México desamparado: fallida lucha por la justicia
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Manuel Espino
miércoles, 23 de junio de 2010
Entre todos los desaparecidos que hay en nuestra República, el principal es la justicia. Víctimas de secuestros, de asesinatos, de incendios, elevan un clamor desesperado ya no por seguridad, la cual lamentablemente hemos dado por perdida, sino tan solo por la acción reparadora de la justicia. La única respuesta que obtienen es la indiferencia y el silencio del Estado.
Estos últimos años hemos aprendido que a las peores tragedias que le puedan suceder a un mexicano usualmente se suma otra: la tragedia de ser desamparado por quienes tienen la obligación de protegerlo y hacerle justicia.
Quizá de manera más emblemática que en ningún otro caso, tras un año de evasivas gubernamentales, el atroz incendio de la Guardería ABC muestra esta debilidad estructural del Estado mexicano.
Ninguna autoridad, pero absolutamente ninguna, ha mostrado el impulso cívico y la fibra moral de hacer justicia a estas dolientes familias hermosillenses. Todo se ha quedado en palabras de indignación que, al no ser respaldadas por hechos, resuenan huecas y se adivinan insensibles.
Es allí cuando cualquier ciudadano se pregunta, si 49 niños fallecidos y 75 lesionados no son suficiente para que una autoridad se decida a hacer justicia, ¿qué hace falta? ¿Qué necesita pasar en México para que una mujer o un hombre de Estado se asuma como tal y dé la cara por los ciudadanos? ¿Cuándo tendremos gobernantes capaces de enfrentarse a lo que sea necesario con tal de hacer justicia y proteger a sus gobernados?
Geografía de tragedias
Los más de 22 mil asesinatos acaecidos durante la guerra del presidente Calderón, el asesinato de un joven a manos de la patrulla fronteriza en Ciudad Juárez, el ya mencionado incendio de la Guardería ABC, el fallecimiento de la niña Paulette Farah e incluso la desaparición de mi compañero de partido, Diego Fernández de Cevallos, tienen en común graves fallas en la procuración de justicia. El silencio, la evasión y la inactividad del Estado han sido el común denominador en estas tragedias.
Es allí cuando toman fuerza y sentido humano estadísticas como la dada a conocer por Felipe Borrego, quien afirmó que en nuestra República padecemos un nivel de impunidad del 97 por ciento, pues tan solo llegan a sentencia un 3 por ciento de los juicios promovidos.
Esta incapacidad de nuestras autoridades ya se ha convertido en una preocupación internacional, como demuestra el señalamiento hecho recientemente por la Organización de las Naciones Unidas en el sentido de que la impunidad es una de las principales causas de la delincuencia en México, principalmente del secuestro.
El Estado en riesgo
Todo servidor público necesita hacer propias las preocupaciones que la sociedad mexicana ha estado externando, con sobrada contundencia y rabia justificada.
Quienes asumen que se puede servir a México desde el gobierno —que ciertamente los hay— tienen la responsabilidad de encabezar una revolución ética y hacer que nuestra democracia sea, en el sentido literal del término, representativa: ellas y ellos enfrentan el deber de representar los anhelos, la indignación y la lacerante necesidad de justicia de la ciudadanía.
De seguir imperando la conveniencia personal y el cálculo político en la procuración de justicia y la fallida lucha por la seguridad pública, los mexicanos podrían desconocer a funcionarios y autoridades que les son, en los hechos, caros e inservibles, inclinándose por opciones autoritarias, desilusionándose completamente de la democracia e incurriendo en el falso canje de libertades por seguridad.
Las señales están allí, nítidas y alarmantes. La ciudadanía ya ha hecho sus advertencias. Es hora de que el Estado escuche.
Blog de Octavio Islas 