Ejecutivo manda: sector público sometido
Manuel Espino
miércoles, 14 de julio de 2010
La polémica generada por la designación de Mony de Swaan como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es un capítulo más en una larga historia de imposiciones políticas en puestos clave del Estado mexicano.
Nuestro poder Ejecutivo no acaba de comprender que hay espacios del sector público vedados al cálculo político, a las ambiciones personales y la formación de grupos. Por ello, hemos visto que nuestros gobernantes primero han buscado atenazar al partido del que surgieron y luego acaparar todos los espacios gubernamentales sin dar espacio a la pluralidad. Ahora, se ha pasado a una nueva y más riesgosa etapa: partidizar los organismos del Estado mexicano.
Los límites del control
Durante el salinismo, los mexicanos padecimos una tecnocracia omnívora que acaparó espacios gubernamentales que deberían haber estado en manos de políticos. Se desoyó por completo el viejo adagio de que “la técnica debe ser el reino de los medios y la política el reino de los fines”.
Hoy tampoco se escucha ese adagio, pero con efectos exactamente contrarios: la voracidad política ha desbancado a los técnicos de puestos clave del Estado mexicano, privilegiando lealtades personales e intereses de grupo. No se valora un currículo, se revisan los contactos personales. Tampoco se analiza la capacidad crítica, sino la capacidad de sumisión. Mucho menos se elige a los que saben discutir inteligentemente: se designa a quienes sólo saben decir “sí”.
Por ello hoy contamos con menos conocimiento, menos debate interno y menos capacidad de análisis en el gobierno mexicano. Los resultados están a la vista.
Para quienes no creemos que en política haya coincidencias, resulta sumamente significativo que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) haya sido epicentro de varios debates relacionados con nombramientos.
En primer lugar, el de su titular Guillermo Valdés Castellanos, quien fue duramente criticado por su limitada experiencia en la materia. Luego sería cuestionada la propuesta presidencial de nombrar comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a Wanda Sigrid Arzt Colunga, precisamente por venir del Cisen. Lo mismo sucedió cuando se nombró a un funcionario de inteligencia, Alejandro Ordoño Pérez, como director del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.
Menciono estos tres casos, aunque en los medios hay decenas, porque ejemplifican claramente un objetivo global: el de politizar excesivamente, controlar la información y, por lo tanto, crear redes de poder en espacios públicos que son propiedad del pueblo de México y deberían regirse de manera autónoma.
La licenciada Arely Gómez percibió esta tendencia cuando renunció a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR y aconsejó que su remplazo tenga un criterio coincidente con el del Ejecutivo Federal, dejando ver que no es el conocimiento jurídico, sino la capacidad de “alinearse”, lo que actualmente cuenta para obtener o conservar un cargo.
Respetar al Estado desde el gobierno
Un gobernante, en tanto autoridad legítima del Estado, lo es para todos. No ejerce sus responsabilidades en función de quienes lo designaron, sino de toda la comunidad, incluidos aquéllos que constituyen su oposición política.
Justo ahora que el presidente Calderón ha hecho un llamado nacional al diálogo, es necesario recordar que el nombramiento de determinados funcionarios debe hacerse con criterio técnico y no político, buscando el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores públicos, no la instrumentación a favor de monopolios o el control de la información y el poder desde el gobierno.
De no seguirse esta ruta, desde el mismo Ejecutivo Federal se cerrará la puerta al diálogo, se mermará la unidad nacional y se alejará a muchas personas que podrían sentirse agraviadas por esta excesiva politización del Estado, en un momento en el que todas las manos son necesarias para reconstruir a México.
Blog de Octavio Islas 