaciones: Estados Unidos (Plan de Banda Ancha «Conectando América»), Chile, Corea, Europa y ahora las naciones Unidas a través de la UIT y la Unesco (Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital), emitieron sus respectivos planes de Banda Ancha, en los cuales se establece una agenda digital para el desarrollo y se insertan en la sociedad de la información. En esos documentos de describe qué nivel de infraestructura, competencia, inversión, desarrollo, educación, salud y cultura desean, a través del uso de las nuevas tecnologías y las políticas de comunicación. En México no existe un escenario claro.
México: rebasado por la realidad

El escenario descrito y las instancias involucradas exhiben que sin una política que promueva y garantice la convergencia plena, no hay uso eficiente de las redes de telecomunicación, ni servicios eficientes ni beneficios sociales.

Imaginemos por un momento el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en la comunidad de Tlahuitoltepec, Oaxaca (recientemente afectada por el clima), donde sus pobladores puedan tener acceso a  televisión en directo vía cable telefónico fijo, comunicación audiovisual móvil o vía satélite, en tiempo real. La ausencia de esa penetración y cobertura social ocasionó que las autoridades y los rescatistas tardaran más de doce horas en tener información confiable y verificable, sin mencionar las vidas humanas que pudieron salvarse. Esta tragedia evidencia la realidad en México por el uso subdesarrollado de tecnologías plenamente desarrolladas. A pesar de los avances tecnológicos, no se contó con información y noticias en tiempo real. Ese es el México real en el contexto de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT que se reunirá en Guadalajara, Jalisco.