Evidencias de la pseudo justicia mexicana
Manuel Espino
miércoles, 02 de junio de 2010
La “justicia política” primero es política y después justicia. Así lo prueban varios casos que actualmente generan zozobra y desconcierto en la sociedad mexicana. Causan también una terrible sensación de desamparo ante el apabullante –y a veces arbitrario– poder del Estado.
Diego, Paulette, Greg
Los dos crímenes de más alto impacto en México durante el presente año tienen en común un desaseado y preocupante manejo de la procuración de justicia. Quizá lo más grave es que se ha demostrado fehacientemente que las autoridades pueden renunciar voluntariamente a su deber de hacer justicia.
Aunque parezca increíble, hoy las autoridades se encuentran cruzadas de brazos ante el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. De manera oficial y pública, la procuraduría del estado de Querétaro se ha rendido y básicamente ha renunciado a la actividad que constituye su deber esencial y su razón de ser: hacer justicia. Esta decisión se justificó por un llamado de la familia de mi compañero panista, lo que justificaría, a lo mucho, prudencia, pero nunca abandono del caso.
En el caso del fallecimiento de la niña Paulette Gebara, un familiar también hizo un llamado a la autoridad, pero solicitando revisar las investigaciones. A pesar de que las peticiones de cualquier familia deberían ser tratadas con la misma atención y cuidado, en este caso fueron desatendidas, quizá por venir de la señora Lisette Farah a quien, paradójicamente, la propia procuraduría mexiquense desacreditó al indiciarla en falso y publicitar valoraciones psicológicas de manera indebida.
El caso de Gregorio Sánchez también es altamente significativo. Aunque fue detenido sin la solidez jurídica indispensable en un caso tan delicado, este candidato a gobernador postulado por el PRD en Quintana Roo enfrenta hoy un fuerte descrédito que podría descarrilar su campaña. Seguramente su caso se resolverá, ya se verá si a su favor o en su contra, en un momento de mucho menor trascendencia para el propio Sánchez y para la sociedad quintanarroense.
Meses atrás vimos a autoridades federales detener con un operativo en todos sentidos espectacular a un grupo de funcionarios estatales y alcaldes de Michoacán. Una vez que los resultados de las investigaciones les favorecieron, la autoridad ni siquiera les ofreció una disculpa por haberlos privado de la libertad y exhibido como delincuentes, pues nuestro secretario de Gobernación, el “abogado” Gómez Mont, razonó que se les dejaba en libertad no porque fueran inocentes, sino porque no se había podido demostrar su culpabilidad.
Estos casos presentan coincidencias lamentables para el aparato procurador de justicia mexicano y para la sociedad en su totalidad. El precepto jurídico básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario se ha convertido en letra muerta.
También vemos una total falta de aprecio a la dignidad humana, pues no se tiene la menor consideración al destruir carreras y reputaciones, llegando a extremos monstruosos como utilizar el poder gubernamental para construirle a una mujer una imagen de filicida.
Señal de alerta
Uno de mis desencuentros más aguzados con el ex presidente Vicente Fox se dio cuando me negué, en mi calidad de presidente del PAN, a apoyar la iniciativa de su gobierno para desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Nunca podría estar de acuerdo en ganar ante los tribunales lo que se debe ganar en las urnas.
También mostré oposición ante esa maniobra porque tengo la conciencia de que no es viable un país en el que la sola sospecha o la animadversión política puede ser suficiente para que alguien termine en la cárcel, lo que nos acerca a la implementación de un Estado policiaco; a la concepción de la justicia como política, como espectáculo, como arma electoral.
Tampoco es viable un sistema político en el que los intereses políticos, electorales o económicos pueden torcer la ley para fabricar culpables o, viceversa, para evitar la aplicación recta y equilibrada de la justicia y la acción penal.
Atendiendo el aforismo de ciencia política que indica que brindar seguridad es el deber primordial de la autoridad, podemos concluir que el Estado mexicano está mostrando una debilidad que cuestiona hasta su esencia: si no se es capaz de brindar seguridad ante el delito, ni justicia después del mismo, su pertinencia y su viabilidad están en la picota.
En los indicadores para seguir avanzando como país la ineficiente procuración de justicia es un foco amarillo que debemos atender urgentemente, pues podemos caer en una crisis que mine incluso el mismo sentido del Estado.
Nadie puede sentirse seguro ante procuradurías tan ineficientes, tan informales ante el marco jurídico e incapaces de conducir investigaciones confiables.
Hoy estamos ante una lamentable zozobra social: cuando vemos que personas con poder político y económico son víctimas de los actos y las omisiones de las procuradurías de justicia, podemos concluir que cualquier mexicano, cualquiera, puede ser una víctima de quien tiene el supremo deber de protegerlo.
Blog de Octavio Islas 